La crisis habitacional se cobra cinco nuevas víctimas en Oviedo

El Juzgado ignora el recurso y echa a la calle a la familia de La Tenderina, con dos menores a su cargo.

Sin molestarse en contestar siquiera la solicitud de suspensión presentada in extremis el viernes pasado, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo ha consumado esta mañana el desahucio de la familia de cinco miembros -dos de ellos menores de edad-, de su vivienda en La Tenderina, y les condena así a la marginalidad y la exclusión residencial, puesto que carecen de recursos para acceder a otra vivienda en alquiler en el mercado libre. Con esta cruel decisión, el Juzgado ignora diversos tratados suscritos por el Estado Español -que también forman parte de nuestro ordenamiento jurídico-, entre ellos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que reconoce la vivienda como un derecho fundamental, y la Convención de Derechos del Niño de 1989, que protege el interés superior de los menores ante cualquier situación de riesgo, e impone a todos los poderes públicos la obligación de velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. El Poder Judicial no puede seguir mirando para otro lado y amparándose en el cumplimiento de las formalidades procedimentales; debe poner fin sin demora a los desahucios sin alternativa habitacional, una forma extrema de violencia institucional, ejercida contra personas en situación de vulnerabilidad social hasta el punto de privarles de su único alojamiento.

La familia puesta en la calle esta mañana en La Tenderina es una de las 40.000 asturianas que tienen todos sus miembros en paro, y una de las 9.000 que en Oviedo no pueden hacer frente a los gastos corrientes de su vivienda (alquiler, hipoteca y suministros). Miles de hogares que malviven con menos de treinta euros al día, oficialmente en situación de pobreza severa, y no pueden acceder a una vivienda de alquiler porque no disponen de un contrato laboral exigido como garantía mínima por los arrendadores. Por eso resultan especialmente reprobables, por cínicas y humillantes, las declaraciones de la concejala de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, negando que la familia desahuciada se encuentre en situación de vulnerabilidad social.

No es por su gusto, como desvergonzadamente da a entender la Sra. Ponga, que la familia esté en paro y carezca de un techo donde cobijarse. No han rechazado ninguna alternativa del Ayuntamiento, sencillamente porque una ayuda puntual para pagar los tres primeros meses de renta no es tal, ya que al no disponer de un empleo y una nómina, no tienen siquiera opción a firmar el contrato de alquiler. No quieren un piso gratis, ni recurrir indefinidamente a las exiguas ayudas sociales; lo único que reclaman es su derecho humano fundamental a disponer de una vivienda a cambio de un alquiler adecuado y proporcionado a sus ingresos, que el mercado libre les niega. Ayuntamiento de Oviedo y Gobierno del Principado no pueden continuar por más tiempo obviando la actual situación de emergencia, y deben adoptar las medidas necesarias y asignar los recursos precisos para incrementar el parque de viviendas de renta asequible, de manera que no se ejecute ni un desahucio más sin alternativa habitacional.

El TSJA, absolutamente alejado de la realidad social e insensible a la emergencia habitacional que sufre asturias

La PAH de Oviedo desmonta con datos las imprudentes y escandalosas explicaciones del Tribunal Superior del desahucio de la pareja de jóvenes y su hijo de once meses ejecutado ayer.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo rechaza por lamentables y escandalosas las explicaciones ofrecidas ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre el desahucio de la pareja y su hijo de 11 de meses, ejecutado finalmente a primera hora de la mañana de ayer. Resulta completamente inadmisible e impropio de uno de los poderes del Estado afirmar que esta familia, que cuenta como únicos ingresos los correspondientes al Salario Social Básico, 642 € mensuales, “no puede ser considerada como vulnerable por razón económica”.

De acuerdo con el Informe sobre el Estado de la Pobreza de 2018 elaborado por la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, presentado recientemente en la Junta General del Principado y elaborado sobre los datos del Instituto Nacional de Estadística, el umbral de riesgo de pobreza en Asturias está situado en el 60% de la renta media ponderada, esto es, 785 € mensuales, y el umbral de la pobreza severa, en el 30% de dicha cantidad, es decir, 355 €. Pues bien, la renta de la familia expulsada ayer de su vivienda, ponderada en función de sus miembros, resulta ser de 356 € mensuales; de lo que se deduce que no sólo se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, sino en el borde mismo de la pobreza severa, y aun cobrando el salario social básico.

