Decepción en PAH Oviedo por la respuesta de Gobierno, CGPJ y FACC a la crisis de los desahucios

El “informe de vulnerabilidad” solicitado por los juzgados a los Servicios Sociales municipales resulta insuficiente para detectar las situaciones de exclusión social y evitar los lanzamientos.

La modificación, apenas medio año después de su firma, del Convenio para la detección de situaciones de vulnerabilidad social en procedimientos de desahucio, acordada en reunión extraordinaria por el Gobierno del Principado, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos resulta completamente insuficiente para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que padece Asturias y que, teniendo en cuenta la evolución prevista de los salarios y de los precios de los alquileres, a corto plazo no hará sino agravarse. Más allá de las declaraciones triunfalistas de las partes sobre el buen funcionamiento del actual protocolo para la prevención de desahucios –completamente alejadas de la realidad asturiana, donde la tasa de incremento de los desahucios por impago de alquiler triplica la media nacional-, el exiguo resultado del pregonado encuentro se redujo a introducir una nueva cláusula en el Convenio, en virtud de la cual los juzgados solicitarán a los servicios sociales municipales un informe sobre la situación de vulnerabilidad de las familias objeto de procedimientos de desahucio.

Esta medida demuestra un completo desconocimiento del drama personal y social que sufren las familias que, por carecer de recursos, se enfrentan al doloroso trance de ser desalojadas de su vivienda. En muchas ocasiones los servicios sociales municipales no tienen conocimiento de estas situaciones, puesto que las familias optan por aguantar por sí solas su situación y evitar así la vergüenza de que sea conocida por sus vecinos e incluso sus parientes; en otras el desconcierto y la confusión les impiden hasta ser conscientes de la gravedad de su estado; o no pocas veces simplemente han perdido la esperanza de que puedan recibir la atención que precisan. Por eso son inaceptables los intentos reiterados de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de culpabilizar a las personas vulnerables de su situación por no acudir a los servicios sociales. Para detectar estas situaciones y adoptar medidas es imprescindible que, al igual que en las jurisdicciones de familia o de menores, personal propio especializado en Trabajo Social visite la vivienda y valore los posibles riesgos de exclusión social a que están sometidos sus habitantes.La PAH de Oviedo seguirá exigiendo la observancia de las medidas previstas en el protocolo hasta ahora incumplidas (información a las personas afectadas de sus derechos y los recursos sociales a su disposición, formación específica al personal de los juzgados, elaboración de bases de datos fiables sobre desahucios) y proponiendo otras nuevas, tales como la notificación personal o la dotación a los juzgados de recursos materiales y humanos necesarios. Apelando, en definitiva, a la responsabilidad de los poderes públicos para detener la nueva escalada de desahucios que se avecina y asegurar el derecho fundamental de las familias asturianas a disponer de una vivienda a cambio de un alquiler asequible, en función de sus ingresos y vivir así con seguridad y dignidad.

El Ayuntamiento de Oviedo reconoce errores en la denegación de la vivienda pública a la familia de Ventanielles pendiente de un desahucio, pero se niega a enmendarlos

Tal como denunció la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo, la resolución denegando a Noemí Jiménez y sus hijos menores una vivienda social era completamente arbitraria y carecía de fundamentación alguna.

La Concejala Marisa Ponga alude ahora a “razones que apoyan” el informe técnico desfavorable para no enmendar su error y rechazar el recurso de reposición interpuesto por la afectada.

La PAH acreditó ante la Consejería de Servicios y Derechos Sociales que la familia de Noemí, cuyo desahucio está señalado para el próximo día 11 de septiembre, cumple todos los requisitos para ser adjudicataria de una vivienda pública por causa de emergencia social.

La Concejalía de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo ha reconocido las irregularidades denunciadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo en torno a la solicitud de una vivienda pública formulada por Noemí Jiménez, la vecina de Ventanielles sobre cuya familia, compuesta por dos hijos menores de edad, pesa una orden de desahucio por impago del alquiler señalada para el próximo 11 de septiembre.

