La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias, con la colaboración del Conseyu de la Mocedá d’Asturies, ha publicado una breve guía con información sobre cómo actuar en caso de encontrarse en dificultades para el pago del alquiler de la vivienda: a qué organismos dirigirse, qué ayudas pueden solicitarse y otras indicaciones útiles. Puedes descargarla aquí.
Recuerda: aunque, por las circunstancias, no puedas hacer el frente al pago del alquiler de tu vivienda, tienes derechos que han de ser respetados.
Los gobiernos de España y de Asturias y los ayuntamientos deben acabar cuanto antes con el sufrimiento de las miles de familias pendientes de desahucio garantizando su derecho fundamental a un alojamiento digno e incrementando urgentemente el parque de vivienda asequible
La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias considera la prórroga de tres meses de la suspensión de los desahucios anunciada esta mañana en el Congreso por el Presidente del Gobierno de España absolutamente insuficiente para abordar la situación de emergencia habitacional que sufre nuestra Comunidad Autónoma, con miles de hogares incapaces de hacer frente al pago de sus alquileres. Si bien este nuevo aplazamiento resulta un alivio momentáneo para las más de 3.200 familias que viven en Asturias y cuyas demandas de desahucio se acumulan en los juzgados, el sufrimientopor verse expulsadas de sus viviendas sólo terminará cuando los poderes públicos responsables (Administración Central, Autonómica y ayuntamientos) hagan efectivo su derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución Española.
La Plataforma exige al Gobierno y al Parlamento de España que aprueben con la mayor urgencia una ley estatal que garantice la vivienda como un derecho subjetivo de todas las personas, con idéntica consideración a los derechos fundamentales a la salud o la educación, que regule el mercado del alquiler sobre la base de la consideración de la vivienda como un bien de uso y no de mercado, y que establezca mecanismos y recursos para facilitar el acceso de las familias en situación de vulnerabilidad a las decenas de miles de viviendas vacías a cambio de un alquiler asequible y proporcionado a sus ingresos, dando garantías a las personas propietarias de viviendas desocupadas para que las pongan en alquiler, y movilizando aquellas propiedad de entidades financieras, fondos buitre y otros grandes tenedores.
Para la garantía de este derecho ha de priorizarse a las personas en situación de exclusión residencial severa, esto es, las que viven en la calle o en condiciones inhumanas de hacinamiento e infravivienda, como las jóvenes migrantes ex-tuteladas una vez cumplida su mayoría de edad, las mujeres víctimas de trata o en contextos de prostitución, personas con problemas de salud mental, adicciones y ex-reclusas habilitando con urgencia recursos de primera acogida ante la saturación de los existentes.
La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias está integrada hasta la fecha por la Familia Vicenciana de Asturias, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Stop Desahucios (PAH) de Oviedo, la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias, Asturias Acoge, la Asociación LUAR y Médicos del Mundo de Asturias
La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias se sumó ayer a las movilizaciones convocadas a nivel nacional por numerosas organizaciones sociales para reclamar una Ley estatal que ponga freno a los desahucios e incremente el parque público
Oviedo se incorporó ayer a la extensa nómina de ciudades españolas que acogieron concentraciones en favor de la aprobación en el Congreso de una Ley que garantice el derecho fundamental a disponer de una vivienda digna y adecuada. Las movilizaciones, convocadas por una Iniciativa impulsada por diversas organizaciones sociales y sindicales de todo el Estado, coinciden con las negociaciones en el seno del Gobierno de España sobre el alcance del proyecto de Ley de Vivienda, previsto en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.
La iniciativa estatal exige que la próxima Ley
garantice de manera efectiva el derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada,
prohíba los desahucios sin alternativa habitacional,
amplíe el parque público de vivienda,
regule los alquileres a precios adecuados a los salarios,
asegure los suministros básicos, y
conceda una segunda oportunidad a las familias con deudas hipotecarias.
