El albergue de transeúntes, única alternativa para una joven de 21 años y su bebé de cuatro meses, que serán desahuciados el próximo viernes

PAH de Oviedo denuncia esta nueva vulneración por el Ayuntamiento y el Gobierno del Principado del derecho fundamental de las familias en riesgo de exclusión a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades.

Continúa en Oviedo imparable la sangría de desahucios por impago de alquiler. En esta ocasión, una joven madre y su bebé de cuatro meses serán expulsados de su vivienda a las 09:00 de la mañana del próximo viernes 13 de septiembre. La alternativa ofrecida por los Servicios Sociales municipales y el Gobierno del Principado de Asturias es su alojamiento provisional en el Albergue Cano Mata de Oviedo durante tres meses. Como en el caso de la pareja desahuciada el pasado 8 de enero, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo denuncia que esta solución resulta inadmisible e inadecuada para esta joven y su hija de tan corta edad, puesto que no cumple los requisitos mínimos de estabilidad y seguridad en la tenencia necesarios para poder desarrollar su proyecto vital. Responsables del Albergue han reconocido públicamente que la instalación, por el perfil propio de sus usuarios, no es un lugar adecuado para menores y que en la mayoría de los casos las estancias se prologan mucho más de los tres meses inicialmente previstos.

La familia no percibe el salario social básico, pendiente de aprobación desde hace cuatro meses. Sus únicos ingresos consisten en una ayuda de emergencia concedida por el Ayuntamiento y tampoco han recibido respuesta a su solicitud de una vivienda social.Ante este acuciante problema que afecta a 25.000 hogares asturianos, la respuesta del nuevo Gobierno del Principado, hasta el momento, es la negación de la realidad, el inmovilismo y la continuidad de las políticas fracasadas de los gobiernos anteriores. Así lo demuestra el mantenimiento en la Dirección General de Vivienda de Fermín Bravo, que ha ocupado el puesto en los últimos cuatro años. PAH Oviedo exige una vez más al Ayuntamiento y al Principado que adopten medidas para una verdadera mediación entre inquilinos y propietarios que eviten el callejón sin salida del desahucio, y les reclama que utilicen todas las herramientas a su alcance y dispongan los recursos presupuestarios precisos para movilizar las viviendas desocupadas, ponerlas a disposición de las familias en riesgo de exclusión residencial y garantizar así su derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada.

Las “soluciones” ofrecidas por Ayuntamiento y pPincipado a la familia desahuciada de La Tenderina, un ejercicio de cinismo político

La PAH de Oviedo denuncia que las ayudas al alquiler son insuficientes para garantizar el derecho a la vivienda de las familias en situación de pobreza.

Las recientes declaraciones del Director General de Vivienda del Principado de Asturias, Fermín Bravo, afirmando que la familia de La Tenderina desahuciada por impago del alquiler la mañana del martes pasado rechazó ayudas de su Consejería para el alquiler de otra vivienda en el mercado libre, constituyen una irresponsabilidad manifiesta y un nuevo e inaceptable ejercicio de cinismo político.

Por su trayectoria profesional, no cabe atribuir estas afirmaciones al desconocimiento del mercado de alquiler en Asturias. El Sr. Bravo sabe perfectamente que cualquier propietario exige a los posibles arrendatarios de su vivienda una nómina que acredite que perciben ingresos estables y suficientes, condición que excluye, ya de partida, a una familia perceptora del salario social básico como la desalojada el martes en La Tenderina. Por otra parte, las ayudas al alquiler que ofrece la Consejería de Servicios y Derechos Sociales como solución se convocan anualmente (la última, en junio de este año), se resuelven con meses de retraso (las solicitudes presentadas en el último plazo, finalizado en septiembre, aún están pendientes); no cubren todas las necesidades (896 solicitudes que cumplían todos los requisitos fueron denegadas por falta de crédito), y alcanzan como máximo el 50% del alquiler, por lo que teniendo en cuenta el precio medio de los alquileres en Oviedo (en torno a 400 € mensuales) son insuficientes para que familias en situación de pobreza, y cuyo único ingreso es el salario social básico, puedan satisfacer sus necesidades más esenciales. La “alternativa” que plantea el Principado, en estas condiciones, abocaría ineludiblemente a una nueva demanda de desahucio, con el consiguiente perjuicio para todas las partes, incluida la propietaria, cuyos derechos PAH Oviedo también reconoce y respeta.

Así las cosas, la solución del alojamiento «provisional y temporal» de la pareja y su bebé de once meses en el Albergue de Transeúntes Cano Mata ofrecida por el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado –y que incluso el Juzgado ejecutor, insólitamente, del desahucio considera válida- se demuestra a todas luces inaceptable, puesto que esa supuesta temporalidad se convertiría en permanencia indefinida en un centro completamente inadecuado, cuyos recursos están especializados en la atención de personas con problemáticas sociales y personales absolutamente distintas. La Consejera de Servicios y Derechos Sociales Pilar Varela debe explicar públicamente si considera que un entorno donde se atienden situaciones de drogodependencia, alcoholismo y otras formas extremas de exclusión social es el más adecuado para un bebé de once meses.

