Asturias necesita multiplicar por cinco su inversión en vivienda para alcanzar la media europea

PAH Oviedo reclama el fin de los recortes y un incremento de los recursos destinados a la política de vivienda en los Presupuestos Generales del Principado para 2021

El boletín especial del Observatorio de Vivienda y Suelo dedicado a la vivienda social, publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en septiembre pasado, pone de manifiesto las carencias de la política de vivienda del Gobierno del Principado de Asturias. Según este estudio, nuestra Comunidad Autónoma debería quintuplicar su inversión para situarse al nivel de la Unión Europea: en el periodo comprendido entre 2007 y 2017 el Principado destinó a política de vivienda un promedio de 46,7 € por habitante, mientras que la media de la Unión Europea ascendió a 148,2. El Proyecto de Presupuestos Generales para 2021, cuyas enmiendas parciales se debaten mañana miércoles, destina a vivienda una cantidad aún menor, 35,91 € por habitante.

La aprobación de este presupuesto, de consumarse en sus términos actuales, significará la consolidación un año más de la política de recortes impuesta por los gobiernos socialistas desde 2013, cuando la inversión en vivienda se redujo en un 71% respecto al ejercicio anterior. Siete años después, los recursos destinados a vivienda aún son menos de la mitad.

PAH Oviedo ha propuesto a todos los grupos políticos de la Junta General una serie de medidas a corto y medio plazo para abordar la crisis habitacional y garantizar el derecho a la vivienda de las familias asturianas en situación de vulnerabilidad, tales como la ampliación progresiva del parque público de vivienda asequible -especialmente mediante la activación del enorme parque de viviendas vacías-, la recuperación de edificios vacíos propiedad del Principado de Asturias, la habilitación de alojamientos dignos y estables a las personas sin techo, y la puesta en marcha de un plan de choque para facilitar un alojamiento alternativo a las 2.500 familias asturianas amenazadas de desahucio por no poder hacer frente al pago del alquiler.

La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, satisfecha con la inversión de su departamento en política de vivienda.

El Parlamento Asturiano sigue dando la espalda a las 2.500 familias amenazadas de desahucio

Los Presupuestos Generales del Principado no incluyen ninguna partida para hacer frente a la crisis habitacional agravada por la pandemia, y mantienen los recortes en política de vivienda desde 2012

La Plataforma Antidesahucios de Oviedo denuncia que, un año más, la Junta General del Principado vuelve a ignorar la situación de emergencia habitacional que atraviesa Asturias, agravada en esta ocasión por las devastadoras consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El Proyecto de Presupuestos de la región para 2021, que ya cuenta con el apoyo de una mayoría de la Cámara formada por PSOE, IU y Foro Asturias, no incluye ninguna medida efectiva en favor de las 2.500 familias asturianas demandadas ante los juzgados por carecer de recursos para hacer frente al pago del alquiler, un número que triplica la media de los últimos 7 años. “No dejar a nadie atrás” se ha convertido, lamentablemente, en otra promesa incumplida.

Ni medidas de choque, ni a medio, ni a largo plazo. El Gobierno de Asturias sigue instalado en el triunfalismo y la autocomplacencia y, desde su cómoda mayoría parlamentaria, insiste en su política continuista ignorando el cúmulo de demandas de desahucio que amenazan con colapsar los juzgados asturianos y que a finales de enero, cuando expire la suspensión de los lanzamientos decretada por el Gobierno de España, condenarán a 2.500 familias asturianas a vivir hacinadas en habitaciones de pisos compartidos, en infraviviendas o simplemente en la calle.

Por más que el PSOE y sus socios presupuestarios quieran presentar los de 2021 como unos presupuestos “con corazón social”, las cifras son incontestables: la política de vivienda, esencial para la integración de la población más vulnerable, sigue sometida a recortes y los niveles de inversión se mantienen en menos de la mitad respecto a 2012. Si entre 2000 y 2008 el Principado promovía más de 400 viviendas sociales nuevas cada año, en 2021 tiene previsto comenzar únicamente 41, por lo que el exiguo parque público de vivienda de Asturias, insuficiente para atender las necesidades, seguirá estando muy por debajo de la media europea. Las ayudas al pago de la renta cubren únicamente la mitad de la demanda, acumulan retrasos de meses, y únicamente contribuyen a impulsar aún más la actual subida de los alquileres.