A día de hoy, la PDVA está formada por los siguientes colectivos: Familia Vicenciana de Asturias, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Stop Desahucios (PAH) de Oviedo, la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias, Asturias Acoge y la Asociación LUAR
Los gobiernos estatal y autonómico son incapaces de detener el drama social de los desahucios y siguen vulnerando el derecho fundamental a la vivienda en plena pandemia
El próximo miércoles 17 de marzo se llevará a cabo, por orden de un juzgado de Oviedo, un nuevo acto de violencia institucional extrema: el desahucio de una persona de su vivienda por carecer de recursos para el pago del alquiler, y sin una alternativa habitacional. La víctima en este caso es un joven autónomo de 32 años de edad, residente en el ovetense barrio de La Argañosa, a quien la crisis económica derivada del COVID-19 ha obligado a cesar su actividad y se encuentra en situación de desempleo. El Juzgado ha rechazado por dos veces los recursos presentados por su abogado de oficio, que solicitaba la suspensión del desahucio con base en la prohibición de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica aprobada por el Gobierno Estatal mientras dure el estado de alarma. Tampoco ha tenido en cuenta el Juzgado el informe de los Servicios Sociales municipales que certifica literalmente la situación del demandado como de “especial vulnerabilidad”. Se da la escandalosa circunstancia además, de que este joven, demandante de empleo y sin ingreso alguno, aún no ha recibido la prestación por cese de actividad, ni ha tenido respuesta de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a su solicitud de ayuda extraordinaria al alquiler presentada hace meses.
Estos hechos, en su crudeza, ponen de manifiesto que la repetida promesa de los Gobiernos de España y de Asturias de “no dejar nadie atrás” en esta pandemia no es más que indignante palabrería hueca. En España, a pesar de la profunda crisis social y económica ocasionada por el COVID-19, los juzgados siguen poniendo en la calle a las personas más vulnerables, mientras que miles de viviendas propiedad de los bancos y de los fondos de inversión permanecen vacías.
La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias exige al Gobierno de Asturias que ponga fin a este drama personal y social y adopte las medidas necesarias para garantizar a esta nueva víctima de un desahucio su derecho fundamental a una vivienda digna, facilitándole una alternativa habitacional asequible en proporción a sus ingresos.
PAH Oviedo reclama el fin de los recortes y un incremento de los recursos destinados a la política de vivienda en los Presupuestos Generales del Principado para 2021
El boletín especial del Observatorio de Vivienda y Suelo dedicado a la vivienda social, publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en septiembre pasado, pone de manifiesto las carencias de la política de vivienda del Gobierno del Principado de Asturias. Según este estudio, nuestra Comunidad Autónoma debería quintuplicar su inversión para situarse al nivel de la Unión Europea: en el periodo comprendido entre 2007 y 2017 el Principado destinó a política de vivienda un promedio de 46,7 € por habitante, mientras que la media de la Unión Europea ascendió a 148,2. El Proyecto de Presupuestos Generales para 2021, cuyas enmiendas parciales se debaten mañana miércoles, destina a vivienda una cantidad aún menor, 35,91 € por habitante.
La aprobación de este presupuesto, de consumarse en sus términos actuales, significará la consolidación un año más de la política de recortes impuesta por los gobiernos socialistas desde 2013, cuando la inversión en vivienda se redujo en un 71% respecto al ejercicio anterior. Siete años después, los recursos destinados a vivienda aún son menos de la mitad.
PAH Oviedo ha propuesto a todos los grupos políticos de la Junta General una serie de medidas a corto y medio plazo para abordar la crisis habitacional y garantizar el derecho a la vivienda de las familias asturianas en situación de vulnerabilidad, tales como la ampliación progresiva del parque público de vivienda asequible -especialmente mediante la activación del enorme parque de viviendas vacías-, la recuperación de edificios vacíos propiedad del Principado de Asturias, la habilitación de alojamientos dignos y estables a las personas sin techo, y la puesta en marcha de un plan de choque para facilitar un alojamiento alternativo a las 2.500 familias asturianas amenazadas de desahucio por no poder hacer frente al pago del alquiler.
La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, satisfecha con la inversión de su departamento en política de vivienda.
