La PAH de Oviedo denuncia la inoperancia de las medidas para frenar los desahucios

Ni el Ayuntamiento de Oviedo ni la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ofrecen una alternativa habitacional a una familia con dos menores, que el próximo 8 de agosto será desalojada de su piso en Ventanielles por no poder hacer frente al pago del alquiler.

Siguen incrementándose en Asturias los desahucios de familias por impago de alquiler, empujados por la elevada tasa de riesgo de pobreza, el desempleo, la precariedad laboral y el aumento de las rentas, sin que las administraciones públicas competentes, ayuntamientos y gobierno autonómico, sean capaces de combatir este drama personal y social.

Frente a la autocomplacencia del discurso oficial, la realidad demuestra la insuficiencia de las políticas desarrolladas por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para hacer frente a la situación de emergencia habitacional en que se encuentra Asturias, y que amenaza con agravarse en el corto plazo. El parque de viviendas públicas es muy reducido y se encuentra desbordado por la demanda de vivienda asequible; además el Gobierno Regional se niega a incrementar los recursos presupuestarios y a utilizar las herramientas a su alcance para poner a disposición de las familias en situación de exclusión el enorme stock de pisos vacíos, especialmente aquellas propiedad de grandes tenedores de vivienda. El presupuesto de las ayudas al alquiler se agota rápidamente y sus condiciones las convierten en inaccesibles para las familias más necesitadas. El protocolo para la prevención de desahucios, firmado el pasado 15 de marzo entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado y la Federación Asturiana de Concejos, aún no se está aplicando y permanece aún desconocido para el personal de la Administración de Justicia y de los Servicios Sociales municipales.

La exclusión residencial en Asturias no es un problema conceptual ni especulativo; al contrario, tiene rostro, nombre y apellidos. Noemí Jiménez Montoya vive con dos de sus hijos, de dos y tres años, en un piso alquilado en el barrio de Ventanielles de Oviedo. Cuando sus ingresos quedaron reducidos al salario social básico tuvo que elegir, como tantas otras familias asturianas, entre alimentar y atender a sus hijos o pagar la renta. Su desahucio está fijado el 8 de agosto. Los Servicios Sociales municipales le sugieren que busque otro piso –solución inviable teniendo en cuenta sus ingresos y los precios actuales de los alquileres- y han informado desfavorablemente su solicitud de vivienda pública por causa de emergencia social, por lo que previsiblemente la Consejería de Servicios y Derechos Sociales se la denegará.

La PAH de Oviedo exige al Ayuntamiento y al Gobierno del Principado que, con la mayor urgencia, adopten las medidas necesarias para impedir que Noemí y sus hijos tengan que vivir hacinados en una habitación de un piso compartido o en un albergue, y garantizar su derecho humano a una vivienda digna y asequible, asignándoles alguna de las más de doscientas viviendas públicas vacías pendientes de reparación, o facilitándole el acceso a una vivienda libre mediante un alquiler social, y que similares medidas se extiendan a todas las familias que, como la de Noemí, se encuentran en riesgo cierto de exclusión social en Asturias.

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