La ONU solicita la suspensión cautelar del desahucio de la familia de La Tenderina

La resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales resulta vinculante para el Juzgado, en virtud del Protocolo Facultativo de aplicación del Pacto Internacional, ratificado por el Estado Español.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha admitido la denuncia contra el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias formulada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo y, mediante un escrito recibido esta mañana, ha comunicado que ha solicitado al Estado Español, como firmante del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que suspenda el desahucio de la vivienda actualmente ocupada por la joven familia de La Tenderina previsto para mañana a las 10:30. El Comité DESC del Alto Comisionado adopta esta decisión para evitar «daños irreparables a la familia», y el desalojo ha de quedar suspendido de forma cautelar mientras se examina la denuncia o, alternativamente, se les otorga una vivienda adecuada a sus necesidades. En el marco del procedimiento de investigación, el Comité solicita asimismo a la PAH de Oviedo más información acerca de la inadecuación de la solución propuesta por el Ayuntamiento y el Principado, el alojamiento de la familia en el Albergue Cano Mata.

Mañana martes a las 09:00, la familia afectada con el apoyo de la PAH de Oviedo presentará en el Juzgado un escrito comunicando la medida cautelar decretada por el Comité DESC, y solicitando la suspensión del desahucio, previsto para hora y media después. El dictamen del Comité es vinculante para el Juzgado y todas las instituciones que componen el Estado Español, al haber suscrito nuestro país el Protocolo Facultativo para la aplicación del Pacto Internacional. En todo caso, por si el Juzgado no atendiera esta solicitud, la PAH de Oviedo mantiene la convocatoria en apoyo de la familia afectada mañana martes 8 de enero a las 09:00 en el Campo de los Patos.

Se abre ahora un procedimiento internacional en el que el Comité DESC solicitará información al Estado Español y abrirá un periodo de alegaciones, a resultas del cual adoptará una decisión final. El Comité ya acumula numerosos antecedentes de resoluciones condenatorias del Estado Español por vulneración del derecho humano a la vivienda. Durante el procedimiento abierto el Principado de Asturias, como titular de las competencias exclusivas en materia de vivienda, y en concreto la Consejera de Servicios y Derechos Sociales Pilar Varela tendrá la oportunidad de explicar si, como ha afirmado recientemente el Director General Fermín Bravo, el Gobierno de Asturias desiste definitivamente de incrementar el parque público de vivienda y su nueva política consiste en alojar a las familias en riesgo de exclusión social en albergues de transeúntes.

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