Un reciente estudio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana revela las carencias de la política de vivienda del Gobierno del Principado
Asturias debería construir 1.500 viviendas sociales para alcanzar la media española, y multiplicar por cuatro su exiguo parque de vivienda pública para situarse a la altura de los países de la Unión Europea. Así lo demuestra el boletín especial del Observatorio de Vivienda y Suelo publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en septiembre pasado. Según este estudio, el Principado cuenta con 22 viviendas sociales por cada 1.000 viviendas principales, mientras que en España este valor se sitúa en 25, y en la Unión Europea alcanza las 93. Únicamente Rumanía, Estonia, Croacia y Portugal presentan valores inferiores a los de Asturias.
Este informe oficial echa por tierra el triunfalismo y la autocomplacencia que viene demostrando el Gobierno de Asturias en los últimos años, presentando su política de vivienda como un modelo en relación con el resto de las Comunidades Autónomas españolas, y presumiendo del tamaño de nuestro parque residencial público. El Principado dispone de 23 viviendas sociales por cada 1.000 viviendas ocupadas, por debajo de Andalucía (24), Canarias (24), Extremadura (32) y el País Vasco (35).
Las cifras demuestran también el abandono por parte del Gobierno asturiano de la inversión en la construcción de nuevas viviendas sociales desde los recortes aplicados en 2013. Entre 2014 y 2019, se terminaron en Asturias sólo 52 viviendas públicas, mientras que antes de los recortes la media anual superaba las 400 viviendas.
PAH Oviedo defiende la ampliación progresiva del parque público de vivienda asequible, especialmente mediante la activación del enorme parque de viviendas vacías, como la única política efectiva para garantizar el derecho de las 110.000 familias asturianas en riesgo de exclusión residencial a un techo digno y adecuado a sus necesidades. Y en ese sentido, ha presentado a la Junta General del Principado de Asturias un plan para duplicar el número de viviendas sociales en 13 años, partiendo en 2021 de 25,4 M€ e incrementando la inversión un 5% anual, hasta alcanzar los 48,1 M€ en 2033. Con este ritmo inversor se recuperaría en 2024 el volumen de inversión pública en Vivienda en Asturias del año 2009.
Inicio de la última promoción de vivienda pública en Asturias, 40 viviendas en El Campón, Oviedo. Se presentaron casi 1.000 solicitudes.
Los Presupuestos Generales del Principado no incluyen ninguna partida para hacer frente a la crisis habitacional agravada por la pandemia, y mantienen los recortes en política de vivienda desde 2012
La Plataforma Antidesahucios de Oviedo denuncia que, un año más, la Junta General del Principado vuelve a ignorar la situación de emergencia habitacional que atraviesa Asturias, agravada en esta ocasión por las devastadoras consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El Proyecto de Presupuestos de la región para 2021, que ya cuenta con el apoyo de una mayoría de la Cámara formada por PSOE, IU y Foro Asturias, no incluye ninguna medida efectiva en favor de las 2.500 familias asturianas demandadas ante los juzgados por carecer de recursos para hacer frente al pago del alquiler, un número que triplica la media de los últimos 7 años. “No dejar a nadie atrás” se ha convertido, lamentablemente, en otra promesa incumplida.
Ni medidas de choque, ni a medio, ni a largo plazo. El Gobierno de Asturias sigue instalado en el triunfalismo y la autocomplacencia y, desde su cómoda mayoría parlamentaria, insiste en su política continuista ignorando el cúmulo de demandas de desahucio que amenazan con colapsar los juzgados asturianos y que a finales de enero, cuando expire la suspensión de los lanzamientos decretada por el Gobierno de España, condenarán a 2.500 familias asturianas a vivir hacinadas en habitaciones de pisos compartidos, en infraviviendas o simplemente en la calle.
Por más que el PSOE y sus socios presupuestarios quieran presentar los de 2021 como unos presupuestos “con corazón social”, las cifras son incontestables: la política de vivienda, esencial para la integración de la población más vulnerable, sigue sometida a recortes y los niveles de inversión se mantienen en menos de la mitad respecto a 2012. Si entre 2000 y 2008 el Principado promovía más de 400 viviendas sociales nuevas cada año, en 2021 tiene previsto comenzar únicamente 41, por lo que el exiguo parque público de vivienda de Asturias, insuficiente para atender las necesidades, seguirá estando muy por debajo de la media europea. Las ayudas al pago de la renta cubren únicamente la mitad de la demanda, acumulan retrasos de meses, y únicamente contribuyen a impulsar aún más la actual subida de los alquileres.
