Jueces y afectados por la hipoteca, de acuerdo en la urgente necesidad de más recursos humanos para prevenir los desahucios

El Principado de Asturias y el Consejo General del Poder Judicial deben dotar a los juzgados de oficinas de asistencia a las personas en situación de exclusión social y contener el incremento de los lanzamientos, especialmente por impago del alquiler.

La reunión celebrada el pasado viernes 19 de octubre entre la Magistrada-Juez Decana, D.ª Pilar Martínez Ceyanes, y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo puso de manifiesto la confluencia de ambas partes en el diagnóstico sobre la insuficiencia de las medidas adoptadas para hacer frente al constante aumento de las demandas por impago de alquiler y que, en demasiadas ocasiones, como la PAH de Oviedo tiene comprobado, terminan en desahucio sin que las familias afectadas dispongan una alternativa habitacional.

La Plataforma viene reclamando incluir en el Convenio firmado hace poco más de seis meses entre el Principado de Asturias, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos el compromiso de dotar a los juzgados de unidades especializadas integradas por profesionales del Trabajo Social, que valoren las situaciones de exclusión social en que se encuentren las familias demandadas y activen los mecanismos necesarios en el sistema de Servicios Sociales para atenderlas. Una exigencia que, según informó durante la reunión la Sra. Martínez Ceyanes, es compartida también por los jueces y juezas decanos de toda España, quienes el pasado 17 de octubre y con ocasión de la celebración de sus XXVIII Jornadas Nacionales, demandaron la creación de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito previstas en la Ley 4/2015 por el que se regula su Estatuto, y su ampliación para atender a otras personas en situación de exclusión social que se ven envueltas en procedimientos judiciales, entre las que se encuentran aquellas que se enfrentan a demandas de desahucio.

La PAH de Oviedo exhorta al Gobierno del Principado de Asturias y al Consejo General del Poder Judicial a proveer la dotación económica necesaria para crear estos equipos específicos integrados por profesionales del Trabajo Social. Detectar las situaciones de riesgo de exclusión residencial –en la que se encuentra, según los últimos informes disponibles, una de cada cuatro familias asturianas- y asignar los recursos necesarios para evitar que se agudicen y desemboquen en actos de violencia extrema como despojar a una familia de su vivienda, evitaría someterlas a este doloroso trance y aliviaría además la actual presión sobre el parque público de vivienda, completamente desbordado por la demanda existente y que, dada la tendencia al alza de los precios de los alquileres, se incrementará en los próximos meses.

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