Las “soluciones” ofrecidas por Ayuntamiento y pPincipado a la familia desahuciada de La Tenderina, un ejercicio de cinismo político

La PAH de Oviedo denuncia que las ayudas al alquiler son insuficientes para garantizar el derecho a la vivienda de las familias en situación de pobreza.

Las recientes declaraciones del Director General de Vivienda del Principado de Asturias, Fermín Bravo, afirmando que la familia de La Tenderina desahuciada por impago del alquiler la mañana del martes pasado rechazó ayudas de su Consejería para el alquiler de otra vivienda en el mercado libre, constituyen una irresponsabilidad manifiesta y un nuevo e inaceptable ejercicio de cinismo político.

Por su trayectoria profesional, no cabe atribuir estas afirmaciones al desconocimiento del mercado de alquiler en Asturias. El Sr. Bravo sabe perfectamente que cualquier propietario exige a los posibles arrendatarios de su vivienda una nómina que acredite que perciben ingresos estables y suficientes, condición que excluye, ya de partida, a una familia perceptora del salario social básico como la desalojada el martes en La Tenderina. Por otra parte, las ayudas al alquiler que ofrece la Consejería de Servicios y Derechos Sociales como solución se convocan anualmente (la última, en junio de este año), se resuelven con meses de retraso (las solicitudes presentadas en el último plazo, finalizado en septiembre, aún están pendientes); no cubren todas las necesidades (896 solicitudes que cumplían todos los requisitos fueron denegadas por falta de crédito), y alcanzan como máximo el 50% del alquiler, por lo que teniendo en cuenta el precio medio de los alquileres en Oviedo (en torno a 400 € mensuales) son insuficientes para que familias en situación de pobreza, y cuyo único ingreso es el salario social básico, puedan satisfacer sus necesidades más esenciales. La “alternativa” que plantea el Principado, en estas condiciones, abocaría ineludiblemente a una nueva demanda de desahucio, con el consiguiente perjuicio para todas las partes, incluida la propietaria, cuyos derechos PAH Oviedo también reconoce y respeta.

Así las cosas, la solución del alojamiento «provisional y temporal» de la pareja y su bebé de once meses en el Albergue de Transeúntes Cano Mata ofrecida por el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado –y que incluso el Juzgado ejecutor, insólitamente, del desahucio considera válida- se demuestra a todas luces inaceptable, puesto que esa supuesta temporalidad se convertiría en permanencia indefinida en un centro completamente inadecuado, cuyos recursos están especializados en la atención de personas con problemáticas sociales y personales absolutamente distintas. La Consejera de Servicios y Derechos Sociales Pilar Varela debe explicar públicamente si considera que un entorno donde se atienden situaciones de drogodependencia, alcoholismo y otras formas extremas de exclusión social es el más adecuado para un bebé de once meses.

El TSJA, absolutamente alejado de la realidad social e insensible a la emergencia habitacional que sufre asturias

La PAH de Oviedo desmonta con datos las imprudentes y escandalosas explicaciones del Tribunal Superior del desahucio de la pareja de jóvenes y su hijo de once meses ejecutado ayer.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo rechaza por lamentables y escandalosas las explicaciones ofrecidas ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre el desahucio de la pareja y su hijo de 11 de meses, ejecutado finalmente a primera hora de la mañana de ayer. Resulta completamente inadmisible e impropio de uno de los poderes del Estado afirmar que esta familia, que cuenta como únicos ingresos los correspondientes al Salario Social Básico, 642 € mensuales, “no puede ser considerada como vulnerable por razón económica”.

De acuerdo con el Informe sobre el Estado de la Pobreza de 2018 elaborado por la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, presentado recientemente en la Junta General del Principado y elaborado sobre los datos del Instituto Nacional de Estadística, el umbral de riesgo de pobreza en Asturias está situado en el 60% de la renta media ponderada, esto es, 785 € mensuales, y el umbral de la pobreza severa, en el 30% de dicha cantidad, es decir, 355 €. Pues bien, la renta de la familia expulsada ayer de su vivienda, ponderada en función de sus miembros, resulta ser de 356 € mensuales; de lo que se deduce que no sólo se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, sino en el borde mismo de la pobreza severa, y aun cobrando el salario social básico.