Para PAH Oviedo, la alternativa a esta situación pasa por el incremento de la oferta de vivienda en alquiler asequible no sólo mediante la construcción de más viviendas públicas, sino aprovechando el enorme parque de viviendas vacías existente y los edificios de titularidad pública actualmente sin uso, y un plan de choque que permita a VIPASA prevenir los desahucios mediando entre arrendadores y arrendatarios, y alquilar directamente viviendas y ponerlas a disposición de las familias sin alternativa habitacional, que abonarían un alquiler en proporción a sus ingresos.
Texto de la comparecencia de Pilar Lobo ante la Junta General del Principado de Asturias el 11 de diciembre
PAH Oviedo ha analizado el Programa 431A. Promoción y administración de la vivienda dentro del Proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2021 y mostramos una profunda decepción al comprobar que el Principado de Asturias renuncia a incrementar el parque de viviendas asequibles y continúa apostando por las ayudas al alquiler, una política que no consolida el derecho a la vivienda e impulsa al alza los precios, pues los arrendadores aplican inmediatamente la ayuda al precio de la renta.
PAH Oviedo ha elaborado unas propuestas sobre vivienda para el 2021. Son unas propuestas enfocadas al medio plazo para garantizar el derecho a la vivienda, con un apartado de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional que tenemos en Asturias agudizada por la crisis sanitaria, teniendo en cuenta que hay seis demandas de desahucio diarias y que se están produciendo situaciones muy complicadas entre arrendatarios que no pueden hacer frente a sus pagos y arrendadores que quieren percibir sus rentas y presionan con todo tipo de medidas, algunas de ellas traspasando claramente la legalidad.
Hay que tener en cuenta que la vivienda es, siempre, pero en las actuales condiciones, mucho más, un determinante de primer orden para la protección de la salud. Sin una vivienda adecuada no es posible gozar de buena salud. Tenemos noticias de que en muchos lugares del mundo y también en España, como es el caso de Barcelona, se está replanteando el tema de la vivienda con medidas de diversa índole. Aquí en Asturias, salvo la iniciativa de la empresa municipal de la vivienda de Gijón, no conocemos que se esté trabajando en alguna iniciativa innovadora para garantizar el derecho a la vivienda, ni siquiera en las actuales circunstancias. Como advirtió Leilani Farha, ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada. ”Frente a un nuevo virus para el que no tenemos cura ni tratamiento, la única protección que tenemos son nuestros hogares”. Un estudio reciente de la ONG Provivienda centrado en la relación recíproca entre la vivienda y la salud física y mental afirma que la pandemia ha hecho más profunda la relación entre salud social y vivienda.
En nuestro plan de medidas urgentes hemos elaborado tres propuestas:
El acondicionamiento inmediato de edificios públicos vacantes para acoger a las personas sin techo, las que habitan en viviendas insalubres y en situaciones de hacinamiento. Por ejemplo acondicionar el edificio de la Malatería que tiene una superficie construida total de 5.000 m2 costaría 4M€.
Que VIPASA ponga en marcha un plan para alquilar viviendas y ponerlas a disposición de las familias que tengan que abandonar sus viviendas como consecuencia de un procedimiento judicial o por la presión de sus arrendadores, proponemos 200 viviendas en alquiler con un coste estimado de 1M €.
Rescatar a las familias en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la crisis sanitaria y a aquellas que se encontraban en esa situación antes del 13 de marzo pasado con una nueva convocatoria que resuelva los numerosos problemas encontrados en la primera convocatoria y eliminando las limitaciones que excluyen a familias en proceso de regularización administrativa de su residencia en Asturias y a aquellas perceptoras del SSB. para cuya financiación el Principado puede acogerse al Plan Estatal de Vivienda que prevé una línea específica para ese fin.
De estas tres medidas que consideramos urgentes solamente la tercera puede estar parcialmente recogida en cuanto al presupuesto con el incremento de las ayudas al alquiler por valor de 3.3M €.
