¿Tienes dificultades para el pago del alquiler?

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias, con la colaboración del Conseyu de la Mocedá d’Asturies, ha publicado una breve guía con información sobre cómo actuar en caso de encontrarse en dificultades para el pago del alquiler de la vivienda: a qué organismos dirigirse, qué ayudas pueden solicitarse y otras indicaciones útiles. Puedes descargarla aquí.

Recuerda: aunque, por las circunstancias, no puedas hacer el frente al pago del alquiler de tu vivienda, tienes derechos que han de ser respetados.

Menos prórrogas y más derechos

Los gobiernos de España y de Asturias y los ayuntamientos deben acabar cuanto antes con el sufrimiento de las miles de familias pendientes de desahucio garantizando su derecho fundamental a un alojamiento digno e incrementando urgentemente el parque de vivienda asequible

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias considera la prórroga de tres meses de la suspensión de los desahucios anunciada esta mañana en el Congreso por el Presidente del Gobierno de España absolutamente insuficiente para abordar la situación de emergencia habitacional que sufre nuestra Comunidad Autónoma, con miles de hogares incapaces de hacer frente al pago de sus alquileres. Si bien este nuevo aplazamiento resulta un alivio momentáneo para las más de 3.200 familias que viven en Asturias y cuyas demandas de desahucio se acumulan en los juzgados, el sufrimientopor verse expulsadas de sus viviendas sólo terminará cuando los poderes públicos responsables (Administración Central, Autonómica y ayuntamientos) hagan efectivo su derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución Española.

La Plataforma exige al Gobierno y al Parlamento de España que aprueben con la mayor urgencia una ley estatal que garantice la vivienda como un derecho subjetivo de todas las personas, con idéntica consideración a los derechos fundamentales a la salud o la educación, que regule el mercado del alquiler sobre la base de la consideración de la vivienda como un bien de uso y no de mercado, y que establezca mecanismos y recursos para facilitar el acceso de las familias en situación de vulnerabilidad a las decenas de miles de viviendas vacías a cambio de un alquiler asequible y proporcionado a sus ingresos, dando garantías a las personas propietarias de viviendas desocupadas para que las pongan en alquiler, y movilizando aquellas propiedad de entidades financieras, fondos buitre y otros grandes tenedores.

Para la garantía de este derecho ha de priorizarse a las personas en situación de exclusión residencial severa, esto es, las que viven en la calle o en condiciones inhumanas de hacinamiento e infravivienda, como las jóvenes migrantes ex-tuteladas una vez cumplida su mayoría de edad, las mujeres víctimas de trata o en contextos de prostitución, personas con problemas de salud mental, adicciones y ex-reclusas habilitando con urgencia recursos de primera acogida ante la saturación de los existentes.

Fuente: https://www.atlantico.net/

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias está integrada hasta la fecha por la Familia Vicenciana de Asturias, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Stop Desahucios (PAH) de Oviedo, la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias, Asturias Acoge, la Asociación LUAR y Médicos del Mundo de Asturias

Un autónomo en paro será desahuciado el próximo miércoles en Oviedo

Los gobiernos estatal y autonómico son incapaces de detener el drama social de los desahucios y siguen vulnerando el derecho fundamental a la vivienda en plena pandemia

El próximo miércoles 17 de marzo se llevará a cabo, por orden de un juzgado de Oviedo, un nuevo acto de violencia institucional extrema: el desahucio de una persona de su vivienda por carecer de recursos para el pago del alquiler, y sin una alternativa habitacional. La víctima en este caso es un joven autónomo de 32 años de edad, residente en el ovetense barrio de La Argañosa, a quien la crisis económica derivada del COVID-19 ha obligado a cesar su actividad y se encuentra en situación de desempleo. El Juzgado ha rechazado por dos veces los recursos presentados por su abogado de oficio, que solicitaba la suspensión del desahucio con base en la prohibición de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica aprobada por el Gobierno Estatal mientras dure el estado de alarma. Tampoco ha tenido en cuenta el Juzgado el informe de los Servicios Sociales municipales que certifica literalmente la situación del demandado como de “especial vulnerabilidad”. Se da la escandalosa circunstancia además, de que este joven, demandante de empleo y sin ingreso alguno, aún no ha recibido la prestación por cese de actividad, ni ha tenido respuesta de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a su solicitud de ayuda extraordinaria al alquiler presentada hace meses.