En esta situación, más inaceptable aún resulta el reproche del Tribunal de haber percibido una ayuda de garantía energética de 123 € y “una cantidad considerable” en concepto de atrasos del salario social, a los que la familia tenía derecho debido al retraso de diez meses en su concesión acumulado por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales (se solicitó en febrero de 2018 y se empezó a percibir en diciembre), y que en todo caso no pueden exceder el importe de tres mensualidades (1.925 €). Estas valoraciones demuestran sin género de dudas una alarmante conclusión: el TSJA ignora por completo la realidad social asturiana y la crisis habitacional que sufre un amplio sector de la población asturiana. Con poco más de 20 € al día, una familia de tres miembros es incapaz de satisfacer sus necesidades materiales básicas de alimentación, vivienda y vestido, y la actuación del Juzgado ejecutando su desahucio y la inhibición del Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias negándoles una alternativa habitacional adecuada no hace sino condenarles a la marginación y la exclusión social.

La ONU solicita la suspensión cautelar del desahucio de la familia de La Tenderina

La resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales resulta vinculante para el Juzgado, en virtud del Protocolo Facultativo de aplicación del Pacto Internacional, ratificado por el Estado Español.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha admitido la denuncia contra el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias formulada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo y, mediante un escrito recibido esta mañana, ha comunicado que ha solicitado al Estado Español, como firmante del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que suspenda el desahucio de la vivienda actualmente ocupada por la joven familia de La Tenderina previsto para mañana a las 10:30. El Comité DESC del Alto Comisionado adopta esta decisión para evitar «daños irreparables a la familia», y el desalojo ha de quedar suspendido de forma cautelar mientras se examina la denuncia o, alternativamente, se les otorga una vivienda adecuada a sus necesidades. En el marco del procedimiento de investigación, el Comité solicita asimismo a la PAH de Oviedo más información acerca de la inadecuación de la solución propuesta por el Ayuntamiento y el Principado, el alojamiento de la familia en el Albergue Cano Mata.

Mañana martes a las 09:00, la familia afectada con el apoyo de la PAH de Oviedo presentará en el Juzgado un escrito comunicando la medida cautelar decretada por el Comité DESC, y solicitando la suspensión del desahucio, previsto para hora y media después. El dictamen del Comité es vinculante para el Juzgado y todas las instituciones que componen el Estado Español, al haber suscrito nuestro país el Protocolo Facultativo para la aplicación del Pacto Internacional. En todo caso, por si el Juzgado no atendiera esta solicitud, la PAH de Oviedo mantiene la convocatoria en apoyo de la familia afectada mañana martes 8 de enero a las 09:00 en el Campo de los Patos.

Se abre ahora un procedimiento internacional en el que el Comité DESC solicitará información al Estado Español y abrirá un periodo de alegaciones, a resultas del cual adoptará una decisión final. El Comité ya acumula numerosos antecedentes de resoluciones condenatorias del Estado Español por vulneración del derecho humano a la vivienda. Durante el procedimiento abierto el Principado de Asturias, como titular de las competencias exclusivas en materia de vivienda, y en concreto la Consejera de Servicios y Derechos Sociales Pilar Varela tendrá la oportunidad de explicar si, como ha afirmado recientemente el Director General Fermín Bravo, el Gobierno de Asturias desiste definitivamente de incrementar el parque público de vivienda y su nueva política consiste en alojar a las familias en riesgo de exclusión social en albergues de transeúntes.

La Plataforma Antidesahucios de Oviedo denuncia al Ayuntamiento y al Principado ante la ONU por vulneración del derecho humano a la vivienda

La Consejería de Servicios Sociales y la Concejalía de Atención a las Personas siguen inhibiéndose de su responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional digna al desahucio de la pareja de La Tenderina y su bebé de 11 meses.

La familia formada por una joven pareja y su bebé de 11 meses no sabrá hasta hora y media antes si tendrán que desalojar forzosamente su vivienda de alquiler en el barrio de La Tenderina de Oviedo. A las nueve de la mañana del próximo martes 8 de enero el juez les ha convocado para comunicarles si finalmente atiende su solicitud de suspensión provisional del desahucio señalado para las diez y media, presentada in extremis ayer viernes, una vez que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo abandonó definitivamente cualquier esperanza de que el Principado de Asturias o el Ayuntamiento de Oviedo asumieran su responsabilidad a tiempo y les facilitaran la vivienda digna a que, en su situación, tienen derecho. El último esfuerzo vano, un mensaje de correo electrónico dirigido el 28 de diciembre al Director General de Vivienda, Fermín Bravo, que no obtuvo respuesta.

La solicitud urgente de suspensión provisional formulada al Juzgado se fundamenta en el reciente Dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas sobre España (Comunicación nº 5/2015). Esta resolución internacional, al amparo del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional DESC ratificado por nuestro país y por lo tanto vinculante para todas las instituciones del Estado, declara la vulneración del Derecho a la Vivienda por no impedir un desahucio sin alternativa habitacional en un caso de alquiler sobre vivienda particular en Madrid, y condena a España por este motivo. Se invoca también ante el Juzgado la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de2017, que establece la necesidad de practicar antes de cualquier desalojo un juicio de proporcionalidad, y llama la atención a los casos especialmente sangrantes de desahucios con presencia de niños, niñas o adolescentes, en los que la obligación de las administraciones competentes es aún mayor por efecto de la Convención de Derechos del Niño de 1989.

