PAH oviedo rechaza los intentos de culpabilización del matrimonio desahuciado

Ni el Juzgado ni la Concejalía de Servicios Sociales pueden eludir su responsabilidad como poderes públicos para detectar las situaciones de exclusión social y ofrecer alternativas habitacionales.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo rechaza el intento del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de eludir su responsabilidad por su actuación negligente y desconsiderada en la demanda de desahucio contra el matrimonio de septuagenarios que terminaron pasando dos noches en un banco del Parque de San Francisco de la capital del Principado de Asturias. Resulta inaceptable exigir que estas personas, en la dramática circunstancia que estaban atravesando, completamente desconcertadas y sobrepasadas por la incertidumbre acerca de su futuro, se dirigieran al Juzgado para “ponerle en su conocimiento la situación”. Al contrario, es el Juzgado quien debe detectar de manera proactiva estas situaciones, puesto que en la mayoría de los casos las personas afectadas, bien por falta de información, confusión o simplemente por la comprensible vergüenza que les produce su estado, no son capaces siquiera de solicitar apoyo. Así lo recoge el Convenio para la prevención de los desahucios firmado por el Consejo General del Poder Judicial, el Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos, ignorado por el juzgado, que incluso prevé facilitar a las personas afectadas un folleto informativo con los recursos de los servicios sociales a los que pueden acceder. Por supuesto, el Juzgado también incumplió esta obligación.

Una censura similar merece la respuesta de la Concejalía de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, que reprocha a estos ancianos haber rechazado todas las alternativas puestas a su disposición. Lo cierto es que en un primer momento la Concejalía les ofreció alojarse en el albergue de transeúntes y comer en la Cocina Económica, mientras se gestionaban otros recursos más estables. Es comprensible que la PAH de Oviedo procurara para ellos otras opciones inmediatas menos traumáticas, con el objetivo prioritario de recuperar anímicamente a estas personas y sacarlas de la situación límite en que se encuentran. En todo caso, la PAH de Oviedo impugna la visión burocrática y administrativa de los derechos sociales de la Concejalía, que evade su responsabilidad porque el matrimonio “no ha presentado ninguna solicitud por escrito”.

La PAH de Oviedo agradece el interés de todos los medios de comunicación y su comprensión y respeto a la voluntad de las personas afectadas de no hacer declaraciones y proteger su identidad. Y especialmente a todas las personas que desde muy diversos puntos de España se han puesto en contacto con la Plataforma para ofrecer su solidaridad y todo tipo de apoyo, que nos inspiran y animan para continuar trabajando con el resto de plataformas a lo largo del Estado por el fin de los desahucios sin alternativa habitacional y el derecho fundamental a una vivienda digna.

Dos ancianos pasan dos noches en el Parque San Francisco tras ser desahuciados de su vivienda

La PAH de Oviedo denuncia el incumplimiento por parte del Juzgado del convenio para la prevención de desahucios, que le obliga a comunicar a los servicios sociales municipales las situaciones de especial vulnerabilidad o exclusión social.

El pasado 18 de septiembre un juzgado de Oviedo ejecutó el desahucio de F. y E., un matrimonio de 74 y 72 años cuyos ingresos, provenientes de una pensión no contributiva, no les permitían costear el alquiler de la vivienda en que residían. Al carecer de un alojamiento alternativo, completamente desamparados y conmocionados por la situación a la que se veían abocados, pasaron dos días completos con sus noches a la intemperie, sentados en un banco del Parque San Francisco, hasta que integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo tuvieron conocimiento de su estado y, con su apoyo, accedieron a un alojamiento provisional y precario mientras se gestiona ante los servicios sociales municipales una solución definitiva.

El Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de concejos firmaron el 15 de marzo de este año un convenio que establece un protocolo de actuación para la prevención de situaciones de exclusión residencial extrema como la que sufre este matrimonio septuagenario ovetense. En virtud de ese protocolo, los juzgados que reciben demandas por impago de alquiler están obligados a evaluar si la familia demandada se encuentra en situación de riesgo de exclusión social y, en caso afirmativo, facilitarle información acerca de los recursos de asistencia social disponibles y además trasladar el caso a los servicios sociales municipales para que adopten las medidas oportunas para garantizar sus derechos sociales. Incluso, el convenio expresamente considera a las personas mayores de 65 años objeto de atención especial. La PAH de Oviedo denuncia públicamente que el juzgado ha ignorado todos estos compromisos y que su actuación negligente e inhumana ordenando sin miramientos el desahucio de este matrimonio resulta incompatible con el respeto a su derecho fundamental a disponer de una vivienda adecuada reconocido en diversos convenios internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por España el 28 de Septiembre de 1976 y ratificado el 27 de abril de 1977. Este convenio obliga a jueces y juezas a examinar con detenimiento e independencia las circunstancias de cada caso, la proporcionalidad de una medida extrema como el desalojo, y su impacto en la vida de las personas objeto del desahucio. Como ha afirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “La pérdida del hogar es la forma más extrema de injerencia en el derecho al respeto del hogar. Cualquier persona que pueda sufrir una injerencia de esta magnitud debería en principio poder hacer que un tribunal independiente decidiese la proporcionalidad de la medida”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Asturias solicitará inmediatamente una reunión al Decano de los Juzgados de Oviedo para trasladarle esta situación y urgirle la adopción de medidas en cumplimiento del protocolo de prevención de desahucios de manera que ni una familia más se vea abocada a vivir en la calle.