En esta situación, más inaceptable aún resulta el reproche del Tribunal de haber percibido una ayuda de garantía energética de 123 € y “una cantidad considerable” en concepto de atrasos del salario social, a los que la familia tenía derecho debido al retraso de diez meses en su concesión acumulado por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales (se solicitó en febrero de 2018 y se empezó a percibir en diciembre), y que en todo caso no pueden exceder el importe de tres mensualidades (1.925 €). Estas valoraciones demuestran sin género de dudas una alarmante conclusión: el TSJA ignora por completo la realidad social asturiana y la crisis habitacional que sufre un amplio sector de la población asturiana. Con poco más de 20 € al día, una familia de tres miembros es incapaz de satisfacer sus necesidades materiales básicas de alimentación, vivienda y vestido, y la actuación del Juzgado ejecutando su desahucio y la inhibición del Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias negándoles una alternativa habitacional adecuada no hace sino condenarles a la marginación y la exclusión social.

La ONU solicita la suspensión cautelar del desahucio de la familia de La Tenderina

La resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales resulta vinculante para el Juzgado, en virtud del Protocolo Facultativo de aplicación del Pacto Internacional, ratificado por el Estado Español.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha admitido la denuncia contra el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias formulada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo y, mediante un escrito recibido esta mañana, ha comunicado que ha solicitado al Estado Español, como firmante del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que suspenda el desahucio de la vivienda actualmente ocupada por la joven familia de La Tenderina previsto para mañana a las 10:30. El Comité DESC del Alto Comisionado adopta esta decisión para evitar «daños irreparables a la familia», y el desalojo ha de quedar suspendido de forma cautelar mientras se examina la denuncia o, alternativamente, se les otorga una vivienda adecuada a sus necesidades. En el marco del procedimiento de investigación, el Comité solicita asimismo a la PAH de Oviedo más información acerca de la inadecuación de la solución propuesta por el Ayuntamiento y el Principado, el alojamiento de la familia en el Albergue Cano Mata.

Mañana martes a las 09:00, la familia afectada con el apoyo de la PAH de Oviedo presentará en el Juzgado un escrito comunicando la medida cautelar decretada por el Comité DESC, y solicitando la suspensión del desahucio, previsto para hora y media después. El dictamen del Comité es vinculante para el Juzgado y todas las instituciones que componen el Estado Español, al haber suscrito nuestro país el Protocolo Facultativo para la aplicación del Pacto Internacional. En todo caso, por si el Juzgado no atendiera esta solicitud, la PAH de Oviedo mantiene la convocatoria en apoyo de la familia afectada mañana martes 8 de enero a las 09:00 en el Campo de los Patos.

Se abre ahora un procedimiento internacional en el que el Comité DESC solicitará información al Estado Español y abrirá un periodo de alegaciones, a resultas del cual adoptará una decisión final. El Comité ya acumula numerosos antecedentes de resoluciones condenatorias del Estado Español por vulneración del derecho humano a la vivienda. Durante el procedimiento abierto el Principado de Asturias, como titular de las competencias exclusivas en materia de vivienda, y en concreto la Consejera de Servicios y Derechos Sociales Pilar Varela tendrá la oportunidad de explicar si, como ha afirmado recientemente el Director General Fermín Bravo, el Gobierno de Asturias desiste definitivamente de incrementar el parque público de vivienda y su nueva política consiste en alojar a las familias en riesgo de exclusión social en albergues de transeúntes.

La Plataforma Antidesahucios de Oviedo denuncia al Ayuntamiento y al Principado ante la ONU por vulneración del derecho humano a la vivienda

La Consejería de Servicios Sociales y la Concejalía de Atención a las Personas siguen inhibiéndose de su responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional digna al desahucio de la pareja de La Tenderina y su bebé de 11 meses.

La familia formada por una joven pareja y su bebé de 11 meses no sabrá hasta hora y media antes si tendrán que desalojar forzosamente su vivienda de alquiler en el barrio de La Tenderina de Oviedo. A las nueve de la mañana del próximo martes 8 de enero el juez les ha convocado para comunicarles si finalmente atiende su solicitud de suspensión provisional del desahucio señalado para las diez y media, presentada in extremis ayer viernes, una vez que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo abandonó definitivamente cualquier esperanza de que el Principado de Asturias o el Ayuntamiento de Oviedo asumieran su responsabilidad a tiempo y les facilitaran la vivienda digna a que, en su situación, tienen derecho. El último esfuerzo vano, un mensaje de correo electrónico dirigido el 28 de diciembre al Director General de Vivienda, Fermín Bravo, que no obtuvo respuesta.