Estos hechos, en su crudeza, ponen de manifiesto que la repetida promesa de los Gobiernos de España y de Asturias de “no dejar nadie atrás” en esta pandemia no es más que indignante palabrería hueca. En España, a pesar de la profunda crisis social y económica ocasionada por el COVID-19, los juzgados siguen poniendo en la calle a las personas más vulnerables, mientras que miles de viviendas propiedad de los bancos y de los fondos de inversión permanecen vacías.

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias exige al Gobierno de Asturias que ponga fin a este drama personal y social y adopte las medidas necesarias para garantizar a esta nueva víctima de un desahucio su derecho fundamental a una vivienda digna, facilitándole una alternativa habitacional asequible en proporción a sus ingresos.

Jueces y afectados por la hipoteca, de acuerdo en la urgente necesidad de más recursos humanos para prevenir los desahucios

El Principado de Asturias y el Consejo General del Poder Judicial deben dotar a los juzgados de oficinas de asistencia a las personas en situación de exclusión social y contener el incremento de los lanzamientos, especialmente por impago del alquiler.

La reunión celebrada el pasado viernes 19 de octubre entre la Magistrada-Juez Decana, D.ª Pilar Martínez Ceyanes, y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo puso de manifiesto la confluencia de ambas partes en el diagnóstico sobre la insuficiencia de las medidas adoptadas para hacer frente al constante aumento de las demandas por impago de alquiler y que, en demasiadas ocasiones, como la PAH de Oviedo tiene comprobado, terminan en desahucio sin que las familias afectadas dispongan una alternativa habitacional.

La Plataforma viene reclamando incluir en el Convenio firmado hace poco más de seis meses entre el Principado de Asturias, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos el compromiso de dotar a los juzgados de unidades especializadas integradas por profesionales del Trabajo Social, que valoren las situaciones de exclusión social en que se encuentren las familias demandadas y activen los mecanismos necesarios en el sistema de Servicios Sociales para atenderlas. Una exigencia que, según informó durante la reunión la Sra. Martínez Ceyanes, es compartida también por los jueces y juezas decanos de toda España, quienes el pasado 17 de octubre y con ocasión de la celebración de sus XXVIII Jornadas Nacionales, demandaron la creación de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito previstas en la Ley 4/2015 por el que se regula su Estatuto, y su ampliación para atender a otras personas en situación de exclusión social que se ven envueltas en procedimientos judiciales, entre las que se encuentran aquellas que se enfrentan a demandas de desahucio.

La PAH de Oviedo exhorta al Gobierno del Principado de Asturias y al Consejo General del Poder Judicial a proveer la dotación económica necesaria para crear estos equipos específicos integrados por profesionales del Trabajo Social. Detectar las situaciones de riesgo de exclusión residencial –en la que se encuentra, según los últimos informes disponibles, una de cada cuatro familias asturianas- y asignar los recursos necesarios para evitar que se agudicen y desemboquen en actos de violencia extrema como despojar a una familia de su vivienda, evitaría someterlas a este doloroso trance y aliviaría además la actual presión sobre el parque público de vivienda, completamente desbordado por la demanda existente y que, dada la tendencia al alza de los precios de los alquileres, se incrementará en los próximos meses.

La crisis habitacional se cobra cinco nuevas víctimas en Oviedo

El Juzgado ignora el recurso y echa a la calle a la familia de La Tenderina, con dos menores a su cargo.

