PAH oviedo rechaza los intentos de culpabilización del matrimonio desahuciado

Ni el Juzgado ni la Concejalía de Servicios Sociales pueden eludir su responsabilidad como poderes públicos para detectar las situaciones de exclusión social y ofrecer alternativas habitacionales.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo rechaza el intento del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de eludir su responsabilidad por su actuación negligente y desconsiderada en la demanda de desahucio contra el matrimonio de septuagenarios que terminaron pasando dos noches en un banco del Parque de San Francisco de la capital del Principado de Asturias. Resulta inaceptable exigir que estas personas, en la dramática circunstancia que estaban atravesando, completamente desconcertadas y sobrepasadas por la incertidumbre acerca de su futuro, se dirigieran al Juzgado para “ponerle en su conocimiento la situación”. Al contrario, es el Juzgado quien debe detectar de manera proactiva estas situaciones, puesto que en la mayoría de los casos las personas afectadas, bien por falta de información, confusión o simplemente por la comprensible vergüenza que les produce su estado, no son capaces siquiera de solicitar apoyo. Así lo recoge el Convenio para la prevención de los desahucios firmado por el Consejo General del Poder Judicial, el Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos, ignorado por el juzgado, que incluso prevé facilitar a las personas afectadas un folleto informativo con los recursos de los servicios sociales a los que pueden acceder. Por supuesto, el Juzgado también incumplió esta obligación.

Una censura similar merece la respuesta de la Concejalía de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, que reprocha a estos ancianos haber rechazado todas las alternativas puestas a su disposición. Lo cierto es que en un primer momento la Concejalía les ofreció alojarse en el albergue de transeúntes y comer en la Cocina Económica, mientras se gestionaban otros recursos más estables. Es comprensible que la PAH de Oviedo procurara para ellos otras opciones inmediatas menos traumáticas, con el objetivo prioritario de recuperar anímicamente a estas personas y sacarlas de la situación límite en que se encuentran. En todo caso, la PAH de Oviedo impugna la visión burocrática y administrativa de los derechos sociales de la Concejalía, que evade su responsabilidad porque el matrimonio “no ha presentado ninguna solicitud por escrito”.

La PAH de Oviedo agradece el interés de todos los medios de comunicación y su comprensión y respeto a la voluntad de las personas afectadas de no hacer declaraciones y proteger su identidad. Y especialmente a todas las personas que desde muy diversos puntos de España se han puesto en contacto con la Plataforma para ofrecer su solidaridad y todo tipo de apoyo, que nos inspiran y animan para continuar trabajando con el resto de plataformas a lo largo del Estado por el fin de los desahucios sin alternativa habitacional y el derecho fundamental a una vivienda digna.

Dos ancianos pasan dos noches en el Parque San Francisco tras ser desahuciados de su vivienda

La PAH de Oviedo denuncia el incumplimiento por parte del Juzgado del convenio para la prevención de desahucios, que le obliga a comunicar a los servicios sociales municipales las situaciones de especial vulnerabilidad o exclusión social.

El pasado 18 de septiembre un juzgado de Oviedo ejecutó el desahucio de F. y E., un matrimonio de 74 y 72 años cuyos ingresos, provenientes de una pensión no contributiva, no les permitían costear el alquiler de la vivienda en que residían. Al carecer de un alojamiento alternativo, completamente desamparados y conmocionados por la situación a la que se veían abocados, pasaron dos días completos con sus noches a la intemperie, sentados en un banco del Parque San Francisco, hasta que integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo tuvieron conocimiento de su estado y, con su apoyo, accedieron a un alojamiento provisional y precario mientras se gestiona ante los servicios sociales municipales una solución definitiva.

El Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de concejos firmaron el 15 de marzo de este año un convenio que establece un protocolo de actuación para la prevención de situaciones de exclusión residencial extrema como la que sufre este matrimonio septuagenario ovetense. En virtud de ese protocolo, los juzgados que reciben demandas por impago de alquiler están obligados a evaluar si la familia demandada se encuentra en situación de riesgo de exclusión social y, en caso afirmativo, facilitarle información acerca de los recursos de asistencia social disponibles y además trasladar el caso a los servicios sociales municipales para que adopten las medidas oportunas para garantizar sus derechos sociales. Incluso, el convenio expresamente considera a las personas mayores de 65 años objeto de atención especial. La PAH de Oviedo denuncia públicamente que el juzgado ha ignorado todos estos compromisos y que su actuación negligente e inhumana ordenando sin miramientos el desahucio de este matrimonio resulta incompatible con el respeto a su derecho fundamental a disponer de una vivienda adecuada reconocido en diversos convenios internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por España el 28 de Septiembre de 1976 y ratificado el 27 de abril de 1977. Este convenio obliga a jueces y juezas a examinar con detenimiento e independencia las circunstancias de cada caso, la proporcionalidad de una medida extrema como el desalojo, y su impacto en la vida de las personas objeto del desahucio. Como ha afirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “La pérdida del hogar es la forma más extrema de injerencia en el derecho al respeto del hogar. Cualquier persona que pueda sufrir una injerencia de esta magnitud debería en principio poder hacer que un tribunal independiente decidiese la proporcionalidad de la medida”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Asturias solicitará inmediatamente una reunión al Decano de los Juzgados de Oviedo para trasladarle esta situación y urgirle la adopción de medidas en cumplimiento del protocolo de prevención de desahucios de manera que ni una familia más se vea abocada a vivir en la calle.