En cuanto a las medidas que proponemos para garantizar el derecho a la vivienda a corto-medio plazo, solo se han atendido parcialmente el incremento de la trasferencia a VIPASA para reparación de viviendas públicas, nosotros proponíamos 2M€ y lo suben solamente 0,3M€, y el aumento de la dotación para el Convenio con el Colegio de Trabajo Social de Asturias; nuestra propuesta es de 0,2M€ y lo suben 7.000 €.
Nuestra propuesta de duplicar el parque de vivienda pública en Asturias en 2033, lo que supondría un coste de 25,4 M€ en 2021 mediante diferentes mecanismos: vivienda de nueva construcción, adquisición de vivienda nueva en stock, rehabilitación de viviendas existentes, cesión de uso para alquilar y venta forzosa de viviendas de grandes tenedores, ha quedado reducida a 700.000€ para inicio de obras en Soto del Barco, Llanera y Sobrescobio.
Otro apartado en el que mostramos nuestro desacuerdo tiene que ver con la partida destinada a emancipación juvenil que en los presupuestos es de 2,1 M€. En condiciones normales nos parecería muy bien esta partida ya que la tasa de emancipación juvenil en Asturias es muy baja pero con más de quinientas personas sin techo, miles de familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler y las demandas de desahucios contándose por cientos, nos preguntamos si esa es una prioridad actualmente.
Propuesta de PAH Oviedo a todos los grupos políticos de la Junta General del Principado de Asturias para hacer de los Presupuestos Generales de Asturias para 2021 un instrumento para prevenir la exclusión residencial, evitar los desahucios sin alternativa habitacional y no dejar a nadie atrás.
1. Ni una familia asturiana sin techo
Objetivo
Garantizar el derecho de las familias asturianas en riesgo de exclusión residencial a disponer de una vivienda a un precio asequible en función de sus ingresos.
Descripción
Declarar el carácter ampliable de los créditos del Presupuesto del Principado de Asturias necesarios para hacer efectivo el derecho a la vivienda, dando prioridad a las personas sin techo y al resto de situaciones de exclusión residencial extrema (familias con menores y familias inmigrantes sin permiso de residencia, que tienen grandes dificultades para obtener ingresos por no tener permiso de residencia).
Esta medida se aplicaría, por ejemplo, a las convocatorias de ayudas de alquiler para atender el 100% de las solicitudes que cumplan los requisitos (en la última convocatoria, el número de solicitudes concedidas fue muy similar al de denegadas por falta de presupuesto).
Coste
Por su propia naturaleza, no es posible asignar a esta medida un coste concreto; el concepto es similar al aplicado en la prestación del Salario Social Básico.
2. Plan 10.000
Objetivo
Duplicar el menguado e insuficiente parque de vivienda pública de Asturias en 2033
Descripción
Programa plurianual 2021-2033, partiendo en 2021 de una inversión de 25,4 M€, que se incrementaría el 5,5% anual hasta alcanzar los 48,1 M€ en 2033. Nótese que con este Plan se recuperaría en 2024 el volumen de inversión pública en Vivienda en Asturias del año 2009.
La ampliación del parque público no se basaría exclusivamente, como hasta ahora, en la construcción de viviendas públicas de nueva planta, sino que el objetivo prioritario sería aprovechar el enorme parque de viviendas vacías existente. La distribución por modalidades sería:
Viviendas de nueva construcción
10%
Adquisición de vivienda nueva en stock
20%
Rehabilitación de viviendas existentes
20%
Cesión del uso para alquiler
40%
Venta forzosa de viviendas de grandes tenedores
10%
Coste
25,4 M€ en 2021.
3. Recuperar los inmuebles vacantes del Principado de Asturias
Objetivo
Rescatar del abandono edificios titularidad del Principado de Asturias sin uso y convertirlos en equipamientos residenciales.