Para PAH Oviedo, la alternativa a esta situación pasa por el incremento de la oferta de vivienda en alquiler asequible no sólo mediante la construcción de más viviendas públicas, sino aprovechando el enorme parque de viviendas vacías existente y los edificios de titularidad pública actualmente sin uso, y un plan de choque que permita a VIPASA prevenir los desahucios mediando entre arrendadores y arrendatarios, y alquilar directamente viviendas y ponerlas a disposición de las familias sin alternativa habitacional, que abonarían un alquiler en proporción a sus ingresos.

Decepción de PAH Oviedo ante los Presupuestos de Asturias para 2021

Texto de la comparecencia de Pilar Lobo ante la Junta General del Principado de Asturias el 11 de diciembre

PAH Oviedo ha analizado el Programa 431A. Promoción y administración de la vivienda dentro del Proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2021 y mostramos una profunda decepción al comprobar que el Principado de Asturias renuncia a incrementar el parque de viviendas asequibles y continúa apostando por las ayudas al alquiler, una política que no consolida el derecho a la vivienda e impulsa al alza los precios, pues los arrendadores aplican inmediatamente la ayuda al precio de la renta.

PAH Oviedo ha elaborado unas propuestas sobre vivienda para el 2021. Son unas propuestas enfocadas al medio plazo para garantizar el derecho a la vivienda, con un apartado de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional que tenemos en Asturias agudizada por la crisis sanitaria, teniendo en cuenta que hay seis demandas de desahucio diarias y que se están produciendo situaciones muy complicadas entre arrendatarios que no pueden hacer frente a sus pagos y arrendadores que quieren percibir sus rentas y presionan con todo tipo de medidas, algunas de ellas traspasando claramente la legalidad.

Hay que tener en cuenta que la vivienda es, siempre, pero en las actuales condiciones, mucho más, un determinante de primer orden para la protección de la salud. Sin una vivienda adecuada no es posible gozar de buena salud. Tenemos noticias de que en muchos lugares del mundo y también en España, como es el caso de Barcelona, se está replanteando el tema de la vivienda con medidas de diversa índole. Aquí en Asturias, salvo la iniciativa de la empresa municipal de la vivienda de Gijón, no conocemos que se esté trabajando en alguna iniciativa innovadora para garantizar el derecho a la vivienda, ni siquiera en las actuales circunstancias. Como advirtió Leilani Farha, ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada. ”Frente a un nuevo virus para el que no tenemos cura ni tratamiento, la única protección que tenemos son nuestros hogares”. Un estudio reciente de la ONG Provivienda centrado en la relación recíproca entre la vivienda y la salud física y mental afirma que la pandemia ha hecho más profunda la relación entre salud social y vivienda.

En nuestro plan de medidas urgentes hemos elaborado tres propuestas:

  1. El acondicionamiento inmediato de edificios públicos vacantes para acoger a las personas sin techo, las que habitan en viviendas insalubres y en situaciones de hacinamiento. Por ejemplo acondicionar el edificio de la Malatería que tiene una superficie construida total de 5.000 m2 costaría 4M€.
  2. Que VIPASA ponga en marcha un plan para alquilar viviendas y ponerlas a disposición de las familias que tengan que abandonar sus viviendas como consecuencia de un procedimiento judicial o por la presión de sus arrendadores, proponemos 200 viviendas en alquiler con un coste estimado de 1M €.
  3. Rescatar a las familias en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la crisis sanitaria y a aquellas que se encontraban en esa situación antes del 13 de marzo pasado con una nueva convocatoria que resuelva los numerosos problemas encontrados en la primera convocatoria y eliminando las limitaciones que excluyen a familias en proceso de regularización administrativa de su residencia en Asturias y a aquellas perceptoras del SSB. para cuya financiación el Principado puede acogerse al Plan Estatal de Vivienda que prevé una línea específica para ese fin.

