Decepción en PAH Oviedo por la respuesta de Gobierno, CGPJ y FACC a la crisis de los desahucios

El “informe de vulnerabilidad” solicitado por los juzgados a los Servicios Sociales municipales resulta insuficiente para detectar las situaciones de exclusión social y evitar los lanzamientos.

La modificación, apenas medio año después de su firma, del Convenio para la detección de situaciones de vulnerabilidad social en procedimientos de desahucio, acordada en reunión extraordinaria por el Gobierno del Principado, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos resulta completamente insuficiente para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que padece Asturias y que, teniendo en cuenta la evolución prevista de los salarios y de los precios de los alquileres, a corto plazo no hará sino agravarse. Más allá de las declaraciones triunfalistas de las partes sobre el buen funcionamiento del actual protocolo para la prevención de desahucios –completamente alejadas de la realidad asturiana, donde la tasa de incremento de los desahucios por impago de alquiler triplica la media nacional-, el exiguo resultado del pregonado encuentro se redujo a introducir una nueva cláusula en el Convenio, en virtud de la cual los juzgados solicitarán a los servicios sociales municipales un informe sobre la situación de vulnerabilidad de las familias objeto de procedimientos de desahucio.

Esta medida demuestra un completo desconocimiento del drama personal y social que sufren las familias que, por carecer de recursos, se enfrentan al doloroso trance de ser desalojadas de su vivienda. En muchas ocasiones los servicios sociales municipales no tienen conocimiento de estas situaciones, puesto que las familias optan por aguantar por sí solas su situación y evitar así la vergüenza de que sea conocida por sus vecinos e incluso sus parientes; en otras el desconcierto y la confusión les impiden hasta ser conscientes de la gravedad de su estado; o no pocas veces simplemente han perdido la esperanza de que puedan recibir la atención que precisan. Por eso son inaceptables los intentos reiterados de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de culpabilizar a las personas vulnerables de su situación por no acudir a los servicios sociales. Para detectar estas situaciones y adoptar medidas es imprescindible que, al igual que en las jurisdicciones de familia o de menores, personal propio especializado en Trabajo Social visite la vivienda y valore los posibles riesgos de exclusión social a que están sometidos sus habitantes.La PAH de Oviedo seguirá exigiendo la observancia de las medidas previstas en el protocolo hasta ahora incumplidas (información a las personas afectadas de sus derechos y los recursos sociales a su disposición, formación específica al personal de los juzgados, elaboración de bases de datos fiables sobre desahucios) y proponiendo otras nuevas, tales como la notificación personal o la dotación a los juzgados de recursos materiales y humanos necesarios. Apelando, en definitiva, a la responsabilidad de los poderes públicos para detener la nueva escalada de desahucios que se avecina y asegurar el derecho fundamental de las familias asturianas a disponer de una vivienda a cambio de un alquiler asequible, en función de sus ingresos y vivir así con seguridad y dignidad.

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