La PAH de Oviedo estaba en lo cierto. El informe de los Servicios Sociales Municipales concluyendo, sin fundamentación alguna, que la familia de Noemí “no necesita atención especial” –uno de los requisitos exigidos por la normativa asturiana para acceder a una vivienda pública por causa de emergencia social- está repleto de valoraciones arbitrarias, subjetivas y, en algunos casos, simplemente falsas. Y así lo reconoce la concejala Marisa Ponga, que ante esta evidencia alega ahora “razones que apoyan” dicho informe que justifican el rechazo de la solicitud. Estas supuestas razones, por supuesto, no están recogidas en ningún documento, lo que coloca a esta vecina de Ventanielles en una situación de completa indefensión, puesto que no las conoce y por tanto no ha podido rebatirlas en el recurso que interpuso contra la denegación de la vivienda.

La PAH ha instado a la Concejalía de Atención a las Personas a poner esas razones ocultas por escrito, o de lo contrario enmendar estas irregularidades, hasta el momento sin éxito. Este empecinamiento constituye un verdadero atropello a los derechos de Noemí Jiménez, y confirma la falta de rigor y la arbitrariedad del Área que gestiona la protección social como si de una concesión graciable y caprichosa se tratara, y no de un verdadero derecho de las personas en riesgo de exclusión.

La PAH apela a la responsabilidad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, que es la competente en última instancia para resolver sobre el recurso, a que tome cartas en el asunto, exija un mínimo rigor en el procedimiento, evite la exclusión social de esta familia y reconozca su derecho  a acceder a una vivienda pública.

PAH Oviedo denuncia irregularidades en la denegación de una vivienda pública a la familia de Ventanielles abocada al desahucio

Detectan errores y arbitrariedades en el informe de la Concejalía de Atención a las Personas e Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo que sirvió de base a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias para rechazar la solicitud.

El pasado 31 de julio, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias rechazó la solicitud de una vivienda pública por causa de emergencia social formulada por una vecina de Ventanielles con dos hijos menores a su cargo y que se enfrenta una orden de desahucio por falta de recursos para afrontar el pago del alquiler, fijado definitivamente para el 11 de septiembre próximo. Según se afirma en el preceptivo informe, a juicio de los servicios sociales del Ayuntamiento de Oviedo esta mujer, cuya pareja se encuentra en prisión desde el mes de mayo de 2017 y que dispone únicamente del salario social básico (567,43 € mensuales) para sacar adelante a su familia, «no precisa atención especial» por parte de la Concejalía de Atención a las Personas. Pero además en dicho informe se asegura, con tanta rotundidad como osadía, que reside desde hace meses en otra vivienda distinta de la que va a ser desahuciada y cuya situación ella oculta. Una afirmación rigurosamente falsa, según ha comprobado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca por los testimonios firmados de numerosos vecinos de su portal.

Ante estas irregularidades la Plataforma ha decidido apoyar a esta verdadera madre coraje en la presentación de un recurso de reposición contra la resolución del Principado de Asturias rechazando su solicitud, por estar deficientemente motivada y fundamentada sobre valoraciones subjetivas y afirmaciones falsas. Como tantas otras en su situación, estas personas no disponen de los recursos necesarios para acceder al alquiler de una vivienda en el mercado libre, y la decisión de la Consejería les aboca irremediablemente a la exclusión social, con las consecuencias que ello conlleva. En reunión celebrada ayer, la Concejala de Atención a las Personas Marisa Ponga no asumió ninguna responsabilidad por los errores patentes contenidos en los informes de su Área y que sirvieron de excusa a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para rechazar la solicitud. La Plataforma ha solicitado asimismo una reunión urgente con la Consejera Pilar Varela, con el fin de exponerle esta injusta situación y exigir la garantía del derecho de esta familia ovetense de acceder a una vivienda digna.

No obstante, la PAH de Oviedo considera que esta actuación arbitraria e insensible del Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias, denegando una vivienda pública a una familia sin recursos y condenándola sin miramientos a la marginación, no es casual ni fortuita, sino que responde a un problema de fondo, y es la absoluta incapacidad del Gobierno de Asturias para atender los casos de exclusión residencial severa, cada vez más frecuentes y que no se resuelven mediante subvenciones públicas al alquiler convencionales. Mientras muchas familias asturianas se quedan en la calle o tiene que recurrir a soluciones precarias por carecer de recursos para el pago de la renta, 250 viviendas públicas permanecen vacías por falta de presupuesto para su reparación.