Decepción en PAH Oviedo por la respuesta de Gobierno, CGPJ y FACC a la crisis de los desahucios

El “informe de vulnerabilidad” solicitado por los juzgados a los Servicios Sociales municipales resulta insuficiente para detectar las situaciones de exclusión social y evitar los lanzamientos.

La modificación, apenas medio año después de su firma, del Convenio para la detección de situaciones de vulnerabilidad social en procedimientos de desahucio, acordada en reunión extraordinaria por el Gobierno del Principado, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos resulta completamente insuficiente para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que padece Asturias y que, teniendo en cuenta la evolución prevista de los salarios y de los precios de los alquileres, a corto plazo no hará sino agravarse. Más allá de las declaraciones triunfalistas de las partes sobre el buen funcionamiento del actual protocolo para la prevención de desahucios –completamente alejadas de la realidad asturiana, donde la tasa de incremento de los desahucios por impago de alquiler triplica la media nacional-, el exiguo resultado del pregonado encuentro se redujo a introducir una nueva cláusula en el Convenio, en virtud de la cual los juzgados solicitarán a los servicios sociales municipales un informe sobre la situación de vulnerabilidad de las familias objeto de procedimientos de desahucio.

Esta medida demuestra un completo desconocimiento del drama personal y social que sufren las familias que, por carecer de recursos, se enfrentan al doloroso trance de ser desalojadas de su vivienda. En muchas ocasiones los servicios sociales municipales no tienen conocimiento de estas situaciones, puesto que las familias optan por aguantar por sí solas su situación y evitar así la vergüenza de que sea conocida por sus vecinos e incluso sus parientes; en otras el desconcierto y la confusión les impiden hasta ser conscientes de la gravedad de su estado; o no pocas veces simplemente han perdido la esperanza de que puedan recibir la atención que precisan. Por eso son inaceptables los intentos reiterados de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de culpabilizar a las personas vulnerables de su situación por no acudir a los servicios sociales. Para detectar estas situaciones y adoptar medidas es imprescindible que, al igual que en las jurisdicciones de familia o de menores, personal propio especializado en Trabajo Social visite la vivienda y valore los posibles riesgos de exclusión social a que están sometidos sus habitantes.La PAH de Oviedo seguirá exigiendo la observancia de las medidas previstas en el protocolo hasta ahora incumplidas (información a las personas afectadas de sus derechos y los recursos sociales a su disposición, formación específica al personal de los juzgados, elaboración de bases de datos fiables sobre desahucios) y proponiendo otras nuevas, tales como la notificación personal o la dotación a los juzgados de recursos materiales y humanos necesarios. Apelando, en definitiva, a la responsabilidad de los poderes públicos para detener la nueva escalada de desahucios que se avecina y asegurar el derecho fundamental de las familias asturianas a disponer de una vivienda a cambio de un alquiler asequible, en función de sus ingresos y vivir así con seguridad y dignidad.

El Ayuntamiento de Oviedo reconoce errores en la denegación de la vivienda pública a la familia de Ventanielles pendiente de un desahucio, pero se niega a enmendarlos

Tal como denunció la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo, la resolución denegando a Noemí Jiménez y sus hijos menores una vivienda social era completamente arbitraria y carecía de fundamentación alguna.

La Concejala Marisa Ponga alude ahora a “razones que apoyan” el informe técnico desfavorable para no enmendar su error y rechazar el recurso de reposición interpuesto por la afectada.

La PAH acreditó ante la Consejería de Servicios y Derechos Sociales que la familia de Noemí, cuyo desahucio está señalado para el próximo día 11 de septiembre, cumple todos los requisitos para ser adjudicataria de una vivienda pública por causa de emergencia social.

La Concejalía de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo ha reconocido las irregularidades denunciadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo en torno a la solicitud de una vivienda pública formulada por Noemí Jiménez, la vecina de Ventanielles sobre cuya familia, compuesta por dos hijos menores de edad, pesa una orden de desahucio por impago del alquiler señalada para el próximo 11 de septiembre.

La PAH de Oviedo estaba en lo cierto. El informe de los Servicios Sociales Municipales concluyendo, sin fundamentación alguna, que la familia de Noemí “no necesita atención especial” –uno de los requisitos exigidos por la normativa asturiana para acceder a una vivienda pública por causa de emergencia social- está repleto de valoraciones arbitrarias, subjetivas y, en algunos casos, simplemente falsas. Y así lo reconoce la concejala Marisa Ponga, que ante esta evidencia alega ahora “razones que apoyan” dicho informe que justifican el rechazo de la solicitud. Estas supuestas razones, por supuesto, no están recogidas en ningún documento, lo que coloca a esta vecina de Ventanielles en una situación de completa indefensión, puesto que no las conoce y por tanto no ha podido rebatirlas en el recurso que interpuso contra la denegación de la vivienda.

La PAH ha instado a la Concejalía de Atención a las Personas a poner esas razones ocultas por escrito, o de lo contrario enmendar estas irregularidades, hasta el momento sin éxito. Este empecinamiento constituye un verdadero atropello a los derechos de Noemí Jiménez, y confirma la falta de rigor y la arbitrariedad del Área que gestiona la protección social como si de una concesión graciable y caprichosa se tratara, y no de un verdadero derecho de las personas en riesgo de exclusión.

La PAH apela a la responsabilidad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, que es la competente en última instancia para resolver sobre el recurso, a que tome cartas en el asunto, exija un mínimo rigor en el procedimiento, evite la exclusión social de esta familia y reconozca su derecho  a acceder a una vivienda pública.