Se inicia en la Junta General del Principado el debate sobre el Derecho a la Vivienda

Las organizaciones sociales denuncian que la falta de vivienda es ya el primer factor de exclusión social en Asturias, por encima del desempleo.

Con las comparecencias de Pilar Lobo, en nombre de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Stop Desahucios de Oviedo, y de Héctor Colunga, de la Red de Lucha contra la Pobreza y a Exclusión Social EAPN Asturias, el pasado martes 16 de junio se inició en la Junta General del Principado de Asturias el debate sobre la actual situación de emergencia habitacional, agravada por la crisis del COVID-19, y la necesidad de aprobar una Ley Asturiana que reconozca la vivienda como un derecho fundamental. La iniciativa responde a la propuesta formulada por PAH Oviedo el pasado mes de diciembre, en ejercicio de su derecho de petición. PAH Oviedo defiende que todos los grupos políticos elaboren una Ley autonómica que reconozca, como han hecho ya otras comunidades autónomas, el disfrute de una vivienda habitable, segura, adecuada y accesible como un verdadero derecho subjetivo de todas las personas residentes en nuestra región,cuya garantía sea inexcusable para las administraciones públicas, y exigible antes los tribunales de Justicia.

Las intervenciones de las comparecientes y las preguntas de sus señorías pueden verse completas en este enlace. Reproducimos a continuación la exposición de Pilar Lobo, en nombre de PAH Oviedo:

«La PAH de Oviedo se había acogido al derecho de petición ante la junta general del principado solicitando una sesión monográfica sobre vivienda , cuestión que debiera ser central en el debate de las cuestiones sociales ya que según el último estudio de FOESSA, la vivienda es ya el determinante social más importante en los procesos de exclusión social , aunque lo que tenemos hoy aquí no es lo que solicitábamos porque el tema requiere un debate en profundidad, vamos a tratar de exponer nuestra posición al respecto, con el objetivo de proponer una ley de vivienda en la que el acceso a la misma sea un derecho subjetivo.

El día 20 de febrero comparecíamos ante esta cámara para valorar según nuestro punto de vista  el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales y señalábamos nuestro desacuerdo  con la consideración de la vivienda como una prestación que convierte a las personas destinatarias de la misma en beneficiarias, frente a la consideración de la vivienda como un derecho que convierte a las destinatarias no en beneficiarias sino en titulares de ese derecho lo que constituye una diferencia significativa desde el punto de vista jurídico.

Hoy venimos a defender lo mismo, que el acceso a una vivienda digna sea un derecho subjetivo y que Asturias cumpla, teniendo en cuenta que ostenta las competencias exclusivas en materia de vivienda, con sus obligaciones como integrante del estado español, con lo recogido en el Pacto internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que el estado español ratificó en 1977, lo que supone que sus disposiciones tienen carácter vinculante y forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Aunque en nuestra Constitución el derecho a la vivienda, viene recogido en el artículo 47 como un principio rector de política económica y social, es hora de dar un paso más y llegar a la consecución del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, garantizado y justiciable. El argumento de que el mero hecho de reconocer ese derecho  como está reconocido en otras autonomías del estado español no significa que los problemas estén resueltos, es un débil argumento que nos resulta inexplicable. Sería tanto como decir que el derecho a la educación o a la sanidad universal como tenemos recogido en nuestra autonomía, significa que el sistema es perfecto. Y no es perfecto, es mejorable, pero lo que nos honra como comunidad es el constatar que cuando una familia con menores se instala en Asturias, de manera automática, los menores son acogidos en un centro de educación  público y si alguien requiere de servicios sanitarios también los tiene a disposición. Eso es lo que pedimos para el acceso a la vivienda digna.