Sin molestarse en contestar siquiera la solicitud de suspensión presentada in extremis el viernes pasado, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo ha consumado esta mañana el desahucio de la familia de cinco miembros -dos de ellos menores de edad-, de su vivienda en La Tenderina, y les condena así a la marginalidad y la exclusión residencial, puesto que carecen de recursos para acceder a otra vivienda en alquiler en el mercado libre. Con esta cruel decisión, el Juzgado ignora diversos tratados suscritos por el Estado Español -que también forman parte de nuestro ordenamiento jurídico-, entre ellos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que reconoce la vivienda como un derecho fundamental, y la Convención de Derechos del Niño de 1989, que protege el interés superior de los menores ante cualquier situación de riesgo, e impone a todos los poderes públicos la obligación de velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. El Poder Judicial no puede seguir mirando para otro lado y amparándose en el cumplimiento de las formalidades procedimentales; debe poner fin sin demora a los desahucios sin alternativa habitacional, una forma extrema de violencia institucional, ejercida contra personas en situación de vulnerabilidad social hasta el punto de privarles de su único alojamiento.

La familia puesta en la calle esta mañana en La Tenderina es una de las 40.000 asturianas que tienen todos sus miembros en paro, y una de las 9.000 que en Oviedo no pueden hacer frente a los gastos corrientes de su vivienda (alquiler, hipoteca y suministros). Miles de hogares que malviven con menos de treinta euros al día, oficialmente en situación de pobreza severa, y no pueden acceder a una vivienda de alquiler porque no disponen de un contrato laboral exigido como garantía mínima por los arrendadores. Por eso resultan especialmente reprobables, por cínicas y humillantes, las declaraciones de la concejala de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, negando que la familia desahuciada se encuentre en situación de vulnerabilidad social.

No es por su gusto, como desvergonzadamente da a entender la Sra. Ponga, que la familia esté en paro y carezca de un techo donde cobijarse. No han rechazado ninguna alternativa del Ayuntamiento, sencillamente porque una ayuda puntual para pagar los tres primeros meses de renta no es tal, ya que al no disponer de un empleo y una nómina, no tienen siquiera opción a firmar el contrato de alquiler. No quieren un piso gratis, ni recurrir indefinidamente a las exiguas ayudas sociales; lo único que reclaman es su derecho humano fundamental a disponer de una vivienda a cambio de un alquiler adecuado y proporcionado a sus ingresos, que el mercado libre les niega. Ayuntamiento de Oviedo y Gobierno del Principado no pueden continuar por más tiempo obviando la actual situación de emergencia, y deben adoptar las medidas necesarias y asignar los recursos precisos para incrementar el parque de viviendas de renta asequible, de manera que no se ejecute ni un desahucio más sin alternativa habitacional.

Afectados por la Hipoteca de Oviedo alerta de un nuevo desahucio de una familia con tres menores

La Plataforma convoca una concentración de protesta por la pasividad del Ayuntamiento de Oviedo y la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ante la escalada de los desahucios por impago de alquiler.

El próximo martes 4 de junio, a las 10:45 horas, está señalado por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo el desahucio de una familia compuesta por cinco miembros, dos de ellos menores (10 y 16 años), por carecer de recursos suficientes para el pago del alquiler del piso en el que residen en el barrio de La Tenderina. Sus únicos ingresos ascienden a unos 800 € al mes, correspondientes al Salario Social Básico y otras ayudas sociales menores que apenas les permiten hacer frente a los gastos básicos de alimentación y suministros básicos, y que les sitúa en el grupo de las 25.000 familias asturianas en situación de pobreza severa.

A pesar de cumplir los requisitos legalmente exigidos, el Ayuntamiento de Oviedo les ha denegado el acceso a una vivienda pública por causa de emergencia social, argumentando que “no necesitan atención especial” por parte de los Servicios Sociales, y se limita a aconsejarles como solución que se busquen otra vivienda de alquiler “en el mercado libre”. Una opción imposible puesto que, como asegura la madre de la familia, “a todos los sitios que llamo, me exigen como garantía de pago un contrato de trabajo, las últimas nóminas y en algunos hasta la vida laboral; en cuanto digo que cobramos el salario social, se acaba la conversación”. Y respalda esta aseveración con una lista de 16 pisos identificados con su dirección, número de habitaciones, coste de la renta, teléfono del arrendatario, y requisitos para acceder al alquiler, que incluyen invariablemente un contrato de trabajo y hasta las tres últimas nóminas.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo ha convocado una concentración de protesta el próximo viernes 31 de mayo, a las 11:00, ante la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, para denunciar públicamente una vez más la vulneración por parte del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo del derecho fundamental -garantizado en diversos tratados internacionales-, de esta familia ovetense a una vivienda digna a cambio de un alquiler acorde a sus recursos económicos. Y desgraciadamente no se trata de un caso aislado: 38.000 personas en Oviedo se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, y 9.000 familias no pueden hacer frente a retrasos en el pago de gastos de su vivienda. Mientras tanto, no existen viviendas públicas vacantes disponibles en Oviedo, en los últimos cuatro años no se ha terminado ni una sola vivienda social, y más de 20.000 pisos permanecen vacíos. Ante esta situación de verdadera emergencia habitacional, Ayuntamiento y Principado de Asturias no pueden permanecer por más tiempo impasibles y han de acometer urgentemente acciones concretas para garantizar el derecho fundamental a la vivienda.

