Denegada la ayuda de alquiler por deber 20 céntimos a Hacienda

A una familia en Asturias se le ha denegado en primera instancia la ayuda de alquiler por deber a Hacienda 20 céntimos. PAH Oviedo y Asturias Acoge, que la apoyan en la elaboración del recurso, denuncian que esta es solo una muestra más de la pésima gestión que se está haciendo de estas subvenciones, activadas por el Gobierno y gestionadas por las CCAA para paliar los efectos de la pandemia en la economía de las familias. La convocatoria se abrió el 22 de abril y actualmente se están resolviendo las solicitudes que se presentaron en aquel momento. La tramitación acumula un retraso de 5 meses, lo que supera ya el período de tiempo para el que se había concedido la ayuda y agrava la situación de incertidumbre causada por la falta de ingresos y las presiones de los arrendadores. A menudo se trata además de hogares con menores. Cuando finalmente se conceden las ayudas, las familias beneficiarias no son informadas directamente (la concesión solamente se publica en el BOPA) y no saben cuándo llega el dinero a los arrendadores.

PAH Oviedo y Asturias Acoge han apoyado de manera desinteresada a los solicitantes desde el principio, y denuncian también la dificultad para cubrir los formularios y para preparar la documentación exigida, algo que puede llegar a constituir un obstáculo insalvable para muchas personas que cumplen los requisitos de la convocatoria, por no mencionar a quienes de hecho no los cumplen, pero necesitan desesperadamente algún apoyo económico; para ellos la situación es límite. A esto se añade la brecha digital: quienes no poseen hoy los medios técnicos, los conocimientos necesarios y la conexión a Internet se ven condenados a quedar fuera de los circuitos de las subvenciones y los derechos humanos y de ciudadanía.

Las asociaciones que trabajan día a día en el apoyo de las familias afectadas por esta situación instan a la Consejería a tomar las medidas oportunas para agilizar la tramitación de las ayudas y la información a sus solicitantes, a prorrogar el plazo y a adoptar medidas de apoyo económico para quienes, estando en situación de necesidad, quedan excluidos de esta convocatoria, de manera que se garantice el derecho a la vivienda de todxs.

Melania Álvarez, Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. Fuente: Diario El Comercio

Aumentan los desahucios invisibles de familias abandonadas por las instituciones y condenadas a vivir en la calle

PAH Oviedo y Asturias Acoge alertan del dramático impacto social de la crisis del COVD19 sobre la población más vulnerable si no se adoptan medidas efectivas e incluyentes

Cumplidos cincuenta días desde la declaración del estado de alarma, las medidas adoptadas por los poderes públicos responsables de la garantía del derecho fundamental a la vivienda siguen siendo insuficientes. Si antes del estallido de la pandemia la situación en Asturias era de emergencia habitacional, con una de cada cuatro familias en riesgo de exclusión residencial, las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria auguran un verdadero drama social más profundo aún que la crisis de 2008.

La suspensión de los desahucios decretada por el Gobierno de España no alcanza a proteger a las familias que malviven hacinadas en habitaciones realquiladas, sin contrato de arrendamiento, que han perdido sus menguados ingresos procedentes de empleos precarios, no pueden hacer frente a las presiones de sus caseros, y cuya única alternativa es vivir en la calle. Se incrementan alarmantemente estos denominados desahucios invisibles de familias expulsadas de sus hogares sin procedimiento judicial, a quienes ni el Ayuntamiento de Oviedo ni la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar facilitan un alojamiento siquiera provisional, y que están condenadas a sobrevivir a la intemperie. Una tragedia social y personal agravada aún más por el riesgo sanitario que conlleva.

Las ayudas al alquiler del Gobierno de Asturias, cuyo presupuesto inicial resulta completamente insuficiente al no alcanzar para más de 400 hogares, excluyen a las personas inmigrantes cuya situación en España aún no está regularizada y a aquellas que no disponen de ordenador o de conexión a Internet. El límite de ingresos familiares mensuales se ha situado en 400 €, cuando ése es el coste medio de un alquiler en Asturias. Y los denominados microcréditos para el pago de la renta, después de más de un mes de haber sido anunciados por el Gobierno de España en el Boletín Oficial del Estado, aún no están disponibles.

PAH Oviedo y Asturias Acoge exigen al Ayuntamiento de Oviedo y al Gobierno del Principado, ante la saturación del albergue provisional instalado en la Residencia Juvenil de El Cristo, que amplíen los recursos para facilitar un alojamiento digno y estable a todas las familias que, a pesar de la suspensión de los desahucios, están siendo expulsadas de sus hogares. Resulta además urgente aprobar medidas efectivas que protejan el derecho de todas las personas, sin exclusiones, a disfrutar de una vivienda digna y segura.