Como decíamos antes, el acceso a la vivienda es ya el primer factor de exclusión social, por encima del empleo. Del mismo modo la vivienda es un determinante de salud de primer orden como también constatan estudios recientes y  como avala nuestra experiencia acumulada y reciente

Desde que en febrero hicimos la petición de la consideración de la vivienda como un derecho subjetivo hasta hoy, el panorama ha cambiado de manera radical. Las organizaciones sociales, trabajando en red, hemos sido uno de los principales receptores de la angustia  de los sectores de población abandonados  en la anterior crisis económica que llegaron a esta otra crisis en una situación de precariedad tal que se encontraron sin recursos de ningún tipo para afrontar la difícil situación que sobrevino. También hemos sido el vehículo de transmisión de la información de  sus derechos y de la gestión de sus solicitudes. Por eso tenemos conocimiento de primera mano de las dificultades para pagar el alquiler de un sector de la población muy importante, del confinamiento de familias en una habitación o de la insalubridad de muchas de las viviendas. La cuestión del pago de alquileres e hipotecas, está de alguna manera congelada en este momento gracias a las medidas del gobierno central que de no prolongarse en el tiempo, más allá de septiembre nos sumirá en una crisis de vivienda imposible de gestionar, lo que nos tiene sumamente preocupadas.

Urgen medidas de calado, construcción de vivienda pública para alquiler social, política de prevención de problemas habitacionales con una buena dotación de recursos humanos en los servicios sociales, servicio de intermediación entre arrendadores y arrendatarios, reparación de vivienda pública etc.

Es sabido que España tiene un estado de bienestar muy  débil en comparación con los países de nuestro entorno, y  Asturias no es ajena a ello y esto  se debe a las políticas de austeridad en el sector público, por lo que lo que necesitamos es una distribución de recursos más equitativa y una apuesta  decidida por el bienestar de la gente, lo que redundaría en una sociedad más capaz de afrontar los retos del presente y del futuro. Una sociedad con tanta inequidad como la nuestra en la que el distrito postal condiciona tus posibilidades de desarrollo de una manera tan intensa, no tiene futuro.

Luego, lo que se necesita es voluntad política. Recursos sobran, lo que hace falta es colocarlos donde son necesarios, incluso ya otra veces hemos señalado lo paradójico que resulta tener tantas viviendas vacías y que no sepamos dar una solución adecuada a las personas con problemas habitacionales. Ya en febrero habíamos cuantificado el monto de la inversión en términos económicos y no es el momento de entrar en detalles de este tipo pero la tendencia de la inversión en vivienda  en Asturias de los últimos años se refleja  en los presupuestos actuales  donde el capítulo vivienda es insignificante con relación al impacto de la misma en la vida de la gente  y sigue orientado  a la compra en vez de a la vivienda social de alquiler.

Por todo lo expuesto, reclamamos ya para Asturias una ley de vivienda que  reconozca el acceso a una vivienda digna como un derecho subjetivo, garantizado y justiciable.

«La vivienda es un derecho fundamental de todas las personas, no una simple prestación»

Intervención de Pilar Lobo, portavoz de PAH Oviedo, ante la Comisión de Derechos Sociales y Bienestar de la Junta General del Principado de Asturias, sobre el proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.

La portavoz de PAH Oviedo inistió en la necesidad de que la nueva Ley reconozca la vivienda como un derecho fundamental de carácter subjetivo, cuyo cumplimiento sea exigible ante la Administración y los tribunales, como ya lo es en las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Islas Baleares, País Vasco, Navarra y Andalucía. Pilar Lobo recordó que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por el Estado Español en 1977, obliga al Principado de Asturias a garantizar el derecho a la vivienda «hasta el máximo de los recursos de que disponga».

La PAH de Oviedo Stop Desahucios, agradece la oportunidad de comparecer  esta mañana para expresar su posición con relación a este proyecto de ley. Vamos a centrar nuestra intervención en el derecho a la vivienda que es el campo en el que trabajamos desde hace ya unos cuantos años acompañando a personas con problemas en este sentido.