De estas tres medidas que consideramos urgentes solamente la tercera puede estar parcialmente recogida en cuanto al presupuesto con el incremento de las ayudas al alquiler por valor de 3.3M €.

En cuanto a las medidas que proponemos para garantizar el derecho a la vivienda a corto-medio plazo, solo se han atendido parcialmente el incremento de la trasferencia a VIPASA para reparación de viviendas públicas, nosotros proponíamos 2M€ y lo suben solamente 0,3M€, y el aumento de la dotación para el Convenio con el Colegio de Trabajo Social de Asturias; nuestra propuesta es de 0,2M€ y lo suben 7.000 €.

Nuestra propuesta de duplicar el parque de vivienda pública en Asturias en 2033, lo que supondría un coste de 25,4 M€ en 2021 mediante diferentes mecanismos: vivienda de nueva construcción, adquisición de vivienda nueva en stock, rehabilitación de viviendas existentes, cesión de uso para alquilar y venta forzosa de viviendas de grandes tenedores, ha quedado reducida a 700.000€ para inicio de obras en Soto del Barco, Llanera y Sobrescobio.

Otro apartado en el que mostramos nuestro desacuerdo tiene que ver con la partida destinada a emancipación juvenil que en los presupuestos es de 2,1 M€. En condiciones normales nos parecería muy bien esta partida ya que la tasa de emancipación juvenil en Asturias es muy baja pero con más de quinientas personas sin techo, miles de familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler y las demandas de desahucios contándose por cientos, nos preguntamos si esa es una prioridad actualmente.

PAH Oviedo denuncia la negativa del Parlamento Asturiano a adoptar medidas para evitar la próxima ola de desahucios

PSOE y VOX votaron juntos en el Pleno del pasado martes contra la ampliación de las ayudas de alquiler a las familias más vulnerables

En el Pleno celebrado el martes 13 de octubre pasado, la Junta General del Principado votó una proposición no de ley presentada por Podemos Asturies para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que sufre nuestra región, recogiendo algunas de las propuestas que PAH Oviedo viene defendiendo desde hace meses y que fueron presentadas sin éxito alguno a la Consejera de Derechos Sociales y Bienestar el pasado mes de febrero. La Cámara aprobó elaborar un censo de viviendas públicas vacantes, adoptar mecanismos eficaces para prevenir desahucios y poner en marcha un programa-piloto de acceso a la vivienda en el medio rural para familias en riesgo de exclusión residencial; sin embargo las medidas más concretas y comprometidas, como incrementar el exiguo parque de viviendas públicas de Asturias, aumentar las ayudas de alquiler para las familias en riesgo de exclusión, o instar al Gobierno de España a aprobar una ley que controle el precio de los alquileres, fueron rechazadas por una insólita mayoría formada por el PSOE con el apoyo de Ciudadanos y VOX.

Para PAH Oviedo, esta votación demuestra el alejamiento y desconocimiento del PSOE de la realidad de la crisis de la vivienda en Asturias, acuciante ya antes de la pandemia, pero que en la actualidad cobra dimensiones alarmantes, pues todo parece apuntar a una ola de desahucios aún mayor que la ocurrida durante la crisis de la burbuja inmobiliaria, cuando en enero se levante la suspensión decretada por el Gobierno de España. Las ayudas de alquiler convocadas por el Gobierno de Asturias para contrarrestar los efectos sociales de la crisis sanitaria son insuficientes y además su tramitación acumula cinco meses de retraso, lo que está abocando a muchas de las familias solicitantes a una situación desesperada.

