Un autónomo en paro será desahuciado el próximo miércoles en Oviedo

Los gobiernos estatal y autonómico son incapaces de detener el drama social de los desahucios y siguen vulnerando el derecho fundamental a la vivienda en plena pandemia

El próximo miércoles 17 de marzo se llevará a cabo, por orden de un juzgado de Oviedo, un nuevo acto de violencia institucional extrema: el desahucio de una persona de su vivienda por carecer de recursos para el pago del alquiler, y sin una alternativa habitacional. La víctima en este caso es un joven autónomo de 32 años de edad, residente en el ovetense barrio de La Argañosa, a quien la crisis económica derivada del COVID-19 ha obligado a cesar su actividad y se encuentra en situación de desempleo. El Juzgado ha rechazado por dos veces los recursos presentados por su abogado de oficio, que solicitaba la suspensión del desahucio con base en la prohibición de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica aprobada por el Gobierno Estatal mientras dure el estado de alarma. Tampoco ha tenido en cuenta el Juzgado el informe de los Servicios Sociales municipales que certifica literalmente la situación del demandado como de “especial vulnerabilidad”. Se da la escandalosa circunstancia además, de que este joven, demandante de empleo y sin ingreso alguno, aún no ha recibido la prestación por cese de actividad, ni ha tenido respuesta de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a su solicitud de ayuda extraordinaria al alquiler presentada hace meses.

Estos hechos, en su crudeza, ponen de manifiesto que la repetida promesa de los Gobiernos de España y de Asturias de “no dejar nadie atrás” en esta pandemia no es más que indignante palabrería hueca. En España, a pesar de la profunda crisis social y económica ocasionada por el COVID-19, los juzgados siguen poniendo en la calle a las personas más vulnerables, mientras que miles de viviendas propiedad de los bancos y de los fondos de inversión permanecen vacías.

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias exige al Gobierno de Asturias que ponga fin a este drama personal y social y adopte las medidas necesarias para garantizar a esta nueva víctima de un desahucio su derecho fundamental a una vivienda digna, facilitándole una alternativa habitacional asequible en proporción a sus ingresos.

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