Las “soluciones” ofrecidas por Ayuntamiento y pPincipado a la familia desahuciada de La Tenderina, un ejercicio de cinismo político

La PAH de Oviedo denuncia que las ayudas al alquiler son insuficientes para garantizar el derecho a la vivienda de las familias en situación de pobreza.

Las recientes declaraciones del Director General de Vivienda del Principado de Asturias, Fermín Bravo, afirmando que la familia de La Tenderina desahuciada por impago del alquiler la mañana del martes pasado rechazó ayudas de su Consejería para el alquiler de otra vivienda en el mercado libre, constituyen una irresponsabilidad manifiesta y un nuevo e inaceptable ejercicio de cinismo político.

Por su trayectoria profesional, no cabe atribuir estas afirmaciones al desconocimiento del mercado de alquiler en Asturias. El Sr. Bravo sabe perfectamente que cualquier propietario exige a los posibles arrendatarios de su vivienda una nómina que acredite que perciben ingresos estables y suficientes, condición que excluye, ya de partida, a una familia perceptora del salario social básico como la desalojada el martes en La Tenderina. Por otra parte, las ayudas al alquiler que ofrece la Consejería de Servicios y Derechos Sociales como solución se convocan anualmente (la última, en junio de este año), se resuelven con meses de retraso (las solicitudes presentadas en el último plazo, finalizado en septiembre, aún están pendientes); no cubren todas las necesidades (896 solicitudes que cumplían todos los requisitos fueron denegadas por falta de crédito), y alcanzan como máximo el 50% del alquiler, por lo que teniendo en cuenta el precio medio de los alquileres en Oviedo (en torno a 400 € mensuales) son insuficientes para que familias en situación de pobreza, y cuyo único ingreso es el salario social básico, puedan satisfacer sus necesidades más esenciales. La “alternativa” que plantea el Principado, en estas condiciones, abocaría ineludiblemente a una nueva demanda de desahucio, con el consiguiente perjuicio para todas las partes, incluida la propietaria, cuyos derechos PAH Oviedo también reconoce y respeta.

Así las cosas, la solución del alojamiento «provisional y temporal» de la pareja y su bebé de once meses en el Albergue de Transeúntes Cano Mata ofrecida por el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado –y que incluso el Juzgado ejecutor, insólitamente, del desahucio considera válida- se demuestra a todas luces inaceptable, puesto que esa supuesta temporalidad se convertiría en permanencia indefinida en un centro completamente inadecuado, cuyos recursos están especializados en la atención de personas con problemáticas sociales y personales absolutamente distintas. La Consejera de Servicios y Derechos Sociales Pilar Varela debe explicar públicamente si considera que un entorno donde se atienden situaciones de drogodependencia, alcoholismo y otras formas extremas de exclusión social es el más adecuado para un bebé de once meses.

El TSJA, absolutamente alejado de la realidad social e insensible a la emergencia habitacional que sufre asturias

La PAH de Oviedo desmonta con datos las imprudentes y escandalosas explicaciones del Tribunal Superior del desahucio de la pareja de jóvenes y su hijo de once meses ejecutado ayer.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo rechaza por lamentables y escandalosas las explicaciones ofrecidas ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre el desahucio de la pareja y su hijo de 11 de meses, ejecutado finalmente a primera hora de la mañana de ayer. Resulta completamente inadmisible e impropio de uno de los poderes del Estado afirmar que esta familia, que cuenta como únicos ingresos los correspondientes al Salario Social Básico, 642 € mensuales, “no puede ser considerada como vulnerable por razón económica”.