La solicitud urgente de suspensión provisional formulada al Juzgado se fundamenta en el reciente Dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas sobre España (Comunicación nº 5/2015). Esta resolución internacional, al amparo del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional DESC ratificado por nuestro país y por lo tanto vinculante para todas las instituciones del Estado, declara la vulneración del Derecho a la Vivienda por no impedir un desahucio sin alternativa habitacional en un caso de alquiler sobre vivienda particular en Madrid, y condena a España por este motivo. Se invoca también ante el Juzgado la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de2017, que establece la necesidad de practicar antes de cualquier desalojo un juicio de proporcionalidad, y llama la atención a los casos especialmente sangrantes de desahucios con presencia de niños, niñas o adolescentes, en los que la obligación de las administraciones competentes es aún mayor por efecto de la Convención de Derechos del Niño de 1989.

Asimismo, y ante el abandono y la pasividad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado y de la Concejalía de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, que se cruzan de brazos, miran para otro lado ante el drama que encara esta joven familia y no ofrecen otra solución que alojarles temporalmente en un albergue, la PAH de Oviedo ha presentado una denuncia ante el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU con sede en Ginebra, por vulneración de su derecho a una vivienda digna contemplado en el artículo 11 del Pacto Internacional suscrito por el Estado Español y, por tanto, de obligado cumplimiento para todas sus instituciones. Mientras el Comité examina la denuncia, se le ha solicitado que requiera al Estado Español la suspensión del desahucio, o alternativamente se facilite a la familia el acceso a una vivienda en las condiciones mínimas de estabilidad y seguridad en la tenencia.

En la situación de crisis habitacional que estamos atravesando, con más de 80.000 viviendas vacías en Asturias -10 mil de ellas sin estrenar-, mientras que los desahucios por impago de alquiler se incrementan aceleradamente, la PAH Oviedo exige al Gobierno del Principado de Asturias que abandone su discurso triunfalista y autocomplaciente y aplique todos los recursos necesarios para incrementar el parque de viviendas de alquiler asequible hasta cubrir las necesidades, como es su obligación de acuerdo con los tratados internacionales.

Dos ancianos pasan dos noches en el Parque San Francisco tras ser desahuciados de su vivienda

La PAH de Oviedo denuncia el incumplimiento por parte del Juzgado del convenio para la prevención de desahucios, que le obliga a comunicar a los servicios sociales municipales las situaciones de especial vulnerabilidad o exclusión social.

El pasado 18 de septiembre un juzgado de Oviedo ejecutó el desahucio de F. y E., un matrimonio de 74 y 72 años cuyos ingresos, provenientes de una pensión no contributiva, no les permitían costear el alquiler de la vivienda en que residían. Al carecer de un alojamiento alternativo, completamente desamparados y conmocionados por la situación a la que se veían abocados, pasaron dos días completos con sus noches a la intemperie, sentados en un banco del Parque San Francisco, hasta que integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo tuvieron conocimiento de su estado y, con su apoyo, accedieron a un alojamiento provisional y precario mientras se gestiona ante los servicios sociales municipales una solución definitiva.

El Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de concejos firmaron el 15 de marzo de este año un convenio que establece un protocolo de actuación para la prevención de situaciones de exclusión residencial extrema como la que sufre este matrimonio septuagenario ovetense. En virtud de ese protocolo, los juzgados que reciben demandas por impago de alquiler están obligados a evaluar si la familia demandada se encuentra en situación de riesgo de exclusión social y, en caso afirmativo, facilitarle información acerca de los recursos de asistencia social disponibles y además trasladar el caso a los servicios sociales municipales para que adopten las medidas oportunas para garantizar sus derechos sociales. Incluso, el convenio expresamente considera a las personas mayores de 65 años objeto de atención especial. La PAH de Oviedo denuncia públicamente que el juzgado ha ignorado todos estos compromisos y que su actuación negligente e inhumana ordenando sin miramientos el desahucio de este matrimonio resulta incompatible con el respeto a su derecho fundamental a disponer de una vivienda adecuada reconocido en diversos convenios internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por España el 28 de Septiembre de 1976 y ratificado el 27 de abril de 1977. Este convenio obliga a jueces y juezas a examinar con detenimiento e independencia las circunstancias de cada caso, la proporcionalidad de una medida extrema como el desalojo, y su impacto en la vida de las personas objeto del desahucio. Como ha afirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “La pérdida del hogar es la forma más extrema de injerencia en el derecho al respeto del hogar. Cualquier persona que pueda sufrir una injerencia de esta magnitud debería en principio poder hacer que un tribunal independiente decidiese la proporcionalidad de la medida”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Asturias solicitará inmediatamente una reunión al Decano de los Juzgados de Oviedo para trasladarle esta situación y urgirle la adopción de medidas en cumplimiento del protocolo de prevención de desahucios de manera que ni una familia más se vea abocada a vivir en la calle.