PAH Oviedo considera escandalosos los argumentos utilizados del Grupo Parlamentario Socialista para justificar su rechazo a adoptar medidas efectivas contra la crisis de desahucios que se avecina. Resulta inadmisible afirmar, como hizo la portavoz socialista, que antes de ampliar el parque de viviendas públicas es necesario realizar “un análisis serio de la demanda de vivienda”, cuando en la última convocatoria de adjudicación de viviendas públicas en El Campón de Oviedo, el número de solicitantes multiplicaba por 25 la oferta. Resulta asimismo inadmisible afirmar que “se sigue construyendo vivienda pública”, cuando en los últimos cinco años el Principado sólo ha iniciado 60 nuevas viviendas. Y finalmente no es admisible alardear en el Parlamento de conocer el mercado de alquiler cuando en la última convocatoria 4.400 familias se quedaron sin ayudas de alquiler por falta de presupuesto. En suma, el Gobierno de Asturias está incumpliendo su promesa de no dejar atrás a esas 250.000 personas que, de acuerdo con los últimos datos oficiales -aún no actualizados tras la crisis del COVID-19-, se encuentran en riesgo de exclusión residencial.

PAH Oviedo exige al Gobierno de Asturias acabar con los recortes, recuperar los niveles de inversión pública en vivienda -mermada un 56% respecto de 2012-, adoptar medidas eficaces para detener la ola de desahucios que se aproxima y garantizar el derecho fundamental de todas las familias asturianas a disponer de un techo.

La diputada del Grupo Parlamentario del PSOE, Ana Isabel González Cachero: «En esta crisis, no vamos a dejar de lado a las personas»

Se inicia en la Junta General del Principado el debate sobre el Derecho a la Vivienda

Las organizaciones sociales denuncian que la falta de vivienda es ya el primer factor de exclusión social en Asturias, por encima del desempleo.

Con las comparecencias de Pilar Lobo, en nombre de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Stop Desahucios de Oviedo, y de Héctor Colunga, de la Red de Lucha contra la Pobreza y a Exclusión Social EAPN Asturias, el pasado martes 16 de junio se inició en la Junta General del Principado de Asturias el debate sobre la actual situación de emergencia habitacional, agravada por la crisis del COVID-19, y la necesidad de aprobar una Ley Asturiana que reconozca la vivienda como un derecho fundamental. La iniciativa responde a la propuesta formulada por PAH Oviedo el pasado mes de diciembre, en ejercicio de su derecho de petición. PAH Oviedo defiende que todos los grupos políticos elaboren una Ley autonómica que reconozca, como han hecho ya otras comunidades autónomas, el disfrute de una vivienda habitable, segura, adecuada y accesible como un verdadero derecho subjetivo de todas las personas residentes en nuestra región,cuya garantía sea inexcusable para las administraciones públicas, y exigible antes los tribunales de Justicia.

Las intervenciones de las comparecientes y las preguntas de sus señorías pueden verse completas en este enlace. Reproducimos a continuación la exposición de Pilar Lobo, en nombre de PAH Oviedo:

«La PAH de Oviedo se había acogido al derecho de petición ante la junta general del principado solicitando una sesión monográfica sobre vivienda , cuestión que debiera ser central en el debate de las cuestiones sociales ya que según el último estudio de FOESSA, la vivienda es ya el determinante social más importante en los procesos de exclusión social , aunque lo que tenemos hoy aquí no es lo que solicitábamos porque el tema requiere un debate en profundidad, vamos a tratar de exponer nuestra posición al respecto, con el objetivo de proponer una ley de vivienda en la que el acceso a la misma sea un derecho subjetivo.

El día 20 de febrero comparecíamos ante esta cámara para valorar según nuestro punto de vista  el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales y señalábamos nuestro desacuerdo  con la consideración de la vivienda como una prestación que convierte a las personas destinatarias de la misma en beneficiarias, frente a la consideración de la vivienda como un derecho que convierte a las destinatarias no en beneficiarias sino en titulares de ese derecho lo que constituye una diferencia significativa desde el punto de vista jurídico.