De acuerdo con el Informe sobre el Estado de la Pobreza de 2018 elaborado por la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, presentado recientemente en la Junta General del Principado y elaborado sobre los datos del Instituto Nacional de Estadística, el umbral de riesgo de pobreza en Asturias está situado en el 60% de la renta media ponderada, esto es, 785 € mensuales, y el umbral de la pobreza severa, en el 30% de dicha cantidad, es decir, 355 €. Pues bien, la renta de la familia expulsada ayer de su vivienda, ponderada en función de sus miembros, resulta ser de 356 € mensuales; de lo que se deduce que no sólo se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, sino en el borde mismo de la pobreza severa, y aun cobrando el salario social básico.

En esta situación, más inaceptable aún resulta el reproche del Tribunal de haber percibido una ayuda de garantía energética de 123 € y “una cantidad considerable” en concepto de atrasos del salario social, a los que la familia tenía derecho debido al retraso de diez meses en su concesión acumulado por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales (se solicitó en febrero de 2018 y se empezó a percibir en diciembre), y que en todo caso no pueden exceder el importe de tres mensualidades (1.925 €). Estas valoraciones demuestran sin género de dudas una alarmante conclusión: el TSJA ignora por completo la realidad social asturiana y la crisis habitacional que sufre un amplio sector de la población asturiana. Con poco más de 20 € al día, una familia de tres miembros es incapaz de satisfacer sus necesidades materiales básicas de alimentación, vivienda y vestido, y la actuación del Juzgado ejecutando su desahucio y la inhibición del Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias negándoles una alternativa habitacional adecuada no hace sino condenarles a la marginación y la exclusión social.

La Plataforma Antidesahucios de Oviedo denuncia al Ayuntamiento y al Principado ante la ONU por vulneración del derecho humano a la vivienda

La Consejería de Servicios Sociales y la Concejalía de Atención a las Personas siguen inhibiéndose de su responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional digna al desahucio de la pareja de La Tenderina y su bebé de 11 meses.

La familia formada por una joven pareja y su bebé de 11 meses no sabrá hasta hora y media antes si tendrán que desalojar forzosamente su vivienda de alquiler en el barrio de La Tenderina de Oviedo. A las nueve de la mañana del próximo martes 8 de enero el juez les ha convocado para comunicarles si finalmente atiende su solicitud de suspensión provisional del desahucio señalado para las diez y media, presentada in extremis ayer viernes, una vez que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo abandonó definitivamente cualquier esperanza de que el Principado de Asturias o el Ayuntamiento de Oviedo asumieran su responsabilidad a tiempo y les facilitaran la vivienda digna a que, en su situación, tienen derecho. El último esfuerzo vano, un mensaje de correo electrónico dirigido el 28 de diciembre al Director General de Vivienda, Fermín Bravo, que no obtuvo respuesta.

La solicitud urgente de suspensión provisional formulada al Juzgado se fundamenta en el reciente Dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas sobre España (Comunicación nº 5/2015). Esta resolución internacional, al amparo del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional DESC ratificado por nuestro país y por lo tanto vinculante para todas las instituciones del Estado, declara la vulneración del Derecho a la Vivienda por no impedir un desahucio sin alternativa habitacional en un caso de alquiler sobre vivienda particular en Madrid, y condena a España por este motivo. Se invoca también ante el Juzgado la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de2017, que establece la necesidad de practicar antes de cualquier desalojo un juicio de proporcionalidad, y llama la atención a los casos especialmente sangrantes de desahucios con presencia de niños, niñas o adolescentes, en los que la obligación de las administraciones competentes es aún mayor por efecto de la Convención de Derechos del Niño de 1989.