Descripción
El Patrimonio del Principado de Asturias incluye un gran número de edificios en buen estado de conservación, bien localizados en áreas urbanas, actualmente abandonados y capaces de albergar usos residenciales. En la actual situación de emergencia habitacional, esta situación no es admisible. Se propone su rehabilitación para incorporarlos al parque público de vivienda y proveer alojamiento a unidades de convivencia que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre, garantizando la máxima diversidad de las ocupantes en términos de nivel de renta, edad, nivel de formación o país de procedencia. Se trata por tanto de promover comunidades interculturales e intergeneracionales vivas, dinámicas y capaces de dinamizar los entornos en los que se insertan. A título de ejemplo, se señalan en Oviedo el Centro Materno Infantil y el Instituto Nacional de Silicosis en El Cristo, o la antigua residencia de mayores de La Malatería en San Lázaro.
Coste
Para una experiencia piloto, en un edificio con capacidad para 100 viviendas, y una inversión total de 8 M€, la distribución plurianual sería
2021
0,8 M€ (10%)
2022
5,6 M€ (70%)
2023
1,6 M€ (20%)
Total
8 M€
4. Optimizar el parque de vivienda pública existente
Objetivo
Reducir el número de viviendas públicas vacantes al mínimo imprescindible para atender las situaciones de emergencia.
Descripción
En torno a 250 viviendas públicas permanecen vacantes por falta de presupuesto y medios para ejecutar las reparaciones necesarias para ponerlas a disposición de familias en situación de exclusión residencial. En la actual situación de emergencia habitacional, es preciso incrementar el presupuesto de este capítulo para reducir este número al mínimo.
Coste
2 M€, lo que significaría duplicar la partida presupuestaria actual (745003 VIPASA. Reparación de viviendas del Principado)
5. Suprimir las ayudas a la compra de vivienda
Objetivo
Asignar el máximo de recursos financieros a la garantía del derecho fundamental a la vivienda adecuada y asequible.
Descripción
Desde 2016, el Principado ha destinado en sus Presupuestos un total de 5.106.718 € a subvencionar la compra de vivienda, y en el presupuesto del presente ejercicio se prevén 638.460 € más. Entendemos que estos recursos no deberían dedicarse a financiar al acceso a la vivienda en propiedad, sino a facilitar el acceso en alquiler a los sectores de la población más vulnerables.
Coste
En este caso, la medida significaría un ahorro de 0,7 M€, equivalente al importe previsto en el presupuesto actual para una convocatoria de ayudas a la compra de vivienda, que destinarían a la ampliación del parque en alquiler asequible.
6. Reforzar la protección social ante los desahucios
Objeto
Mejorar el servicio de atención social a las personas y familias envueltas en procedimientos judiciales de desahucio hipotecario o por impago de alquiler
Descripción
La medida consiste en ampliar en una plaza el servicio de información y apoyo que actualmente se presta en las sedes judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés en virtud del Convenio entre el Principado de Asturias y el Colegio de Trabajo Social de Asturias. Este servicio está actualmente saturado y es previsible que la presión aumente por el incremento de procedimientos judiciales de desahucio causado por las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria.
Coste
0,2 M€
7. Plan de medidas urgentes ante la pandemia
La actual crisis sanitaria está agravando aún más la situación de emergencia habitacional que padecen las familias vulnerables en Asturias. Por eso resulta necesario adoptar las siguientes medidas de choque:
7.1 Alojamiento digno y estable para las personas sin techo
Objetivo
Habilitar urgentemente espacios seguros y dignos con capacidad suficiente para acoger a todas las personas sin techo, las que habitan en viviendas insalubres y en situaciones de hacinamiento.
Descripción
Acondicionamiento inmediato de inmuebles públicos vacantes, como por ejemplo los edificios de Maternidad o Silicosis del complejo del antiguo HUCA en El Cristo, o La Malatería. Se evitarían así las soluciones provisionales e improvisadas habilitadas en el mes de marzo pasado.
Coste
Por ejemplo, acondicionar el edificio de La Malatería, que tiene una superficie construida total de 5.000 m2, tendría un coste estimado de 4 M€.
7.2 Una alternativa habitacional a los desahucios
Objetivo
Facilitar una alternativa habitacional a las familias deudoras de buena fe que pierden su vivienda al no poder hacer frente al pago del alquiler.
