La crisis habitacional se cobra cinco nuevas víctimas en Oviedo

El Juzgado ignora el recurso y echa a la calle a la familia de La Tenderina, con dos menores a su cargo.

Sin molestarse en contestar siquiera la solicitud de suspensión presentada in extremis el viernes pasado, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo ha consumado esta mañana el desahucio de la familia de cinco miembros -dos de ellos menores de edad-, de su vivienda en La Tenderina, y les condena así a la marginalidad y la exclusión residencial, puesto que carecen de recursos para acceder a otra vivienda en alquiler en el mercado libre. Con esta cruel decisión, el Juzgado ignora diversos tratados suscritos por el Estado Español -que también forman parte de nuestro ordenamiento jurídico-, entre ellos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que reconoce la vivienda como un derecho fundamental, y la Convención de Derechos del Niño de 1989, que protege el interés superior de los menores ante cualquier situación de riesgo, e impone a todos los poderes públicos la obligación de velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. El Poder Judicial no puede seguir mirando para otro lado y amparándose en el cumplimiento de las formalidades procedimentales; debe poner fin sin demora a los desahucios sin alternativa habitacional, una forma extrema de violencia institucional, ejercida contra personas en situación de vulnerabilidad social hasta el punto de privarles de su único alojamiento.

La familia puesta en la calle esta mañana en La Tenderina es una de las 40.000 asturianas que tienen todos sus miembros en paro, y una de las 9.000 que en Oviedo no pueden hacer frente a los gastos corrientes de su vivienda (alquiler, hipoteca y suministros). Miles de hogares que malviven con menos de treinta euros al día, oficialmente en situación de pobreza severa, y no pueden acceder a una vivienda de alquiler porque no disponen de un contrato laboral exigido como garantía mínima por los arrendadores. Por eso resultan especialmente reprobables, por cínicas y humillantes, las declaraciones de la concejala de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, negando que la familia desahuciada se encuentre en situación de vulnerabilidad social.

No es por su gusto, como desvergonzadamente da a entender la Sra. Ponga, que la familia esté en paro y carezca de un techo donde cobijarse. No han rechazado ninguna alternativa del Ayuntamiento, sencillamente porque una ayuda puntual para pagar los tres primeros meses de renta no es tal, ya que al no disponer de un empleo y una nómina, no tienen siquiera opción a firmar el contrato de alquiler. No quieren un piso gratis, ni recurrir indefinidamente a las exiguas ayudas sociales; lo único que reclaman es su derecho humano fundamental a disponer de una vivienda a cambio de un alquiler adecuado y proporcionado a sus ingresos, que el mercado libre les niega. Ayuntamiento de Oviedo y Gobierno del Principado no pueden continuar por más tiempo obviando la actual situación de emergencia, y deben adoptar las medidas necesarias y asignar los recursos precisos para incrementar el parque de viviendas de renta asequible, de manera que no se ejecute ni un desahucio más sin alternativa habitacional.

PAH oviedo rechaza los intentos de culpabilización del matrimonio desahuciado

Ni el Juzgado ni la Concejalía de Servicios Sociales pueden eludir su responsabilidad como poderes públicos para detectar las situaciones de exclusión social y ofrecer alternativas habitacionales.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo rechaza el intento del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de eludir su responsabilidad por su actuación negligente y desconsiderada en la demanda de desahucio contra el matrimonio de septuagenarios que terminaron pasando dos noches en un banco del Parque de San Francisco de la capital del Principado de Asturias. Resulta inaceptable exigir que estas personas, en la dramática circunstancia que estaban atravesando, completamente desconcertadas y sobrepasadas por la incertidumbre acerca de su futuro, se dirigieran al Juzgado para “ponerle en su conocimiento la situación”. Al contrario, es el Juzgado quien debe detectar de manera proactiva estas situaciones, puesto que en la mayoría de los casos las personas afectadas, bien por falta de información, confusión o simplemente por la comprensible vergüenza que les produce su estado, no son capaces siquiera de solicitar apoyo. Así lo recoge el Convenio para la prevención de los desahucios firmado por el Consejo General del Poder Judicial, el Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos, ignorado por el juzgado, que incluso prevé facilitar a las personas afectadas un folleto informativo con los recursos de los servicios sociales a los que pueden acceder. Por supuesto, el Juzgado también incumplió esta obligación.

Una censura similar merece la respuesta de la Concejalía de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, que reprocha a estos ancianos haber rechazado todas las alternativas puestas a su disposición. Lo cierto es que en un primer momento la Concejalía les ofreció alojarse en el albergue de transeúntes y comer en la Cocina Económica, mientras se gestionaban otros recursos más estables. Es comprensible que la PAH de Oviedo procurara para ellos otras opciones inmediatas menos traumáticas, con el objetivo prioritario de recuperar anímicamente a estas personas y sacarlas de la situación límite en que se encuentran. En todo caso, la PAH de Oviedo impugna la visión burocrática y administrativa de los derechos sociales de la Concejalía, que evade su responsabilidad porque el matrimonio “no ha presentado ninguna solicitud por escrito”.

La PAH de Oviedo agradece el interés de todos los medios de comunicación y su comprensión y respeto a la voluntad de las personas afectadas de no hacer declaraciones y proteger su identidad. Y especialmente a todas las personas que desde muy diversos puntos de España se han puesto en contacto con la Plataforma para ofrecer su solidaridad y todo tipo de apoyo, que nos inspiran y animan para continuar trabajando con el resto de plataformas a lo largo del Estado por el fin de los desahucios sin alternativa habitacional y el derecho fundamental a una vivienda digna.