Hoy venimos a defender lo mismo, que el acceso a una vivienda digna sea un derecho subjetivo y que Asturias cumpla, teniendo en cuenta que ostenta las competencias exclusivas en materia de vivienda, con sus obligaciones como integrante del estado español, con lo recogido en el Pacto internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que el estado español ratificó en 1977, lo que supone que sus disposiciones tienen carácter vinculante y forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Aunque en nuestra Constitución el derecho a la vivienda, viene recogido en el artículo 47 como un principio rector de política económica y social, es hora de dar un paso más y llegar a la consecución del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, garantizado y justiciable. El argumento de que el mero hecho de reconocer ese derecho  como está reconocido en otras autonomías del estado español no significa que los problemas estén resueltos, es un débil argumento que nos resulta inexplicable. Sería tanto como decir que el derecho a la educación o a la sanidad universal como tenemos recogido en nuestra autonomía, significa que el sistema es perfecto. Y no es perfecto, es mejorable, pero lo que nos honra como comunidad es el constatar que cuando una familia con menores se instala en Asturias, de manera automática, los menores son acogidos en un centro de educación  público y si alguien requiere de servicios sanitarios también los tiene a disposición. Eso es lo que pedimos para el acceso a la vivienda digna.

Como decíamos antes, el acceso a la vivienda es ya el primer factor de exclusión social, por encima del empleo. Del mismo modo la vivienda es un determinante de salud de primer orden como también constatan estudios recientes y  como avala nuestra experiencia acumulada y reciente

Desde que en febrero hicimos la petición de la consideración de la vivienda como un derecho subjetivo hasta hoy, el panorama ha cambiado de manera radical. Las organizaciones sociales, trabajando en red, hemos sido uno de los principales receptores de la angustia  de los sectores de población abandonados  en la anterior crisis económica que llegaron a esta otra crisis en una situación de precariedad tal que se encontraron sin recursos de ningún tipo para afrontar la difícil situación que sobrevino. También hemos sido el vehículo de transmisión de la información de  sus derechos y de la gestión de sus solicitudes. Por eso tenemos conocimiento de primera mano de las dificultades para pagar el alquiler de un sector de la población muy importante, del confinamiento de familias en una habitación o de la insalubridad de muchas de las viviendas. La cuestión del pago de alquileres e hipotecas, está de alguna manera congelada en este momento gracias a las medidas del gobierno central que de no prolongarse en el tiempo, más allá de septiembre nos sumirá en una crisis de vivienda imposible de gestionar, lo que nos tiene sumamente preocupadas.

Urgen medidas de calado, construcción de vivienda pública para alquiler social, política de prevención de problemas habitacionales con una buena dotación de recursos humanos en los servicios sociales, servicio de intermediación entre arrendadores y arrendatarios, reparación de vivienda pública etc.

Es sabido que España tiene un estado de bienestar muy  débil en comparación con los países de nuestro entorno, y  Asturias no es ajena a ello y esto  se debe a las políticas de austeridad en el sector público, por lo que lo que necesitamos es una distribución de recursos más equitativa y una apuesta  decidida por el bienestar de la gente, lo que redundaría en una sociedad más capaz de afrontar los retos del presente y del futuro. Una sociedad con tanta inequidad como la nuestra en la que el distrito postal condiciona tus posibilidades de desarrollo de una manera tan intensa, no tiene futuro.

Luego, lo que se necesita es voluntad política. Recursos sobran, lo que hace falta es colocarlos donde son necesarios, incluso ya otra veces hemos señalado lo paradójico que resulta tener tantas viviendas vacías y que no sepamos dar una solución adecuada a las personas con problemas habitacionales. Ya en febrero habíamos cuantificado el monto de la inversión en términos económicos y no es el momento de entrar en detalles de este tipo pero la tendencia de la inversión en vivienda  en Asturias de los últimos años se refleja  en los presupuestos actuales  donde el capítulo vivienda es insignificante con relación al impacto de la misma en la vida de la gente  y sigue orientado  a la compra en vez de a la vivienda social de alquiler.

Por todo lo expuesto, reclamamos ya para Asturias una ley de vivienda que  reconozca el acceso a una vivienda digna como un derecho subjetivo, garantizado y justiciable.

