La crisis habitacional se cobra cinco nuevas víctimas en Oviedo

El Juzgado ignora el recurso y echa a la calle a la familia de La Tenderina, con dos menores a su cargo.

Sin molestarse en contestar siquiera la solicitud de suspensión presentada in extremis el viernes pasado, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo ha consumado esta mañana el desahucio de la familia de cinco miembros -dos de ellos menores de edad-, de su vivienda en La Tenderina, y les condena así a la marginalidad y la exclusión residencial, puesto que carecen de recursos para acceder a otra vivienda en alquiler en el mercado libre. Con esta cruel decisión, el Juzgado ignora diversos tratados suscritos por el Estado Español -que también forman parte de nuestro ordenamiento jurídico-, entre ellos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que reconoce la vivienda como un derecho fundamental, y la Convención de Derechos del Niño de 1989, que protege el interés superior de los menores ante cualquier situación de riesgo, e impone a todos los poderes públicos la obligación de velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. El Poder Judicial no puede seguir mirando para otro lado y amparándose en el cumplimiento de las formalidades procedimentales; debe poner fin sin demora a los desahucios sin alternativa habitacional, una forma extrema de violencia institucional, ejercida contra personas en situación de vulnerabilidad social hasta el punto de privarles de su único alojamiento.

La familia puesta en la calle esta mañana en La Tenderina es una de las 40.000 asturianas que tienen todos sus miembros en paro, y una de las 9.000 que en Oviedo no pueden hacer frente a los gastos corrientes de su vivienda (alquiler, hipoteca y suministros). Miles de hogares que malviven con menos de treinta euros al día, oficialmente en situación de pobreza severa, y no pueden acceder a una vivienda de alquiler porque no disponen de un contrato laboral exigido como garantía mínima por los arrendadores. Por eso resultan especialmente reprobables, por cínicas y humillantes, las declaraciones de la concejala de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, negando que la familia desahuciada se encuentre en situación de vulnerabilidad social.

No es por su gusto, como desvergonzadamente da a entender la Sra. Ponga, que la familia esté en paro y carezca de un techo donde cobijarse. No han rechazado ninguna alternativa del Ayuntamiento, sencillamente porque una ayuda puntual para pagar los tres primeros meses de renta no es tal, ya que al no disponer de un empleo y una nómina, no tienen siquiera opción a firmar el contrato de alquiler. No quieren un piso gratis, ni recurrir indefinidamente a las exiguas ayudas sociales; lo único que reclaman es su derecho humano fundamental a disponer de una vivienda a cambio de un alquiler adecuado y proporcionado a sus ingresos, que el mercado libre les niega. Ayuntamiento de Oviedo y Gobierno del Principado no pueden continuar por más tiempo obviando la actual situación de emergencia, y deben adoptar las medidas necesarias y asignar los recursos precisos para incrementar el parque de viviendas de renta asequible, de manera que no se ejecute ni un desahucio más sin alternativa habitacional.

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