Principado de Asturias y Ayuntamiento de Oviedo se inhiben ante el inminente desahucio de la familia de Ventanielles

Ni Consejería ni Concejalía ofrecen soluciones de emergencia que eviten siquiera temporalmente la situación de extremo desamparo a que se encuentran abocados Noemí Jiménez y sus dos hijos de 2 y 3 años.

De nada han servido las gestiones realizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo para conseguir que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias y la Concejalía de Atención a las Personas e Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo asuman su responsabilidad y faciliten una solución alternativa de emergencia para impedir que Noemí Jiménez y su familia se vean condenados a vivir en la calle, una vez ejecutado el desahucio de su vivienda en el barrio de Ventanielles, fijado para el próximo sábado 11 de agosto. Noemí dispone únicamente del Salario Social Básico (menos de 600 € al mes) para sacar adelante a sus dos hijos de 2 y 3 años.

Amparándose en informes municipales desfavorables, el Director General de Vivienda Fermín Bravo denegó a Noemí el acceso a una vivienda pública por causa de emergencia social, una decisión que apenas encubre el fondo del problema: la completa incapacidad del Gobierno de Asturias para hacer frente a los casos de exclusión residencial severa, cada vez más frecuentes y que no se resuelven mediante subvenciones públicas al alquiler convencionales. Mientras muchas familias asturianas se quedan en la calle o tiene que recurrir a soluciones precarias por carecer de recursos para el pago de la renta, 250 viviendas públicas permanecen vacías por falta de presupuesto para su reparación.

Por su parte, los Servicios Sociales municipales ofrecen como única alternativa a esta situación de extrema urgencia una ayuda para el pago de un nuevo alquiler, ignorando que la discriminación y la estigmatización social que sufren los hogares vulnerables y con escasos recursos como el de Noemí convierten el acceso a un contrato de arrendamiento una tarea casi imposible.

Y a pesar de los anuncios oficiales, tampoco los juzgados muestran sensibilidad alguna frente a la lacra social de los desahucios. El Juzgado ordenó el lanzamiento de Noemí y sus hijos sin tener en consideración la situación personal, social y familiar particular de los menores de edad afectados, ni ponderarla frente al derecho -legítimo por otra parte-, del propietario a recuperar su vivienda. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional sobre la obligación de todos los poderes públicos de proteger a los menores de edad ante cualquier situación de riesgo quedan, una vez más, en papel mojado.La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo lanza un último llamamiento público al Principado de Asturias, al Ayuntamiento de Oviedo y a la Administración de Justicia para que articulen in extremis una solución, siquiera provisional, que proteja el derecho fundamental de esta familia ovetense a una vivienda.

La PAH de Oviedo exigirá a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales una alternativa habitacional para Noemí Jiménez y su familia

Ésta y otras reivindicaciones para el cumplimiento efectivo del derecho fundamental a la vivienda serán planteadas por la Plataforma al Director General en una reunión a celebrar el próximo viernes.

Medidas concretas para evitar que el próximo 8 de agosto, cuando sean desahuciados de su piso en el barrio de Ventanielles de Oviedo por carecer de recursos suficientes para hacer frente al pago del alquiler, Noemí Jiménez y sus dos hijos menores no tengan que cobijarse, como otras familias asturianas en su misma situación, en un albergue o un automóvil. Ése es el objetivo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo se ha marcado para la reunión con el Director General de Vivienda Fermín Bravo el próximo viernes 3 de agosto, invocando la obligación de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, de acuerdo con la Constitución Española y los tratados internacionales vigentes, de garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los hogares asturianos en situación de exclusión residencial.

Otras cuestiones que figuran en la agenda de la reunión serán:

  • El incumplimiento del protocolo para prevención de desahucios suscrito por el Principado de Asturias, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos el 15 de marzo de este año, que prevé entre otras medidas la comunicación a los servicios sociales municipales de las situaciones de riesgo de exclusión residencial detectadas en los juzgados, pero cuyo contenido es aún desconocido por la mayoría del personal de estas administraciones.
  • La modificación de vigente y obsoleto Decreto de adjudicación de viviendas públicas en Asturias, comprometida por la Consejera Pilar Varela en su comparecencia ante la Junta General del Principado de Asturias el mes de diciembre pasado. Entre otras carencias, este Decreto excluye los desahucios por impago de alquiler, cada vez más frecuentes, de las situaciones de emergencia que dan derecho a acceder a una vivienda social.
  • La promulgación de una ley asturiana que reconozca la vivienda como un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, cumpliendo el compromiso adoptado por el PSOE en su programa para las elecciones autonómicas de 2015.
  • La mejora de la gestión del parque de vivienda pública, que cuenta en la actualidad con 250 viviendas vacías que no pueden asignarse a familias por encontrarse pendientes de reparación.
  • La ampliación de ese exiguo parque público, que no llega al 2% del total a través de la adscripción al Servicio Público de las viviendas vacías en stock propiedad de grandes tenedores y de entidades financieras, especialmente de aquéllas que fueron rescatadas con fondos públicos.
  • El apoyo del Gobierno de Asturias a las modificaciones de la legislación estatal que contemplen la dación en pago retroactiva, la seguridad, estabilidad y regulación de los precios de los alquileres.

La reunión con el Director General de Vivienda tendrá lugar en la Consejería, como se ha dicho, el viernes 3 de agosto, a las 13:00.