«La vivienda es un derecho fundamental de todas las personas, no una simple prestación»

Intervención de Pilar Lobo, portavoz de PAH Oviedo, ante la Comisión de Derechos Sociales y Bienestar de la Junta General del Principado de Asturias, sobre el proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.

La portavoz de PAH Oviedo inistió en la necesidad de que la nueva Ley reconozca la vivienda como un derecho fundamental de carácter subjetivo, cuyo cumplimiento sea exigible ante la Administración y los tribunales, como ya lo es en las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Islas Baleares, País Vasco, Navarra y Andalucía. Pilar Lobo recordó que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por el Estado Español en 1977, obliga al Principado de Asturias a garantizar el derecho a la vivienda «hasta el máximo de los recursos de que disponga».

La PAH de Oviedo Stop Desahucios, agradece la oportunidad de comparecer  esta mañana para expresar su posición con relación a este proyecto de ley. Vamos a centrar nuestra intervención en el derecho a la vivienda que es el campo en el que trabajamos desde hace ya unos cuantos años acompañando a personas con problemas en este sentido.

Para contextualizar, nos remitimos al  último informe FOESSA para Asturias presentado en 2019  los datos hablan de un 24´4% de familias en exclusión habitacional, lo que incluye a las personas sin techo, a los hogares  con vivienda insegura, es decir, personas que no saben dónde van a vivir la semana que viene, porque están acogidas por familiares o amigos y a las familias que viven en viviendas inadecuadas. Porque lo que dicho informe señala es que la población con menos renta no solo no se recuperó  de la última crisis, sino que se hundió más como consecuencia de la bajada de los salarios, de la precariedad laboral o de la ausencia de trabajo.

Un 24,4% de la población que vive en Asturias con problemas de vivienda es una barbaridad que una sociedad que se pretenda decente, no puede tolerar por lo que dejemos ya de mirar para otro lado y asumamos de una vez  la responsabilidad colectiva que tenemos.

 Volvemos a mencionar el informe FOESSA donde se afirma que “la dimensión que genera situaciones problemáticas a un mayor porcentaje de los asturianos, es la vivienda”. Creemos que no hace falta un gran despliegue de imaginación para saber lo que no tener un techo estable significa. El derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución Española al disfrute de una vivienda digna ha sido carente de eficacia al no existir un entramado constitucional que amparase ese derecho. En los últimos años, esta situación se ha agravado. Se ha pasado de la ineficacia del derecho constitucional a una vivienda digna a la vulneración por parte del Estado de dicho derecho. Si antes los poderes públicos no garantizaban el disfrute de una vivienda, ahora el Estado está permitiendo, amparado por la normativa vigente, el desahucio de muchas familias en unas condiciones que vulneran los derechos humanos desde los parámetros que nos brindan los Tratados Internacionales.

En el Proyecto de Ley del que estamos hablando hoy, se recogen por una parte los derechos vitales garantizados y por otra las prestaciones vitales. En el primer caso se habla de titulares y en el segundo de beneficiarios, distinción que resulta significativa. La vivienda viene recogida como una prestación y no como un derecho.

Nuestra propuesta es   que el acceso a la vivienda sea un derecho subjetivo que suponga la asunción por el poder público de un deber de proporcionar vivienda a quienes no pueden obtenerla en el mercado y dirigida a las personas que no disponen de recursos suficientes, un derecho que pueda ser exigido a la administración, la cual  desarrollará las normas, planes y otras actuaciones que garanticen el acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables . Y por eso, para garantizar la efectividad de este derecho para todas las personas que lo necesitan, el crédito ha de ser ampliable hasta el máximo de las posibilidades como ocurre con el SSB.

