Decepción en PAH Oviedo por la respuesta de Gobierno, CGPJ y FACC a la crisis de los desahucios

El “informe de vulnerabilidad” solicitado por los juzgados a los Servicios Sociales municipales resulta insuficiente para detectar las situaciones de exclusión social y evitar los lanzamientos.

La modificación, apenas medio año después de su firma, del Convenio para la detección de situaciones de vulnerabilidad social en procedimientos de desahucio, acordada en reunión extraordinaria por el Gobierno del Principado, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos resulta completamente insuficiente para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que padece Asturias y que, teniendo en cuenta la evolución prevista de los salarios y de los precios de los alquileres, a corto plazo no hará sino agravarse. Más allá de las declaraciones triunfalistas de las partes sobre el buen funcionamiento del actual protocolo para la prevención de desahucios –completamente alejadas de la realidad asturiana, donde la tasa de incremento de los desahucios por impago de alquiler triplica la media nacional-, el exiguo resultado del pregonado encuentro se redujo a introducir una nueva cláusula en el Convenio, en virtud de la cual los juzgados solicitarán a los servicios sociales municipales un informe sobre la situación de vulnerabilidad de las familias objeto de procedimientos de desahucio.

Esta medida demuestra un completo desconocimiento del drama personal y social que sufren las familias que, por carecer de recursos, se enfrentan al doloroso trance de ser desalojadas de su vivienda. En muchas ocasiones los servicios sociales municipales no tienen conocimiento de estas situaciones, puesto que las familias optan por aguantar por sí solas su situación y evitar así la vergüenza de que sea conocida por sus vecinos e incluso sus parientes; en otras el desconcierto y la confusión les impiden hasta ser conscientes de la gravedad de su estado; o no pocas veces simplemente han perdido la esperanza de que puedan recibir la atención que precisan. Por eso son inaceptables los intentos reiterados de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de culpabilizar a las personas vulnerables de su situación por no acudir a los servicios sociales. Para detectar estas situaciones y adoptar medidas es imprescindible que, al igual que en las jurisdicciones de familia o de menores, personal propio especializado en Trabajo Social visite la vivienda y valore los posibles riesgos de exclusión social a que están sometidos sus habitantes.La PAH de Oviedo seguirá exigiendo la observancia de las medidas previstas en el protocolo hasta ahora incumplidas (información a las personas afectadas de sus derechos y los recursos sociales a su disposición, formación específica al personal de los juzgados, elaboración de bases de datos fiables sobre desahucios) y proponiendo otras nuevas, tales como la notificación personal o la dotación a los juzgados de recursos materiales y humanos necesarios. Apelando, en definitiva, a la responsabilidad de los poderes públicos para detener la nueva escalada de desahucios que se avecina y asegurar el derecho fundamental de las familias asturianas a disponer de una vivienda a cambio de un alquiler asequible, en función de sus ingresos y vivir así con seguridad y dignidad.

La PAH de Oviedo exigirá a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales una alternativa habitacional para Noemí Jiménez y su familia

Ésta y otras reivindicaciones para el cumplimiento efectivo del derecho fundamental a la vivienda serán planteadas por la Plataforma al Director General en una reunión a celebrar el próximo viernes.

Medidas concretas para evitar que el próximo 8 de agosto, cuando sean desahuciados de su piso en el barrio de Ventanielles de Oviedo por carecer de recursos suficientes para hacer frente al pago del alquiler, Noemí Jiménez y sus dos hijos menores no tengan que cobijarse, como otras familias asturianas en su misma situación, en un albergue o un automóvil. Ése es el objetivo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo se ha marcado para la reunión con el Director General de Vivienda Fermín Bravo el próximo viernes 3 de agosto, invocando la obligación de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, de acuerdo con la Constitución Española y los tratados internacionales vigentes, de garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los hogares asturianos en situación de exclusión residencial.