Descripción
Se incrementa alarmantemente el número de familias que tienen que abandonar su vivienda al carecer de recursos para el pago del alquiler. Incluimos en esta medida tanto a las que son expulsadas de su vivienda tras un procedimiento judicial, como a aquellas que se ven obligadas a abandonarla voluntariamente o por las presiones de sus arrendadores (los denominados desahucios invisibles). Estas familias carecen de recursos para acceder a una vivienda de alquiler en el mercado libre y además no pueden ofrecer a los arrendadores las garantías y avales que les exigen. Por eso VIPASA ha de poner en marcha un programa urgente y disponer de recursos suficientes para alquilar viviendas y ponerlas a disposición de estas familias, que abonarían un alquiler en proporción a sus ingresos.
Coste
1 M€, correspondiente al alquiler de 200 viviendas por un año, incluyendo renta, gastos de comunidad y de gestión.
7.3 Nueva convocatoria de ayudas extraordinarias al alquiler
Objetivo
Rescatar a las familias en situación de vulnerabilidad social y económica a consecuencia de la crisis sanitaria y también a aquellas que se encontraban en esa situación antes del 13 de marzo pasado.
Descripción
En esta nueva convocatoria habrá que resolver, además de los problemas de gestión que están ocasionando retrasos de hasta seis meses en la resolución de las solicitudes (superiores al plazo de las ayudas), las limitaciones que excluyen a familias en proceso de regularización administrativa de su residencia en Asturias y a aquellas perceptoras del SSB. El actual límite de ingresos en 400 € es absurdo, puesto que ése es el precio medio de un alquiler en Asturias.
Coste
Como las convocatorias ordinarias de ayudas de alquiler, el crédito de esta medida ha de ser ampliable para atender todas las necesidades. Para su financiación el Principado puede acogerse al Plan Estatal de Vivienda, que prevé una línea específica para este fin.
Dación en pago, incremento del parque de viviendas sociales y garantía de suministros básicos, entre las medidas presentadas para hacer frente a la crisis de la vivienda agravada por la pandemia
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Stop Desahucios de Oviedo ha presentado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una batería de medidas para su inclusión en la futura Ley por el Derecho a la Vivienda, en trámite de consulta pública hasta el próximo 15 de noviembre. Ante la situación de emergencia habitacional, arrastrada desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y agravada por la actual crisis sanitaria, PAH Oviedo defiende la necesidad de aprobar urgentemente una Ley que consagre la vivienda como un derecho fundamental básico y establezca las garantías necesarias para hacer efectivo su disfrute por las familias más vulnerables, tal como exigen diversos tratados internacionales ratificados por el Estado Español.
La propuesta plantea el reconocimiento legal de las demandas tradicionales de las PAHs en todo el Estado: prohibición de los desahucios de familias deudoras de buena fe sin alternativa habitacional, dación en pago retroactiva, garantía de suministros básicos, alquiler asequible -incluyendo regulación de las rentas en zonas sometidas a subidas abusivas y sostenidas-, e incremento del parque de vivienda social. Para este último objetivo, PAH Oviedo propone que la nueva Ley Estatal contemple los siguientes instrumentos:
Poner en marcha un servicio público de mediación ente las personas físicas o jurídicas propietarias de viviendas deshabitadas y aquellas en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial para promover su ocupación en alquiler, de manera que se garanticen los derechos de ambas partes.
Ofrecer incentivos fiscales al alquiler de viviendas desocupadas a precios inferiores al mercado.
Establecer la cesión obligatoria del uso de viviendas vacías propiedad de entidades bancarias y otros grandes tenedores, previa declaración de su interés social.
Todas estas medidas tienen su fundamento en la función social de la propiedad consagrada en la Constitución Española, en virtud de la cual el derecho a la propiedad de la vivienda ha de subordinarse a la garantía del derecho fundamental de las personas a un alojamiento digno, primando su valor de uso sobre su valor de cambio.
PAH Oviedo confía en que el Gobierno de España admita estas propuestas y se apruebe a la mayor brevedad una Ley que reconozca el derecho a una vivienda digna y adecuada con el mismo rango y garantías que la salud, la educación o los derechos sociales.
Una familia recientemente desahuciada en Carabanchel (Madrid). Fuente: elDiario.es
Plataforma de Afectados por la Hipoteca - Stop Desahucios de Oviedo 