Principado de Asturias y Ayuntamiento de Oviedo se inhiben ante el inminente desahucio de la familia de Ventanielles

Ni Consejería ni Concejalía ofrecen soluciones de emergencia que eviten siquiera temporalmente la situación de extremo desamparo a que se encuentran abocados Noemí Jiménez y sus dos hijos de 2 y 3 años.

De nada han servido las gestiones realizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo para conseguir que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias y la Concejalía de Atención a las Personas e Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo asuman su responsabilidad y faciliten una solución alternativa de emergencia para impedir que Noemí Jiménez y su familia se vean condenados a vivir en la calle, una vez ejecutado el desahucio de su vivienda en el barrio de Ventanielles, fijado para el próximo sábado 11 de agosto. Noemí dispone únicamente del Salario Social Básico (menos de 600 € al mes) para sacar adelante a sus dos hijos de 2 y 3 años.

Amparándose en informes municipales desfavorables, el Director General de Vivienda Fermín Bravo denegó a Noemí el acceso a una vivienda pública por causa de emergencia social, una decisión que apenas encubre el fondo del problema: la completa incapacidad del Gobierno de Asturias para hacer frente a los casos de exclusión residencial severa, cada vez más frecuentes y que no se resuelven mediante subvenciones públicas al alquiler convencionales. Mientras muchas familias asturianas se quedan en la calle o tiene que recurrir a soluciones precarias por carecer de recursos para el pago de la renta, 250 viviendas públicas permanecen vacías por falta de presupuesto para su reparación.

Por su parte, los Servicios Sociales municipales ofrecen como única alternativa a esta situación de extrema urgencia una ayuda para el pago de un nuevo alquiler, ignorando que la discriminación y la estigmatización social que sufren los hogares vulnerables y con escasos recursos como el de Noemí convierten el acceso a un contrato de arrendamiento una tarea casi imposible.

Y a pesar de los anuncios oficiales, tampoco los juzgados muestran sensibilidad alguna frente a la lacra social de los desahucios. El Juzgado ordenó el lanzamiento de Noemí y sus hijos sin tener en consideración la situación personal, social y familiar particular de los menores de edad afectados, ni ponderarla frente al derecho -legítimo por otra parte-, del propietario a recuperar su vivienda. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional sobre la obligación de todos los poderes públicos de proteger a los menores de edad ante cualquier situación de riesgo quedan, una vez más, en papel mojado.La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo lanza un último llamamiento público al Principado de Asturias, al Ayuntamiento de Oviedo y a la Administración de Justicia para que articulen in extremis una solución, siquiera provisional, que proteja el derecho fundamental de esta familia ovetense a una vivienda.

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