Principado de Asturias y Ayuntamiento de Oviedo se inhiben ante el inminente desahucio de la familia de Ventanielles

Ni Consejería ni Concejalía ofrecen soluciones de emergencia que eviten siquiera temporalmente la situación de extremo desamparo a que se encuentran abocados Noemí Jiménez y sus dos hijos de 2 y 3 años.

De nada han servido las gestiones realizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo para conseguir que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias y la Concejalía de Atención a las Personas e Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo asuman su responsabilidad y faciliten una solución alternativa de emergencia para impedir que Noemí Jiménez y su familia se vean condenados a vivir en la calle, una vez ejecutado el desahucio de su vivienda en el barrio de Ventanielles, fijado para el próximo sábado 11 de agosto. Noemí dispone únicamente del Salario Social Básico (menos de 600 € al mes) para sacar adelante a sus dos hijos de 2 y 3 años.

Amparándose en informes municipales desfavorables, el Director General de Vivienda Fermín Bravo denegó a Noemí el acceso a una vivienda pública por causa de emergencia social, una decisión que apenas encubre el fondo del problema: la completa incapacidad del Gobierno de Asturias para hacer frente a los casos de exclusión residencial severa, cada vez más frecuentes y que no se resuelven mediante subvenciones públicas al alquiler convencionales. Mientras muchas familias asturianas se quedan en la calle o tiene que recurrir a soluciones precarias por carecer de recursos para el pago de la renta, 250 viviendas públicas permanecen vacías por falta de presupuesto para su reparación.

Por su parte, los Servicios Sociales municipales ofrecen como única alternativa a esta situación de extrema urgencia una ayuda para el pago de un nuevo alquiler, ignorando que la discriminación y la estigmatización social que sufren los hogares vulnerables y con escasos recursos como el de Noemí convierten el acceso a un contrato de arrendamiento una tarea casi imposible.

Y a pesar de los anuncios oficiales, tampoco los juzgados muestran sensibilidad alguna frente a la lacra social de los desahucios. El Juzgado ordenó el lanzamiento de Noemí y sus hijos sin tener en consideración la situación personal, social y familiar particular de los menores de edad afectados, ni ponderarla frente al derecho -legítimo por otra parte-, del propietario a recuperar su vivienda. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional sobre la obligación de todos los poderes públicos de proteger a los menores de edad ante cualquier situación de riesgo quedan, una vez más, en papel mojado.La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo lanza un último llamamiento público al Principado de Asturias, al Ayuntamiento de Oviedo y a la Administración de Justicia para que articulen in extremis una solución, siquiera provisional, que proteja el derecho fundamental de esta familia ovetense a una vivienda.

La PAH de Oviedo exigirá a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales una alternativa habitacional para Noemí Jiménez y su familia

Ésta y otras reivindicaciones para el cumplimiento efectivo del derecho fundamental a la vivienda serán planteadas por la Plataforma al Director General en una reunión a celebrar el próximo viernes.

Medidas concretas para evitar que el próximo 8 de agosto, cuando sean desahuciados de su piso en el barrio de Ventanielles de Oviedo por carecer de recursos suficientes para hacer frente al pago del alquiler, Noemí Jiménez y sus dos hijos menores no tengan que cobijarse, como otras familias asturianas en su misma situación, en un albergue o un automóvil. Ése es el objetivo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo se ha marcado para la reunión con el Director General de Vivienda Fermín Bravo el próximo viernes 3 de agosto, invocando la obligación de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, de acuerdo con la Constitución Española y los tratados internacionales vigentes, de garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los hogares asturianos en situación de exclusión residencial.

