«La vivienda es un derecho fundamental de todas las personas, no una simple prestación»

Intervención de Pilar Lobo, portavoz de PAH Oviedo, ante la Comisión de Derechos Sociales y Bienestar de la Junta General del Principado de Asturias, sobre el proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.

La portavoz de PAH Oviedo inistió en la necesidad de que la nueva Ley reconozca la vivienda como un derecho fundamental de carácter subjetivo, cuyo cumplimiento sea exigible ante la Administración y los tribunales, como ya lo es en las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Islas Baleares, País Vasco, Navarra y Andalucía. Pilar Lobo recordó que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por el Estado Español en 1977, obliga al Principado de Asturias a garantizar el derecho a la vivienda «hasta el máximo de los recursos de que disponga».

La PAH de Oviedo Stop Desahucios, agradece la oportunidad de comparecer  esta mañana para expresar su posición con relación a este proyecto de ley. Vamos a centrar nuestra intervención en el derecho a la vivienda que es el campo en el que trabajamos desde hace ya unos cuantos años acompañando a personas con problemas en este sentido.

Para contextualizar, nos remitimos al  último informe FOESSA para Asturias presentado en 2019  los datos hablan de un 24´4% de familias en exclusión habitacional, lo que incluye a las personas sin techo, a los hogares  con vivienda insegura, es decir, personas que no saben dónde van a vivir la semana que viene, porque están acogidas por familiares o amigos y a las familias que viven en viviendas inadecuadas. Porque lo que dicho informe señala es que la población con menos renta no solo no se recuperó  de la última crisis, sino que se hundió más como consecuencia de la bajada de los salarios, de la precariedad laboral o de la ausencia de trabajo.

Un 24,4% de la población que vive en Asturias con problemas de vivienda es una barbaridad que una sociedad que se pretenda decente, no puede tolerar por lo que dejemos ya de mirar para otro lado y asumamos de una vez  la responsabilidad colectiva que tenemos.

 Volvemos a mencionar el informe FOESSA donde se afirma que “la dimensión que genera situaciones problemáticas a un mayor porcentaje de los asturianos, es la vivienda”. Creemos que no hace falta un gran despliegue de imaginación para saber lo que no tener un techo estable significa. El derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución Española al disfrute de una vivienda digna ha sido carente de eficacia al no existir un entramado constitucional que amparase ese derecho. En los últimos años, esta situación se ha agravado. Se ha pasado de la ineficacia del derecho constitucional a una vivienda digna a la vulneración por parte del Estado de dicho derecho. Si antes los poderes públicos no garantizaban el disfrute de una vivienda, ahora el Estado está permitiendo, amparado por la normativa vigente, el desahucio de muchas familias en unas condiciones que vulneran los derechos humanos desde los parámetros que nos brindan los Tratados Internacionales.

En el Proyecto de Ley del que estamos hablando hoy, se recogen por una parte los derechos vitales garantizados y por otra las prestaciones vitales. En el primer caso se habla de titulares y en el segundo de beneficiarios, distinción que resulta significativa. La vivienda viene recogida como una prestación y no como un derecho.

Nuestra propuesta es   que el acceso a la vivienda sea un derecho subjetivo que suponga la asunción por el poder público de un deber de proporcionar vivienda a quienes no pueden obtenerla en el mercado y dirigida a las personas que no disponen de recursos suficientes, un derecho que pueda ser exigido a la administración, la cual  desarrollará las normas, planes y otras actuaciones que garanticen el acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables . Y por eso, para garantizar la efectividad de este derecho para todas las personas que lo necesitan, el crédito ha de ser ampliable hasta el máximo de las posibilidades como ocurre con el SSB.

Resulta paradójico que haya tantas personas, tantas familias con dificultad de acceso a la vivienda, al mismo tiempo que hay tantas viviendas vacías, esta es una particularidad muy sobresaliente de este momento que estamos viviendo y creemos que hay un consenso en la sociedad acerca de la necesidad de poner a disposición de la gente las viviendas que están vacías a cambio de un alquiler razonable acorde con las posibilidades de las familias, para lo que habría que desarrollar toda una normativa y procedimientos para regular ese acceso a la vivienda como un derecho subjetivo, que no nos cabe duda que redundaría en beneficio del interés general.

Por último, mencionar algunas cuestiones generales que afectan de manera particular aunque no exclusiva a las familias que tienen problemas con la vivienda, la información debiera estar disponible con facilidad, los trámites debieran ser centralizados y más sencillos y toda una serie de medidas encaminadas a evitar el peregrinaje por las ventanillas de la administración y de las entidades del tercer sector que tanta sobrecarga produce a la administración y tanta frustración genera entre las personas usuarias.

Como no estamos de acuerdo con el planteamiento de que el acceso a la vivienda sea un prestación y no un derecho, no entramos al detalle de los artículos del proyecto que se refieren a la vivienda, nos llama la atención sobremanera una cuestión y es que se vuelva a plantear lo tantas veces denunciado por nosotras como es el hecho de que para acceder a una vivienda de emergencia sea necesario estar en una lista municipal de demandantes de vivienda, lo que es inviable según la experiencia de estos últimos años. Gracias.»

Para ver la intervención (4’45»), haz click en este enlace

Para ver las respuestas de Pilar a las preguntas del diputado de Podemos Asturies Rafael Palacios, haz click aquí.