Decepción en PAH Oviedo por la respuesta de Gobierno, CGPJ y FACC a la crisis de los desahucios

El “informe de vulnerabilidad” solicitado por los juzgados a los Servicios Sociales municipales resulta insuficiente para detectar las situaciones de exclusión social y evitar los lanzamientos.

La modificación, apenas medio año después de su firma, del Convenio para la detección de situaciones de vulnerabilidad social en procedimientos de desahucio, acordada en reunión extraordinaria por el Gobierno del Principado, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos resulta completamente insuficiente para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que padece Asturias y que, teniendo en cuenta la evolución prevista de los salarios y de los precios de los alquileres, a corto plazo no hará sino agravarse. Más allá de las declaraciones triunfalistas de las partes sobre el buen funcionamiento del actual protocolo para la prevención de desahucios –completamente alejadas de la realidad asturiana, donde la tasa de incremento de los desahucios por impago de alquiler triplica la media nacional-, el exiguo resultado del pregonado encuentro se redujo a introducir una nueva cláusula en el Convenio, en virtud de la cual los juzgados solicitarán a los servicios sociales municipales un informe sobre la situación de vulnerabilidad de las familias objeto de procedimientos de desahucio.

Esta medida demuestra un completo desconocimiento del drama personal y social que sufren las familias que, por carecer de recursos, se enfrentan al doloroso trance de ser desalojadas de su vivienda. En muchas ocasiones los servicios sociales municipales no tienen conocimiento de estas situaciones, puesto que las familias optan por aguantar por sí solas su situación y evitar así la vergüenza de que sea conocida por sus vecinos e incluso sus parientes; en otras el desconcierto y la confusión les impiden hasta ser conscientes de la gravedad de su estado; o no pocas veces simplemente han perdido la esperanza de que puedan recibir la atención que precisan. Por eso son inaceptables los intentos reiterados de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de culpabilizar a las personas vulnerables de su situación por no acudir a los servicios sociales. Para detectar estas situaciones y adoptar medidas es imprescindible que, al igual que en las jurisdicciones de familia o de menores, personal propio especializado en Trabajo Social visite la vivienda y valore los posibles riesgos de exclusión social a que están sometidos sus habitantes.La PAH de Oviedo seguirá exigiendo la observancia de las medidas previstas en el protocolo hasta ahora incumplidas (información a las personas afectadas de sus derechos y los recursos sociales a su disposición, formación específica al personal de los juzgados, elaboración de bases de datos fiables sobre desahucios) y proponiendo otras nuevas, tales como la notificación personal o la dotación a los juzgados de recursos materiales y humanos necesarios. Apelando, en definitiva, a la responsabilidad de los poderes públicos para detener la nueva escalada de desahucios que se avecina y asegurar el derecho fundamental de las familias asturianas a disponer de una vivienda a cambio de un alquiler asequible, en función de sus ingresos y vivir así con seguridad y dignidad.

La PAH de Oviedo exigirá a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales una alternativa habitacional para Noemí Jiménez y su familia

Ésta y otras reivindicaciones para el cumplimiento efectivo del derecho fundamental a la vivienda serán planteadas por la Plataforma al Director General en una reunión a celebrar el próximo viernes.

Medidas concretas para evitar que el próximo 8 de agosto, cuando sean desahuciados de su piso en el barrio de Ventanielles de Oviedo por carecer de recursos suficientes para hacer frente al pago del alquiler, Noemí Jiménez y sus dos hijos menores no tengan que cobijarse, como otras familias asturianas en su misma situación, en un albergue o un automóvil. Ése es el objetivo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo se ha marcado para la reunión con el Director General de Vivienda Fermín Bravo el próximo viernes 3 de agosto, invocando la obligación de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, de acuerdo con la Constitución Española y los tratados internacionales vigentes, de garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los hogares asturianos en situación de exclusión residencial.