Asimismo, y ante el abandono y la pasividad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado y de la Concejalía de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, que se cruzan de brazos, miran para otro lado ante el drama que encara esta joven familia y no ofrecen otra solución que alojarles temporalmente en un albergue, la PAH de Oviedo ha presentado una denuncia ante el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU con sede en Ginebra, por vulneración de su derecho a una vivienda digna contemplado en el artículo 11 del Pacto Internacional suscrito por el Estado Español y, por tanto, de obligado cumplimiento para todas sus instituciones. Mientras el Comité examina la denuncia, se le ha solicitado que requiera al Estado Español la suspensión del desahucio, o alternativamente se facilite a la familia el acceso a una vivienda en las condiciones mínimas de estabilidad y seguridad en la tenencia.

En la situación de crisis habitacional que estamos atravesando, con más de 80.000 viviendas vacías en Asturias -10 mil de ellas sin estrenar-, mientras que los desahucios por impago de alquiler se incrementan aceleradamente, la PAH Oviedo exige al Gobierno del Principado de Asturias que abandone su discurso triunfalista y autocomplaciente y aplique todos los recursos necesarios para incrementar el parque de viviendas de alquiler asequible hasta cubrir las necesidades, como es su obligación de acuerdo con los tratados internacionales.

Un albergue de transeúntes, solución de la Consejería de Servicios Sociales al desahucio de una pareja ovetense y su hijo de once meses

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo denuncia la degradación de la política de vivienda en Asturias, incapaz de ofrecer alternativas dignas a la acuciante crisis de los desahucios por impago de alquiler

Una joven pareja y su bebé de 11 meses se enfrentan al desahucio por impago del alquiler de la vivienda de la Avenida de Torrelavega de Oviedo en donde residen, señalado para el próximo martes 8 de enero. Con el apoyo de la PAH, obtuvieron in extremis un primer aplazamiento del desahucio previsto el 21 de noviembre; posteriormente el Juzgado solicitó informe a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo y, a la vista de su contenido, señaló el día 8 de enero para el desalojo forzoso de la familia de su vivienda.

El informe de los Servicios Sociales municipales reconoce explícitamente la situación de vulnerabilidad social de esta familia, que se encuentra en búsqueda activa de empleo, atiende regularmente el programa de intervención de la Unidad de Trabajo Social, y cuyos únicos ingresos son los 642 € mensuales correspondientes al Salario Social Básico. Al no disponer de una nómina y del resto de garantías exigidas, les resulta imposible acceder a otro piso en alquiler en el mercado libre; sin embargo la alternativa ofrecida por la UTS al desahucio es un alojamiento temporal en un apartamento del Albergue Cano Mata en Oviedo, opción por su precariedad de todo punto inadecuada e inaceptable, tanto para la familia como para la Plataforma Antidesahucios. El desalojo inminente y el riesgo de exclusión residencial al que se enfrentan configuran la situación como de emergencia social por lo que, amparándose en la normativa vigente han solicitado al Principado de Asturias acceder a un alquiler estable y proporcional a sus ingresos en una vivienda pública, hasta el momento sin respuesta.

Las gestiones realizadas por la PAH de Oviedo ante las administraciones responsables han resultado, hasta el momento, infructuosas. La Concejala de Atención a las Personas, Marisa Ponga, ni siquiera ha respondido a las llamadas; la Consejera de Servicios y Derechos Sociales Pilar Varela sigue ignorando la realidad de la crisis habitacional que atraviesa Asturias, la imposibilidad de los hogares en exclusión social para acceder a un alquiler libre, e insiste en enviar a esta pareja y su hijo de once meses al albergue. Subterfugios y evasivas que no esconden el verdadero problema: la inexistencia de un parque público con el tamaño suficiente para atender las necesidades de vivienda.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo denuncia esta nueva involución en la ya de por sí inoperante política de vivienda en Asturias, rechaza los remedios precarios y exige que el Gobierno del Principado y los ayuntamientos, de una vez por todas y en cumplimiento de su responsabilidad, asignen todos los recursos necesarios para poner a disposición de las familias en riesgo de exclusión más viviendas en alquiler asequible –incluyendo por ejemplo la intermediación entre propietarios e inquilinos-, y garantizar su derecho a disponer de un hogar donde poder desarrollar su proyecto de vida con las mínimas condiciones de seguridad y estabilidad.