Para contextualizar, nos remitimos al  último informe FOESSA para Asturias presentado en 2019  los datos hablan de un 24´4% de familias en exclusión habitacional, lo que incluye a las personas sin techo, a los hogares  con vivienda insegura, es decir, personas que no saben dónde van a vivir la semana que viene, porque están acogidas por familiares o amigos y a las familias que viven en viviendas inadecuadas. Porque lo que dicho informe señala es que la población con menos renta no solo no se recuperó  de la última crisis, sino que se hundió más como consecuencia de la bajada de los salarios, de la precariedad laboral o de la ausencia de trabajo.

Un 24,4% de la población que vive en Asturias con problemas de vivienda es una barbaridad que una sociedad que se pretenda decente, no puede tolerar por lo que dejemos ya de mirar para otro lado y asumamos de una vez  la responsabilidad colectiva que tenemos.

 Volvemos a mencionar el informe FOESSA donde se afirma que “la dimensión que genera situaciones problemáticas a un mayor porcentaje de los asturianos, es la vivienda”. Creemos que no hace falta un gran despliegue de imaginación para saber lo que no tener un techo estable significa. El derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución Española al disfrute de una vivienda digna ha sido carente de eficacia al no existir un entramado constitucional que amparase ese derecho. En los últimos años, esta situación se ha agravado. Se ha pasado de la ineficacia del derecho constitucional a una vivienda digna a la vulneración por parte del Estado de dicho derecho. Si antes los poderes públicos no garantizaban el disfrute de una vivienda, ahora el Estado está permitiendo, amparado por la normativa vigente, el desahucio de muchas familias en unas condiciones que vulneran los derechos humanos desde los parámetros que nos brindan los Tratados Internacionales.

En el Proyecto de Ley del que estamos hablando hoy, se recogen por una parte los derechos vitales garantizados y por otra las prestaciones vitales. En el primer caso se habla de titulares y en el segundo de beneficiarios, distinción que resulta significativa. La vivienda viene recogida como una prestación y no como un derecho.

Nuestra propuesta es   que el acceso a la vivienda sea un derecho subjetivo que suponga la asunción por el poder público de un deber de proporcionar vivienda a quienes no pueden obtenerla en el mercado y dirigida a las personas que no disponen de recursos suficientes, un derecho que pueda ser exigido a la administración, la cual  desarrollará las normas, planes y otras actuaciones que garanticen el acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables . Y por eso, para garantizar la efectividad de este derecho para todas las personas que lo necesitan, el crédito ha de ser ampliable hasta el máximo de las posibilidades como ocurre con el SSB.

Resulta paradójico que haya tantas personas, tantas familias con dificultad de acceso a la vivienda, al mismo tiempo que hay tantas viviendas vacías, esta es una particularidad muy sobresaliente de este momento que estamos viviendo y creemos que hay un consenso en la sociedad acerca de la necesidad de poner a disposición de la gente las viviendas que están vacías a cambio de un alquiler razonable acorde con las posibilidades de las familias, para lo que habría que desarrollar toda una normativa y procedimientos para regular ese acceso a la vivienda como un derecho subjetivo, que no nos cabe duda que redundaría en beneficio del interés general.

Por último, mencionar algunas cuestiones generales que afectan de manera particular aunque no exclusiva a las familias que tienen problemas con la vivienda, la información debiera estar disponible con facilidad, los trámites debieran ser centralizados y más sencillos y toda una serie de medidas encaminadas a evitar el peregrinaje por las ventanillas de la administración y de las entidades del tercer sector que tanta sobrecarga produce a la administración y tanta frustración genera entre las personas usuarias.

Como no estamos de acuerdo con el planteamiento de que el acceso a la vivienda sea un prestación y no un derecho, no entramos al detalle de los artículos del proyecto que se refieren a la vivienda, nos llama la atención sobremanera una cuestión y es que se vuelva a plantear lo tantas veces denunciado por nosotras como es el hecho de que para acceder a una vivienda de emergencia sea necesario estar en una lista municipal de demandantes de vivienda, lo que es inviable según la experiencia de estos últimos años. Gracias.»

Para ver la intervención (4’45»), haz click en este enlace

Para ver las respuestas de Pilar a las preguntas del diputado de Podemos Asturies Rafael Palacios, haz click aquí.