Otras cuestiones que figuran en la agenda de la reunión serán:

  • El incumplimiento del protocolo para prevención de desahucios suscrito por el Principado de Asturias, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos el 15 de marzo de este año, que prevé entre otras medidas la comunicación a los servicios sociales municipales de las situaciones de riesgo de exclusión residencial detectadas en los juzgados, pero cuyo contenido es aún desconocido por la mayoría del personal de estas administraciones.
  • La modificación de vigente y obsoleto Decreto de adjudicación de viviendas públicas en Asturias, comprometida por la Consejera Pilar Varela en su comparecencia ante la Junta General del Principado de Asturias el mes de diciembre pasado. Entre otras carencias, este Decreto excluye los desahucios por impago de alquiler, cada vez más frecuentes, de las situaciones de emergencia que dan derecho a acceder a una vivienda social.
  • La promulgación de una ley asturiana que reconozca la vivienda como un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, cumpliendo el compromiso adoptado por el PSOE en su programa para las elecciones autonómicas de 2015.
  • La mejora de la gestión del parque de vivienda pública, que cuenta en la actualidad con 250 viviendas vacías que no pueden asignarse a familias por encontrarse pendientes de reparación.
  • La ampliación de ese exiguo parque público, que no llega al 2% del total a través de la adscripción al Servicio Público de las viviendas vacías en stock propiedad de grandes tenedores y de entidades financieras, especialmente de aquéllas que fueron rescatadas con fondos públicos.
  • El apoyo del Gobierno de Asturias a las modificaciones de la legislación estatal que contemplen la dación en pago retroactiva, la seguridad, estabilidad y regulación de los precios de los alquileres.

La reunión con el Director General de Vivienda tendrá lugar en la Consejería, como se ha dicho, el viernes 3 de agosto, a las 13:00.

La PAH de Oviedo denuncia la inoperancia de las medidas para frenar los desahucios

Ni el Ayuntamiento de Oviedo ni la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ofrecen una alternativa habitacional a una familia con dos menores, que el próximo 8 de agosto será desalojada de su piso en Ventanielles por no poder hacer frente al pago del alquiler.

Siguen incrementándose en Asturias los desahucios de familias por impago de alquiler, empujados por la elevada tasa de riesgo de pobreza, el desempleo, la precariedad laboral y el aumento de las rentas, sin que las administraciones públicas competentes, ayuntamientos y gobierno autonómico, sean capaces de combatir este drama personal y social.

Frente a la autocomplacencia del discurso oficial, la realidad demuestra la insuficiencia de las políticas desarrolladas por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para hacer frente a la situación de emergencia habitacional en que se encuentra Asturias, y que amenaza con agravarse en el corto plazo. El parque de viviendas públicas es muy reducido y se encuentra desbordado por la demanda de vivienda asequible; además el Gobierno Regional se niega a incrementar los recursos presupuestarios y a utilizar las herramientas a su alcance para poner a disposición de las familias en situación de exclusión el enorme stock de pisos vacíos, especialmente aquellas propiedad de grandes tenedores de vivienda. El presupuesto de las ayudas al alquiler se agota rápidamente y sus condiciones las convierten en inaccesibles para las familias más necesitadas. El protocolo para la prevención de desahucios, firmado el pasado 15 de marzo entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado y la Federación Asturiana de Concejos, aún no se está aplicando y permanece aún desconocido para el personal de la Administración de Justicia y de los Servicios Sociales municipales.

La exclusión residencial en Asturias no es un problema conceptual ni especulativo; al contrario, tiene rostro, nombre y apellidos. Noemí Jiménez Montoya vive con dos de sus hijos, de dos y tres años, en un piso alquilado en el barrio de Ventanielles de Oviedo. Cuando sus ingresos quedaron reducidos al salario social básico tuvo que elegir, como tantas otras familias asturianas, entre alimentar y atender a sus hijos o pagar la renta. Su desahucio está fijado el 8 de agosto. Los Servicios Sociales municipales le sugieren que busque otro piso –solución inviable teniendo en cuenta sus ingresos y los precios actuales de los alquileres- y han informado desfavorablemente su solicitud de vivienda pública por causa de emergencia social, por lo que previsiblemente la Consejería de Servicios y Derechos Sociales se la denegará.

La PAH de Oviedo exige al Ayuntamiento y al Gobierno del Principado que, con la mayor urgencia, adopten las medidas necesarias para impedir que Noemí y sus hijos tengan que vivir hacinados en una habitación de un piso compartido o en un albergue, y garantizar su derecho humano a una vivienda digna y asequible, asignándoles alguna de las más de doscientas viviendas públicas vacías pendientes de reparación, o facilitándole el acceso a una vivienda libre mediante un alquiler social, y que similares medidas se extiendan a todas las familias que, como la de Noemí, se encuentran en riesgo cierto de exclusión social en Asturias.