Otras cuestiones que figuran en la agenda de la reunión serán:

  • El incumplimiento del protocolo para prevención de desahucios suscrito por el Principado de Asturias, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos el 15 de marzo de este año, que prevé entre otras medidas la comunicación a los servicios sociales municipales de las situaciones de riesgo de exclusión residencial detectadas en los juzgados, pero cuyo contenido es aún desconocido por la mayoría del personal de estas administraciones.
  • La modificación de vigente y obsoleto Decreto de adjudicación de viviendas públicas en Asturias, comprometida por la Consejera Pilar Varela en su comparecencia ante la Junta General del Principado de Asturias el mes de diciembre pasado. Entre otras carencias, este Decreto excluye los desahucios por impago de alquiler, cada vez más frecuentes, de las situaciones de emergencia que dan derecho a acceder a una vivienda social.
  • La promulgación de una ley asturiana que reconozca la vivienda como un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, cumpliendo el compromiso adoptado por el PSOE en su programa para las elecciones autonómicas de 2015.
  • La mejora de la gestión del parque de vivienda pública, que cuenta en la actualidad con 250 viviendas vacías que no pueden asignarse a familias por encontrarse pendientes de reparación.
  • La ampliación de ese exiguo parque público, que no llega al 2% del total a través de la adscripción al Servicio Público de las viviendas vacías en stock propiedad de grandes tenedores y de entidades financieras, especialmente de aquéllas que fueron rescatadas con fondos públicos.
  • El apoyo del Gobierno de Asturias a las modificaciones de la legislación estatal que contemplen la dación en pago retroactiva, la seguridad, estabilidad y regulación de los precios de los alquileres.

La reunión con el Director General de Vivienda tendrá lugar en la Consejería, como se ha dicho, el viernes 3 de agosto, a las 13:00.

La PAH de Oviedo denuncia la inoperancia de las medidas para frenar los desahucios

Ni el Ayuntamiento de Oviedo ni la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ofrecen una alternativa habitacional a una familia con dos menores, que el próximo 8 de agosto será desalojada de su piso en Ventanielles por no poder hacer frente al pago del alquiler.

Siguen incrementándose en Asturias los desahucios de familias por impago de alquiler, empujados por la elevada tasa de riesgo de pobreza, el desempleo, la precariedad laboral y el aumento de las rentas, sin que las administraciones públicas competentes, ayuntamientos y gobierno autonómico, sean capaces de combatir este drama personal y social.

Frente a la autocomplacencia del discurso oficial, la realidad demuestra la insuficiencia de las políticas desarrolladas por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para hacer frente a la situación de emergencia habitacional en que se encuentra Asturias, y que amenaza con agravarse en el corto plazo. El parque de viviendas públicas es muy reducido y se encuentra desbordado por la demanda de vivienda asequible; además el Gobierno Regional se niega a incrementar los recursos presupuestarios y a utilizar las herramientas a su alcance para poner a disposición de las familias en situación de exclusión el enorme stock de pisos vacíos, especialmente aquellas propiedad de grandes tenedores de vivienda. El presupuesto de las ayudas al alquiler se agota rápidamente y sus condiciones las convierten en inaccesibles para las familias más necesitadas. El protocolo para la prevención de desahucios, firmado el pasado 15 de marzo entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado y la Federación Asturiana de Concejos, aún no se está aplicando y permanece aún desconocido para el personal de la Administración de Justicia y de los Servicios Sociales municipales.

La exclusión residencial en Asturias no es un problema conceptual ni especulativo; al contrario, tiene rostro, nombre y apellidos. Noemí Jiménez Montoya vive con dos de sus hijos, de dos y tres años, en un piso alquilado en el barrio de Ventanielles de Oviedo. Cuando sus ingresos quedaron reducidos al salario social básico tuvo que elegir, como tantas otras familias asturianas, entre alimentar y atender a sus hijos o pagar la renta. Su desahucio está fijado el 8 de agosto. Los Servicios Sociales municipales le sugieren que busque otro piso –solución inviable teniendo en cuenta sus ingresos y los precios actuales de los alquileres- y han informado desfavorablemente su solicitud de vivienda pública por causa de emergencia social, por lo que previsiblemente la Consejería de Servicios y Derechos Sociales se la denegará.

La PAH de Oviedo exige al Ayuntamiento y al Gobierno del Principado que, con la mayor urgencia, adopten las medidas necesarias para impedir que Noemí y sus hijos tengan que vivir hacinados en una habitación de un piso compartido o en un albergue, y garantizar su derecho humano a una vivienda digna y asequible, asignándoles alguna de las más de doscientas viviendas públicas vacías pendientes de reparación, o facilitándole el acceso a una vivienda libre mediante un alquiler social, y que similares medidas se extiendan a todas las familias que, como la de Noemí, se encuentran en riesgo cierto de exclusión social en Asturias.