Otras cuestiones que figuran en la agenda de la reunión serán:

  • El incumplimiento del protocolo para prevención de desahucios suscrito por el Principado de Asturias, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos el 15 de marzo de este año, que prevé entre otras medidas la comunicación a los servicios sociales municipales de las situaciones de riesgo de exclusión residencial detectadas en los juzgados, pero cuyo contenido es aún desconocido por la mayoría del personal de estas administraciones.
  • La modificación de vigente y obsoleto Decreto de adjudicación de viviendas públicas en Asturias, comprometida por la Consejera Pilar Varela en su comparecencia ante la Junta General del Principado de Asturias el mes de diciembre pasado. Entre otras carencias, este Decreto excluye los desahucios por impago de alquiler, cada vez más frecuentes, de las situaciones de emergencia que dan derecho a acceder a una vivienda social.
  • La promulgación de una ley asturiana que reconozca la vivienda como un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, cumpliendo el compromiso adoptado por el PSOE en su programa para las elecciones autonómicas de 2015.
  • La mejora de la gestión del parque de vivienda pública, que cuenta en la actualidad con 250 viviendas vacías que no pueden asignarse a familias por encontrarse pendientes de reparación.
  • La ampliación de ese exiguo parque público, que no llega al 2% del total a través de la adscripción al Servicio Público de las viviendas vacías en stock propiedad de grandes tenedores y de entidades financieras, especialmente de aquéllas que fueron rescatadas con fondos públicos.
  • El apoyo del Gobierno de Asturias a las modificaciones de la legislación estatal que contemplen la dación en pago retroactiva, la seguridad, estabilidad y regulación de los precios de los alquileres.

La reunión con el Director General de Vivienda tendrá lugar en la Consejería, como se ha dicho, el viernes 3 de agosto, a las 13:00.

La PAH de Oviedo denuncia la inoperancia de las medidas para frenar los desahucios

Ni el Ayuntamiento de Oviedo ni la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ofrecen una alternativa habitacional a una familia con dos menores, que el próximo 8 de agosto será desalojada de su piso en Ventanielles por no poder hacer frente al pago del alquiler.

Siguen incrementándose en Asturias los desahucios de familias por impago de alquiler, empujados por la elevada tasa de riesgo de pobreza, el desempleo, la precariedad laboral y el aumento de las rentas, sin que las administraciones públicas competentes, ayuntamientos y gobierno autonómico, sean capaces de combatir este drama personal y social.

Frente a la autocomplacencia del discurso oficial, la realidad demuestra la insuficiencia de las políticas desarrolladas por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para hacer frente a la situación de emergencia habitacional en que se encuentra Asturias, y que amenaza con agravarse en el corto plazo. El parque de viviendas públicas es muy reducido y se encuentra desbordado por la demanda de vivienda asequible; además el Gobierno Regional se niega a incrementar los recursos presupuestarios y a utilizar las herramientas a su alcance para poner a disposición de las familias en situación de exclusión el enorme stock de pisos vacíos, especialmente aquellas propiedad de grandes tenedores de vivienda. El presupuesto de las ayudas al alquiler se agota rápidamente y sus condiciones las convierten en inaccesibles para las familias más necesitadas. El protocolo para la prevención de desahucios, firmado el pasado 15 de marzo entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado y la Federación Asturiana de Concejos, aún no se está aplicando y permanece aún desconocido para el personal de la Administración de Justicia y de los Servicios Sociales municipales.

La exclusión residencial en Asturias no es un problema conceptual ni especulativo; al contrario, tiene rostro, nombre y apellidos. Noemí Jiménez Montoya vive con dos de sus hijos, de dos y tres años, en un piso alquilado en el barrio de Ventanielles de Oviedo. Cuando sus ingresos quedaron reducidos al salario social básico tuvo que elegir, como tantas otras familias asturianas, entre alimentar y atender a sus hijos o pagar la renta. Su desahucio está fijado el 8 de agosto. Los Servicios Sociales municipales le sugieren que busque otro piso –solución inviable teniendo en cuenta sus ingresos y los precios actuales de los alquileres- y han informado desfavorablemente su solicitud de vivienda pública por causa de emergencia social, por lo que previsiblemente la Consejería de Servicios y Derechos Sociales se la denegará.

La PAH de Oviedo exige al Ayuntamiento y al Gobierno del Principado que, con la mayor urgencia, adopten las medidas necesarias para impedir que Noemí y sus hijos tengan que vivir hacinados en una habitación de un piso compartido o en un albergue, y garantizar su derecho humano a una vivienda digna y asequible, asignándoles alguna de las más de doscientas viviendas públicas vacías pendientes de reparación, o facilitándole el acceso a una vivienda libre mediante un alquiler social, y que similares medidas se extiendan a todas las familias que, como la de Noemí, se encuentran en riesgo cierto de exclusión social en Asturias.