Resulta paradójico que haya tantas personas, tantas familias con dificultad de acceso a la vivienda, al mismo tiempo que hay tantas viviendas vacías, esta es una particularidad muy sobresaliente de este momento que estamos viviendo y creemos que hay un consenso en la sociedad acerca de la necesidad de poner a disposición de la gente las viviendas que están vacías a cambio de un alquiler razonable acorde con las posibilidades de las familias, para lo que habría que desarrollar toda una normativa y procedimientos para regular ese acceso a la vivienda como un derecho subjetivo, que no nos cabe duda que redundaría en beneficio del interés general.

Por último, mencionar algunas cuestiones generales que afectan de manera particular aunque no exclusiva a las familias que tienen problemas con la vivienda, la información debiera estar disponible con facilidad, los trámites debieran ser centralizados y más sencillos y toda una serie de medidas encaminadas a evitar el peregrinaje por las ventanillas de la administración y de las entidades del tercer sector que tanta sobrecarga produce a la administración y tanta frustración genera entre las personas usuarias.

Como no estamos de acuerdo con el planteamiento de que el acceso a la vivienda sea un prestación y no un derecho, no entramos al detalle de los artículos del proyecto que se refieren a la vivienda, nos llama la atención sobremanera una cuestión y es que se vuelva a plantear lo tantas veces denunciado por nosotras como es el hecho de que para acceder a una vivienda de emergencia sea necesario estar en una lista municipal de demandantes de vivienda, lo que es inviable según la experiencia de estos últimos años. Gracias.»

Para ver la intervención (4’45»), haz click en este enlace

Para ver las respuestas de Pilar a las preguntas del diputado de Podemos Asturies Rafael Palacios, haz click aquí.

PAH Oviedo reclama a la Junta General del Principado una Ley asturiana del Derecho a la Vivienda

Consagrar la vivienda como un derecho subjetivo y exigible ante los tribunales, imprescindible para luchar contra el aumento de los desahucios, que ya alcanzan los cuatro diarios en Asturias

El pasado 6 de diciembre, aniversario de la aprobación de la Constitución Española, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Stop Desahucios de Oviedo, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de nuestra Carta Magna, presentó ante la Junta General del Principado un escrito solicitando que, previa la convocatoria de una sesión monográfica sobre la actual situación de emergencia habitacional, la Comisión de Derechos Sociales y Bienestar elabore un borrador de Ley de Derecho a la Vivienda de Asturias. La Constitución configura el derecho a una vivienda digna y adecuada como un simple principio rector de la política económica y social; la nueva Ley reconocería, como han hecho ya otras comunidades autónomas, el disfrute de una vivienda habitable, segura, adecuada y accesible como un verdadero derecho subjetivo de todas las personas residentes en nuestra región, cuya garantía sea inexcusable para las administraciones públicas, y exigible antes los tribunales de Justicia.

PAH Oviedo fundamenta su petición en la gravedad de la exclusión residencial en Asturias: según el último informe FOESSA sobre la base de datos oficiales del INE de 2017, la vivienda es el principal factor de exclusión social, con alrededor de 240.000 personas afectadas, una tasa superior a la del conjunto de España. Casi el 16% de la población asturiana no puede permitirse mantener su hogar a una temperatura adecuada en invierno; y alrededor de 2.100 personas se encuentran en situación de infravivienda. El fin en mayo del año próximo de la segunda prórroga de la suspensión de desahucios por impago de hipoteca, la reciente reactivación de las ejecuciones hipotecarias suspendidas por cláusulas abusivas como el vencimiento anticipado, y la elevación continua de los precios de alquiler (+4,8% de media en el último año), unidos a las altas tasas de desempleo y de precariedad laboral, permiten asegurar que los desahucios se incrementarán sustancialmente en el corto plazo, por encima de la media actual de 4 cada día. Ante esta situación, se han recortado los recursos públicos destinados a vivienda casi un 70% desde el inicio de la crisis.

PAH Oviedo ha solicitado asimismo que en la sesión de la Comisión parlamentaria participen además todas las entidades y organizaciones que trabajan en el campo de la exclusión social en Asturias, y que la futura Ley contemple la Vivienda como un servicio público de interés general y cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto con la Educación, la Sanidad y las políticas sociales.