Asimismo, y ante el abandono y la pasividad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado y de la Concejalía de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Oviedo, que se cruzan de brazos, miran para otro lado ante el drama que encara esta joven familia y no ofrecen otra solución que alojarles temporalmente en un albergue, la PAH de Oviedo ha presentado una denuncia ante el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU con sede en Ginebra, por vulneración de su derecho a una vivienda digna contemplado en el artículo 11 del Pacto Internacional suscrito por el Estado Español y, por tanto, de obligado cumplimiento para todas sus instituciones. Mientras el Comité examina la denuncia, se le ha solicitado que requiera al Estado Español la suspensión del desahucio, o alternativamente se facilite a la familia el acceso a una vivienda en las condiciones mínimas de estabilidad y seguridad en la tenencia.

En la situación de crisis habitacional que estamos atravesando, con más de 80.000 viviendas vacías en Asturias -10 mil de ellas sin estrenar-, mientras que los desahucios por impago de alquiler se incrementan aceleradamente, la PAH Oviedo exige al Gobierno del Principado de Asturias que abandone su discurso triunfalista y autocomplaciente y aplique todos los recursos necesarios para incrementar el parque de viviendas de alquiler asequible hasta cubrir las necesidades, como es su obligación de acuerdo con los tratados internacionales.

Un albergue de transeúntes, solución de la Consejería de Servicios Sociales al desahucio de una pareja ovetense y su hijo de once meses

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo denuncia la degradación de la política de vivienda en Asturias, incapaz de ofrecer alternativas dignas a la acuciante crisis de los desahucios por impago de alquiler

Una joven pareja y su bebé de 11 meses se enfrentan al desahucio por impago del alquiler de la vivienda de la Avenida de Torrelavega de Oviedo en donde residen, señalado para el próximo martes 8 de enero. Con el apoyo de la PAH, obtuvieron in extremis un primer aplazamiento del desahucio previsto el 21 de noviembre; posteriormente el Juzgado solicitó informe a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo y, a la vista de su contenido, señaló el día 8 de enero para el desalojo forzoso de la familia de su vivienda.

El informe de los Servicios Sociales municipales reconoce explícitamente la situación de vulnerabilidad social de esta familia, que se encuentra en búsqueda activa de empleo, atiende regularmente el programa de intervención de la Unidad de Trabajo Social, y cuyos únicos ingresos son los 642 € mensuales correspondientes al Salario Social Básico. Al no disponer de una nómina y del resto de garantías exigidas, les resulta imposible acceder a otro piso en alquiler en el mercado libre; sin embargo la alternativa ofrecida por la UTS al desahucio es un alojamiento temporal en un apartamento del Albergue Cano Mata en Oviedo, opción por su precariedad de todo punto inadecuada e inaceptable, tanto para la familia como para la Plataforma Antidesahucios. El desalojo inminente y el riesgo de exclusión residencial al que se enfrentan configuran la situación como de emergencia social por lo que, amparándose en la normativa vigente han solicitado al Principado de Asturias acceder a un alquiler estable y proporcional a sus ingresos en una vivienda pública, hasta el momento sin respuesta.

Las gestiones realizadas por la PAH de Oviedo ante las administraciones responsables han resultado, hasta el momento, infructuosas. La Concejala de Atención a las Personas, Marisa Ponga, ni siquiera ha respondido a las llamadas; la Consejera de Servicios y Derechos Sociales Pilar Varela sigue ignorando la realidad de la crisis habitacional que atraviesa Asturias, la imposibilidad de los hogares en exclusión social para acceder a un alquiler libre, e insiste en enviar a esta pareja y su hijo de once meses al albergue. Subterfugios y evasivas que no esconden el verdadero problema: la inexistencia de un parque público con el tamaño suficiente para atender las necesidades de vivienda.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo denuncia esta nueva involución en la ya de por sí inoperante política de vivienda en Asturias, rechaza los remedios precarios y exige que el Gobierno del Principado y los ayuntamientos, de una vez por todas y en cumplimiento de su responsabilidad, asignen todos los recursos necesarios para poner a disposición de las familias en riesgo de exclusión más viviendas en alquiler asequible –incluyendo por ejemplo la intermediación entre propietarios e inquilinos-, y garantizar su derecho a disponer de un hogar donde poder desarrollar su proyecto de vida con las mínimas condiciones de seguridad y estabilidad.